La reciente aprobación en Consejo de Ministros de la reforma de la Ley del Medicamento introduce una novedad de calado para lo que aquí tratamos habitualmente: las enfermeras y fisioterapeutas podrán indicar y prescribir ciertos fármacos. Aunque aún queda por ver cómo se articulará exactamente esta medida, ya que se da inicio ahora al trámite parlamentario y el texto aún puede ser modificado, el anuncio ya ha encendido las luces en muchos centros sociosanitarios.
¿Qué implica esto para las residencias y centros de día? ¿Supone un paso adelante o un riesgo innecesario?
Todo dependerá, como casi siempre, de los detalles. Si la medida se implementa como parte de un modelo en el que los distintos profesionales sanitarios actúan de forma coordinada, con protocolos bien definidos y sin invadir competencias ajenas, podría suponer un avance importante. Pero si se improvisa o se utiliza como atajo para tapar otras carencias, especialmente en el ámbito residencial, el resultado puede ser justo el contrario al esperado.
En el día a día de una residencia, las enfermeras son muchas veces el principal referente sanitario para las personas mayores. Conocen sus tratamientos, controlan la evolución de sus patologías crónicas, y son quienes dan la cara cuando surge una urgencia fuera del horario del médico. Si estas profesionales pudieran, con garantías y bajo determinadas condiciones, iniciar o ajustar un tratamiento sin tener que esperar la firma del facultativo, se ganaría tiempo, eficacia y, en muchos casos, se evitarían complicaciones innecesarias.
Lo que parece claro es que la posibilidad de que una enfermera pueda recetar un analgésico o un antiinflamatorio en un momento clave puede traducirse en una mejora directa del bienestar de una persona mayor. Indudablemente, también en una reducción de traslados innecesarios al hospital o al centro de salud, con todo lo que eso implica para un residente frágil. Y no menos importante: puede ayudar a descomprimir un sistema sanitario que, como bien sabemos, no siempre llega a tiempo.
Ahora bien, esto no es un cheque en blanco. Para que funcione, esta nueva atribución debe estar perfectamente regulada. Los límites deben estar perfectamente definidos. No puede haber ambigüedad sobre qué puede prescribirse, en qué circunstancias y con qué constancia escrita o documentación acreditativa. No se trata de convertir a las enfermeras en médicas por la puerta de atrás, sino de reconocer a todas estas profesionales un papel más activo en situaciones que no exigen diagnóstico clínico, pero sí una actuación inmediata.
El peligro está en que esta reforma se interprete como una excusa para descargar responsabilidades sin dotar de los medios necesarios. En el caso concreto de las residencias, la medida llega en un contexto preocupante: la falta estructural de enfermeras. Es bien sabido que el sector sociosanitario arrastra desde hace años un déficit alarmante de personal de enfermería, especialmente en los centros para personas mayores. Se estima que muchas residencias no alcanzan los ratios deseables, lo que implica una sobrecarga para las profesionales que sí están, con todo lo que ello supone para la calidad de los cuidados.
Si a esa situación le sumamos nuevas competencias sin reforzar las plantillas, sin dar formación específica o sin acceso directo a herramientas como la receta electrónica, se corre el riesgo de crear un escenario tan teórico como ineficaz. ¿De qué sirve autorizar una prescripción si luego hay que esperar que otro profesional la valide por una vía burocrática paralela? El resultado podría ser incluso más engorroso que el sistema actual.
Otro punto crítico: la interoperabilidad. Si los centros sociosanitarios no están plenamente integrados con el sistema público de salud en términos informáticos y administrativos, todo esto puede desembocar en un laberinto de autorizaciones, dobles registros y retrasos. Ya hay voces que alertan del posible nacimiento de un sistema dual en el que los interlocutores cambien según el tipo de diagnóstico o la vía de prescripción. Y eso, lejos de agilizar, puede añadir más carga a unos equipos ya desbordados.
Pese a todo, no hay que perder de vista el potencial transformador de esta reforma. Las enfermeras están sobradamente capacitadas para asumir mayor protagonismo en el cuidado de las personas mayores. En muchos países europeos ya lo hacen dentro de sus modelos organizativos.
En definitiva, permitir que las enfermeras prescriban determinados tratamientos puede suponer un gran paso adelante en la atención sociosanitaria... o un nuevo quebradero de cabeza si no se acompaña de medios, formación y una coordinación real con el sistema de salud. Las residencias no pueden seguir gestionando reformas desde la improvisación ni desde la buena voluntad de quienes ya hacen más de lo que les corresponde. Qué cada uno piense en quien quiera...
Lo que está en juego es el acceso rápido, seguro y eficiente a medicamentos para miles de personas mayores. Y también el reconocimiento profesional a quienes, desde hace años, sostienen el cuidado y la responsabilidad de que se haga con salud: las enfermeras.
Javier Cámara es periodista, master en Gerontología Social y director de Dependencia.info
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