Mientras que voces como AESTE y Lares ven la tendencia autonómica como una adaptación necesaria a la diversidad territorial y a la necesidad de sincronizar el incremento salarial con la financiación pública de las plazas, la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) lo percibe como una peligrosa estrategia política y sindical que amenaza la unidad de mercado y la movilidad laboral, generando fragmentación e inseguridad jurídica.
Parece que durante unos años se premiaba que, en el sector de la Dependencia, hubiese un convenio colectivo estatal "fuerte", con alguna excepción como el País Vasco. Pero en los últimos tiempos se están negociando convenios colectivos de nivel autonómico. Tenemos como ejemplo el aprobado la semana pasada en la Comunidad de Madrid.
Este movimiento hacia la descentralización de las condiciones laborales abre un debate en el sector de la atención a la dependencia y plantea algunas preguntas: ¿Por qué se produce este movimiento hacia convenios autonómicos? ¿Tiene sentido que vayamos en la dirección de los convenios autonómicos/provinciales? ¿Qué ventajas e inconvenientes se perciben en este cambio?
Algunas de las voces más representativas del sector ofrecen visiones diversas sobre esta tendencia que parece dejar "un poquito de lado el estatal", revirtiendo incluso la dinámica de hace dos décadas.
El impulso territorial frente al marco común
Desde la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), su secretaria general Josune Méndez de Cruz reconoce que esta tendencia es una realidad motivada por la evolución jurídica y la necesidad de ajuste territorial: "En los últimos tiempos estamos observando una tendencia creciente hacia la negociación de convenios colectivos de ámbito autonómico. Este movimiento responde principalmente a dos factores: por un lado, la propia evolución de la normativa laboral y la jurisprudencia existente, que otorgan cada vez mayor protagonismo a los convenios de ámbito territorial; y, por otro, la necesidad de adaptar la negociación a las realidades sociales y económicas específicas de cada territorio".
Subraya, además, que, aunque esta tendencia "introduce una mayor complejidad en la gestión de los convenios", es una dinámica a la que el sector debe adaptarse. No obstante, advierte de que el convenio estatal y el rol de las organizaciones de ámbito nacional "sigue siendo esencial", pues no todas las comunidades autónomas cuentan con uno propio y hay "materias que, por su naturaleza, deben ser reguladas desde el ámbito estatal".
Estrategia sindical y búsqueda de sincronía pública
Por su parte, el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández Cid, ofrece una visión más crítica sobre el origen del cambio, atribuyéndolo a una estrategia de las organizaciones sindicales. "Este movimiento responde, en gran medida, a un interés de los sindicatos por reforzar su posición en las negociaciones colectivas. Al fragmentar los convenios en niveles autonómicos o provinciales, los sindicatos encuentran más oportunidades para intervenir directamente en cada negociación y, en muchos casos, conseguir mejoras", explica Fernández Cid.
Según su análisis, esta dinámica crea una "escalada continua" donde siempre se busca que el convenio autonómico mejore al estatal, lo que complica la uniformidad y la estabilidad normativa.
Por su parte, Antonio Molina Schmid, secretario general del Grupo Social Lares, identifica una razón de peso ligada al carácter mayoritariamente público de los servicios. Apunta que la competencia de servicios sociales es autonómica y, por ello, "tiene sentido cuando tengo plazas públicas o dependo básicamente de las plazas públicas que el convenio sea autonómico".
Molina Schmid explica la lógica de esta sincronía: "como la ley de contrato del sector público obliga a que los contratos respeten el coste del convenio colectivo, si el convenio es autonómico se puede ir en paralelo al incremento de los precios públicos por las plazas públicas". Este ha sido el caso de la ayuda a domicilio, un servicio casi exclusivamente público que ya cuenta con una red de convenios autonómicos.
