El anuncio de la denuncia del VIII Convenio de la Dependencia por parte de CCOO y UGT no es ninguna sorpresa. Tampoco lo son las reivindicaciones que han puesto sobre la mesa: subidas salariales justas, acabar con la precariedad laboral, desarrollar carreras profesionales dignas, mejorar la conciliación o garantizar la salud laboral de quienes trabajan con personas mayores.
Podría parecer, a simple vista, que estamos ante un conflicto clásico entre sindicatos y empresas. Pero la realidad es mucho más sencilla y, al mismo tiempo, preocupante: los objetivos de los sindicatos son exactamente los mismos que los de los empresarios.
Sí, lo he escrito bien: todos quieren lo mismo. Al margen del legítimo ánimo de lucro de las empresas, lo que buscan patronales y sindicatos coincide: un sector profesionalizado, con trabajadores y trabajadoras motivados, con contratos dignos y salarios adecuados, capaz de ofrecer atención de calidad a las personas mayores. Ambos bandos persiguen la sostenibilidad de los servicios, la estabilidad laboral y la reducción de la temporalidad y la parcialidad que tanto daño hacen a quienes dedican su vida a cuidar a otros.
Entonces, surge la pregunta inevitable: si todos quieren lo mismo, ¿por qué nada avanza? La respuesta es simple, aunque molesta: la financiación. ¡Maldito parné!
El sector de la dependencia no es una empresa cualquiera ni un servicio de mercado libre. Es un ámbito donde el interés público y social se mezcla con la actividad privada y donde la capacidad de pago de los usuarios es limitada. Sin el respaldo económico suficiente, sin recursos claros y previsibles, cualquier intento de mejorar salarios, condiciones laborales o ratios de atención choca contra un muro invisible, pero muy duro: el de los números que no cuadran.
¡Ay! ... es que, en el sector de la Dependencia, el 'maldito parné' sigue siendo, como en la copla de María de la O, el único culpable de que el cariño y el buen hacer de todos —sindicatos y patronales— no puedan casarse con la dignidad que merecen las personas mayores.
Y aquí llegamos al gran problema: las leyes y normas que regulan la dependencia suelen aprobarse sin una memoria económica que indique cómo hacer sostenible el sector. Se aprueba un derecho o una prestación y se deja caer la responsabilidad sobre la financiación futura, sin explicar de dónde saldrá el dinero. Se dictan obligaciones y estándares de calidad, se anuncian mejoras y planes de carrera profesional, pero nadie detalla cómo se van a cubrir esas necesidades de manera realista.
Y así llevamos años. Décadas, si se quiere ser preciso. La dependencia es un sector donde los discursos sobre calidad y dignidad conviven con la frustración de quienes, día a día, ven cómo las ideas se estrellan contra la falta de recursos. ¡Maldito parné!
Esta carencia de financiación tiene un efecto inmediato: los convenios, planes y proyectos quedan en papel mojado o se aplican parcialmente. Subidas salariales que no se acompañan de aportaciones públicas suficientes terminan por cargarse sobre los usuarios o las propias entidades, con el riesgo de hacer inviable la prestación. Ratios de personal que no se financian debidamente generan sobrecarga de trabajo y enfermedades musculoesqueléticas, además de riesgos psicosociales que nadie quiere asumir. Programas de formación y desarrollo profesional, tan necesarios, se quedan en planes teóricos.
El escenario actual es más que preocupante: sin Presupuestos Generales del Estado aprobados y sin la correspondiente asignación de recursos, los convenios y leyes se convierten en declaraciones de intenciones, no en instrumentos de cambio. El Estado, en su papel de cofinanciador, debe asumir la mitad del coste de la atención a personas mayores dependientes. Pero si los presupuestos no reflejan esa participación, los esfuerzos de empresas y sindicatos chocan con un límite insalvable: el dinero no está disponible.
Por eso, cuando los sindicatos presentan plataformas reivindicativas, están señalando un hecho estructural: el sector necesita financiación real, comprometida y sostenible. No se trata de enfrentamientos ni de intereses opuestos; se trata de hacer posible lo que todos saben que es necesario. Los objetivos son claros y compartidos: dignidad para los trabajadores, calidad para los usuarios y sostenibilidad para las entidades. La única pieza que falta en este puzzle es el respaldo económico que permita materializar esas metas.
Al final, todo se reduce a pedir dinero, al parné. Pedir financiación a las administraciones, especialmente a la estatal, que es quien debe garantizar que los servicios tengan un mínimo de estabilidad económica. Pedir que se cumpla la ley no solo en el papel, sino en la práctica. Pedir que se asignen recursos suficientes para que las mejoras anunciadas no queden en simples promesas. Mientras esto no suceda, seguiremos viendo denuncias, convenios caducos y planes estratégicos que se repiten sin avance real.
Los empresarios lo saben, los sindicatos lo saben, las familias lo saben. Todos quieren lo mismo. Pero, sin financiación, todos chocan con el mismo obstáculo. Y mientras el dinero no llegue, mientras el Estado no cumpla con su responsabilidad y no se aprueben presupuestos que contemplen la mitad del coste de la atención, seguirá siendo imposible transformar la dependencia en un sector estable, digno y sostenible.
Que nadie se equivoque: no estamos ante un conflicto ideológico. Estamos ante un problema de recursos, de cifras y de voluntad política. Sin ella, cualquier convenio, cualquier plan, cualquier norma es solo una ilusión. Por eso, este noveno convenio que se avecina no debería ser visto solo como un instrumento laboral, sino como un recordatorio constante: si queremos dignidad y calidad en la atención a las personas mayores, primero debemos garantizar que exista financiación suficiente para que los acuerdos sean realidad.
Javier Cámara es periodista, master en Gerontología Social y director de Dependencia.info
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