Privatizaciones arrojadizas

A primera vista, la gestión de los servicios públicos debería responder a una lógica ideológica previsible. Desde una perspectiva conservadora o liberal, cabría esperar que los partidos de esta tendencia defendieran la externalización o la gestión privada de ciertos servicios para maximizar la eficiencia y asegurar que la financiación pública llegase al mayor número de beneficiarios posible.

En cambio, los partidos socialdemócratas o de izquierda deberían sostener que la prestación de servicios públicos debería mantenerse en manos de la administración, independientemente del coste, pues la iniciativa privada y el ánimo de lucro no deberían jugar un papel en este campo.

Sin embargo, lo que ha sucedido recientemente en Galicia demuestra que la realidad es mucho más compleja y que, en nuestro sector, la batalla del relato parece haber sido ganada por la izquierda. Que un ayuntamiento socialista critique a la Xunta por haber optado por la gestión privada de una residencia construida con fondos de la Fundación Amancio Ortega es algo comprensible dentro del marco ideológico habitual.

Lo que resulta más sorprendente es ver al Partido Popular denunciando la supuesta “privatización” de una residencia llevada a cabo por un gobierno socialista cuando, en teoría, su visión del sector público debería incluir la posibilidad de colaboración con la iniciativa privada.

Esto nos lleva a una conclusión inevitable: nadie es totalmente coherente con los postulados de su propia ideología. Cuando los socialistas han gobernado comunidades autónomas, han recurrido a modelos de gestión que, en otros lugares o momentos, han criticado ferozmente como “privatizaciones”. Los conservadores no han tenido remilgos en acusar desde la oposición a los socialistas de "privatizadores de servicios públicos", un discurso que, cuando consiguen el gobierno, abandonan en favor de una gestión más pragmática, convirtiéndose entonces ellos en el blanco de las críticas.

No es nada nuevo. Llevamos años presenciándolo y, sin que nadie se lo proponga, quien sale perjudicado es el sector de atención a personas mayores dependientes, ya que cada vez que se habla de "privatización" o de "lo privado" como algo malo, se está desprestigiando la labor de unas empresas que están cumpliendo una función económica y social.

Y encima, es que el discurso tiene una parte de mentira, ya que se habla de "privatización" cuando se está manteniendo el carácter público del servicio y cuando, aunque se diga que se está "privatizando", la verdad es que este sector nunca fue público.

Recuerdo esta explicación que di hace tres años:

En definitiva, lo que presenciamos no es una discusión seria sobre la mejor forma de gestionar los servicios públicos, sino un juego de “privatizaciones arrojadizas”, donde la colaboración público-privada es aceptada o condenada dependiendo de si se está en el gobierno o en la oposición.

¿Y la coherencia?

Ni está ni se le espera.

Autor del texto Josep de Martí Vallés. Jurista y Gerontólogo. Fundador de Inforesidencias.

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