Las razones por las que la sociedad envejece son a estas alturas conocidas, analizadas y estudiadas por todos. Desde luego, es objeto de preocupación por los responsables de administrar y mantener lo que hemos venido llamando Estado de Bienestar. Presumimos de él, pero todavía, muchas veces, nos encontramos con situaciones que ruborizan al más exigente y que hacen especialmente difícil contemplar un atisbo de dignidad en esa forma de vivir.
A este respecto, en España, se ha avanzado mucho. Trabajamos duro para seguir avanzando, pero el modelo mediterráneo de Estado de Bienestar, comparado con otros como el nórdico o el continental, se caracteriza por presentar un proyecto social con un gasto de asistencia muy bajo y que, además, está basado de manera notable en las pensiones. Todo esto hace que nos encontremos con diferencias alarmantes en cuanto a la aplicación de derechos y lo que en unas comunidades autónomos es factible, en otras no lo es. Diferencia de clases que se nota en un acceso limitado y restringido a las prestaciones.
Ese es el problema principal, el dinero. Que todo ese conjunto de actuaciones con una finalidad social se gestionen a través de los Presupuestos del Estado es lo que hace que nunca sea suficiente. Tenemos subsidios de desempleo y pensiones; disponemos de un envidiable –siempre presumimos y nos quejamos de ello a la vez– sistema universal y gratuito de salud; disfrutamos de una educación pública que garantiza el acceso para todos; y, para terminar, esa cuarta pata del Estado de Bienestar en la que hemos querido incluir la vivienda, alimentación y otros servicios asistenciales, pero nunca es suficiente, siempre falta dinero.
No vamos a negar que la crisis económica, y los recortes derivados de ella, ha vuelto a poner el grito en el cielo de los que opinan que es indispensable garantizar las prestaciones sociales. Pero cuando alguien te cuenta que no puede irse de vacaciones ni un fin de semana porque trabaja por 750 euros para cuidar a su madre que está en silla de ruedas en casa, de forma inmediata te acuerdas de los responsables de administrar el erario y del reparto que hacen.
Habrá que recordarles que uno de los puntos más importantes a la hora de aplicar políticas sociales, sobre todo si está relacionadas con la discapacidad y la dependencia, es la cuantificación de la necesidad existente y su correspondiente demanda de apoyo insatisfecha. Por aportar algún dato, según la Encuesta de Integración Social y Salud, más de la mitad de las personas con 65 y más años con discapacidad declaraba no contar con la ayuda suficiente para desempeñar sus actividades cotidianas con normalidad. El porcentaje, parece lógico, crece con la edad.
Otra referencia es que la mayor parte de esta población coincide en que la demanda insatisfecha es tanto de carácter técnico (rampas o alarmas, por ejemplo) como de personal (cuidadores). Que este grado de insatisfacción varíe en función de la comunidad autónoma se debe, claramente, al tipo y variedades de apoyo a la dependencia que se oferten y al ritmo de implementación en cada región.
Si la dependencia genera mucha incertidumbre entre las personas mayores, resulta difícil entender que el servicio de atención al dependiente no llegue a quien lo necesita y que finalmente todo funcione a pedir de los índices de crecimiento económico y la creación de empleo. Y más todavía que, a día de hoy, sigamos sin tener una aplicación homogénea y consensuada por las distintas comunidades de las medidas de apoyo a la dependencia. No es poca cosa porque todo ello condiciona la disponibilidad de servicios para personas mayores, y no mayores, dependientes, alterando así sus expectativas vitales.
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