En esta línea, el presidente de la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE), Ignacio Gamboa, entiende que, "dada la organización territorial y competencial de nuestro país, tiene mucho sentido acercar la negociación colectiva a los territorios". Y los explica: "Esto nos permite adaptar los acuerdos a las necesidades y características propias de cada autonomía donde residen las competencias en materia de dependencia, adaptando tanto los salarios a los costes de vida de cada territorio y otros acuerdos de ámbito laboral, como pudiera ser la jornada, en función de la capacidad para prestar los servicios en cada zona".
"Un mayor conocimiento de la zona genera mejores acuerdos, a pesar de que, sin duda, requiere de una mayor voluntad y esfuerzo para abordar un mayor número de negociaciones", apunta el responsable de ASADE, que, sin embargo, añade: "El convenio marco estatal es imprescindible para recoger unas materias y elementos mínimos que nos sirvan como estructura básica a complementar desde los convenios de ámbito inferior".
Inconvenientes: complejidad, inseguridad y el problema de la plaza privada
En cuanto a los inconvenientes, las tres fuentes coinciden en señalar la complejidad de gestión y la inseguridad jurídica que genera la multiplicación de convenios. Así, Ignacio Fernández Cid es tajante: "Desde el punto de vista empresarial, avanzar hacia convenios autonómicos o provinciales no tiene demasiado sentido. Supone introducir un grado mayor de complejidad en la gestión, sobre todo para aquellas empresas que operan en varias comunidades autónomas y que se encuentran con normativas laborales diferentes según el territorio".
Para FED, la alternativa más "razonable" sería un convenio marco estatal que solo permita diferencias en "aspectos como las tablas salariales en función del coste de vida de cada comunidad autónoma".
Antonio Molina Schmid, aunque defiende la lógica del convenio autonómico para las plazas públicas, advierte de un "problema muy importante" en el sector privado que opera en la misma comunidad: "El problema importante es que si tú, en una comunidad autónoma, haces depender lo que el sector negocia con la Administración pública de incremento de precios, pues eso soluciona el problema para las plazas públicas. Pero en las plazas privadas se genera un problema muy importante porque si sube, por ejemplo, el 25% los salarios del convenio porque han subido un 25% los precios públicos, ¿qué ocurre con las plazas privadas?"
El secretario general de Lares insiste en que, para evitar que el incremento de costes laborales se traslade íntegramente a las familias con menor capacidad adquisitiva que pagan plazas privadas, es crucial que las administraciones asuman el incremento del gasto laboral "incrementando la financiación de las entidades sin ánimo de lucro que tienen plazas privadas que no son plazas públicas".
Impacto en el sector y riesgo de fragmentación
Al analizar si el giro hacia los convenios autonómicos es beneficioso, las posturas de los agentes del sector difieren. Mientras que FED ve un perjuicio generalizado, Lares lo considera una vía para mejorar salarios, siempre y cuando se ajuste la financiación pública. El presidente de la Federación Empresarial, Ignacio Fernández Cid, es contundente al asegurar que la proliferación de convenios "no beneficia a ninguno de los actores principales".
"Para las empresas supone una carga de gestión, incertidumbre jurídica y mayores costes administrativos. Para los trabajadores no garantiza mejoras reales, sino diferencias territoriales que acaban creando desigualdades y limitando sus oportunidades de movilidad laboral. Y para las administraciones públicas genera una fragmentación normativa", afirma Fernández Cid.
El representante de FED advierte que el riesgo de fragmentación es "uno de los más graves", ya que considera que esta ruptura no responde a una lógica de mejora de la atención, sino a una "lógica ideológica y de poder".
Por su parte, Antonio Molina Schmid, desde Lares, se centra en la ventaja salarial: "Si se hace bien, es una forma con la que se pueden ir incrementando los salarios en el sector. Eso es bueno. Si sube mucho, es bueno, porque suben los salarios de los trabajadores".
Sin embargo, insiste en la necesidad de ajustar el incremento salarial a la realidad del sector privado: "El problema está en las plazas que no son públicas. Tú al residente o a su familia no le puedes subir el precio un 10% así de pronto porque no lo podrán subir". Lares no tiene una postura "ni a favor ni en contra", sino que ve esta evolución ligada al "problema de financiación y a las tasas públicas".
Desigualdad y movilidad laboral
Uno de los temores asociados a la dispersión de convenios es el agravamiento de las desigualdades territoriales en la atención. Josune Méndez de Cruz (AESTE) matiza que los convenios autonómicos no son la causa directa de esta disparidad. "Lo que realmente genera diferencias son las normativas y marcos regulatorios distintos que existen en cada comunidad autónoma, y es esa diversidad normativa la que influye en la negociación colectiva. En ningún caso el convenio, por sí mismo, determina la calidad de la atención prestada".
Respecto al impacto en la movilidad de los profesionales, las posturas se distancian. Méndez de Cruz no le otorga un efecto significativo a escala general, solo puntual en territorios colindantes, pero Fernández Cid es más pesimista: "El impacto en la movilidad laboral sería muy negativo. [...] Esto puede traducirse en una especie de 'encerramiento' territorial, donde los trabajadores se ven obligados a permanecer en su comunidad de origen por miedo a perder derechos o enfrentarse a condiciones muy diferentes en otra región".
Molina Schmid coincide en que las mejores condiciones salariales actúan como imán: "Las comunidades que mejores condiciones puedan ofrecer, dispondrán de más profesionales. [...] lógicamente atraerá más personal donde el salario sea mejor". Recuerda que esta desigualdad ya existe, citando el caso de la ayuda a domicilio, que lleva años fragmentada.
El papel futuro de los interlocutores estatales
Ante el posible escenario de que el convenio marco estatal pierda preponderancia, se plantea la duda sobre el rol de las grandes patronales y sindicatos nacionales. Ignacio Fernández Cid subraya que el nivel estatal sigue siendo "imprescindible en muchas materias" que deben ser reguladas de manera uniforme para garantizar la igualdad de derechos en todo el territorio.
"Su función es mantener un marco mínimo de referencia y evitar que la negociación se convierta en un mosaico incontrolable de convenios dispersos y contradictorios. Puede que su influencia se vea reducida en algunos ámbitos, pero siguen siendo actores fundamentales para mantener un cierto equilibrio y cohesión en el sistema de relaciones laborales en España", argumenta Fernández Cid.
Antonio Molina Schmid, por su parte, señala que esta coexistencia ya se da en el sector de la ayuda a domicilio, donde la patronal ASADE "está muy activa en la negociación estatal y hay convenios autonómicos en todas las 17 comunidades autónomas". Para Lares, no hay riesgo de que las patronales o los sindicatos estatales desaparezcan, ya que hay partes del convenio reservadas por ley al ámbito estatal.
¿Algo que ver con los fondos de formación o intereses políticos?
Finalmente, al indagar sobre si existen otros factores —más allá de la mera gestión laboral— que impulsen el giro hacia el ámbito autonómico, la opinión se divide entre la estrategia política y la necesidad de financiación.
Para Ignacio Fernández Cid, el problema no se relaciona con los fondos de formación, cuya normativa ha cambiado. El trasfondo, según el presidente de FED, se halla en las cuotas de poder sindical y los intereses políticos. "Desde un punto de vista político, este proceso favorece la consolidación de un modelo territorial fragmentado, que rompe la unidad de mercado en España y refuerza la idea de un Estado plurinacional. Para los sindicatos, supone también una manera de reforzar su presencia en diferentes comunidades, aunque a costa de debilitar la cohesión laboral del conjunto del país".
En definitiva, concluye que el movimiento hacia los convenios autonómicos es "más que un problema económico, [...] un problema de estrategia política y de poder sindical, cuyas consecuencias son negativas tanto para el mercado laboral como para los propios trabajadores".
Por su parte, Antonio Molina Schmid descarta el factor político como principal motor, reafirmando la tesis de la financiación pública como clave. "Yo creo que es como la ayuda a domicilio. Cuando el pagador es la Administración pública, interesa que el convenio sea autonómico, para poder enganchar convenio colectivo con precio público. Vamos, con el precio que paga la administración", explica Molina.
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