El Consejo de Ministros acaba de aprobar una nueva estrategia estatal de cuidados de larga duración que fomenta los cuidados a domicilio para personas mayores y dependientes como alternativa al modelo de las macroresidencias. Insiste en su modelo de desinstitucionalización, algo que no ha gustado a las patronales del sector, que han criticado, tanto la nueva estrategia de cuidados como la reforma de la Ley de Dependencia que se propone.
“Con esta nueva estrategia vamos a transitar hacia un nuevo ecosistema de apoyos que dé respuesta en el entorno cercano a las necesidades y preferencias de las personas que necesitan cuidados”, declaraba esta semana el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, para incidir a continuación en que se ofrecerán servicios más personalizados y de pequeña escala, en entornos comunitarios de proximidad, reforzando la asistencia a domicilio, la teleasistencia o los centros de día.
Pese a que unos días antes el Ministerio de Derechos Sociales anunciaba que ponía en marcha la Mesa de Diálogo Social en Autonomía Personal y Dependencia, desde el Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia (CEAPs), que representa a entidades que ofrecen servicios de todo tipo en el sector de la dependencia, se ha calificado de “inaceptable” que el Consejo de Ministros apruebe una Estrategia Estatal de Cuidados “sin ni siquiera haberse reunido ni escuchar al sector”.
Su pesidenta, Cinta Pascual, era muy clara: “No es entendible que el Gobierno dé luz verde a una estrategia sin contar con las aportaciones de la entidad más representativa del sector de los cuidados, con 180.000 trabajadores, más de 600.000 personas mayores y/o personas en situación de dependencia y sus miles de familiares”. Insistía la responsable de la patronal en que es “inadmisible” su aprobación de espaldas al sector cuando, además, “el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha hecho oídos sordos a las 10 ocasiones en las que CEAPs ha requerido mantener un encuentro con él... Seguimos a la espera de que se digne, al menos, a poner una fecha a esa reunión formal”.
En este sentido, otra patronal, AESTE, reiteraba también su demanda para que se tenga más en cuenta a las asociaciones empresariales en la toma de decisiones y en la definición de modelos relativos al sector. Desde las Patronales de la Dependencia ASADE y FED lamentaban del mismo modo que no se les ha hecho partícipes de esta nueva estrategia.
Proceso de desinstitucionalización
Desde Derechos Sociales se recalcaba que la reforma de la Ley de Dependencia se verá reforzada por la estrategia estatal de cuidados y de desinstitucionalización ya aprobada en el Consejo de Ministros. A lo que la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) expresaba su apoyo “absoluto” a estrategias que fomenten el cuidado de las personas mayores en sus domicilios, pero se insistía en que las residencias “seguirán siendo necesarias” para este colectivo y personas dependientes.
A juicio de AESTE, las estrategias y políticas sociales deben ofrecer unos servicios acordes con la elección que las personas mayores hagan en cada momento de su vida. Así, añadía su secretaria general, Josune Méndez, las personas mayores pueden disponer de los apoyos necesarios para poder permanecer en su propio entorno, y, llegado el momento, acceder a centros “altamente especializados” que podrán atender correctamente sus necesidades, cuando ya no sea posible continuar en el domicilio”.
Méndez recalcaba que las residencias “seguirán siendo necesarias para muchas personas mayores” y pedía que “se haga un uso responsable del discurso que acompaña a las residencias”.
Por su parte, FED y ASADE rechazan la “uberización” de los servicios a la dependencia que propone el Gobierno. Estas dos patronales de la Dependencia ASADE y FED, ante la voluntad del Gobierno de modificar la Ley de Dependencia para suprimir la excepcionalidad de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar, critican que el Gobierno destine unas subvenciones económicas ridículas para reducir las listas de espera buscando atajos, dejando en muchos casos los cuidados de los dependientes en manos de personas sin cualificación y apostando en contra de la profesionalización del sector.
Ignacio Gamboa, presidente de ASADE: “Es un atropello manifiesto a los derechos de nuestros dependientes, que además va en contra tanto del espíritu, como de la letra de la Ley. Ley que se nos ha vendido como 4º pilar del Estado de Bienestar y que quieren transformar en una subvención más, poniendo en peligro tanto la salud como el bienestar de las personas más frágiles de nuestra sociedad”.
Financiación europea
Recordaba el ministro en este sentido que el 90% de la ciudadanía española declara que quiere envejecer en su hogar y que “esto es algo que choca con un modelo de cuidados como el actual que continúa marcado por una tradición asistencialista y rígida”. Para ello, Bustinduy explicaba que esta estrategia tendrá una dotación económica inicial que supera los 1.300 millones de euros de los Fondos Estructurales de la Unión Europea.
AESTE aclaraba en este punto que “la estrategia debe contar con los recursos económicos adecuados para garantizar que el apoyo que reciban las personas en sus domicilios sean siempre de carácter profesional y no recaigan los cuidados, más si cabe, en el entorno familiar”.
“Favorecer o apostar por un modelo de cuidados profesionalizado que fomenta la permanencia de las personas en su entorno domiciliario, es compatible con apostar también por otro tipo de recursos que están ayudando a muchas familias de personas mayores dependientes. Abogamos por un ecosistema de cuidados que se adapte a las necesidades y preferencias de cada persona en cada momento”, ha apuntado.
Para Ignacio Fernández-Cid, presidente de FED: “La sociedad tiene que entender que esta modificación de la ley de Dependencia solo responde a la voluntad del Gobierno de maquillar la enorme e insoportable lista de espera (trescientas mil personas aproximadamente) que está provocando su mala gestión y escasa dotación económica que ha otorgado a la Ley".
Bustinduy matizaba que estos fondos se destinarán en su mayor parte a las Comunidades Autónomas, para que puedan implementar este cambio de modelo. Así mismo, una parte de los fondos se destinarán a financiar los proyectos pilotos que se han puesto en marcha por toda España, en el marco de esta estrategia.
A este respecto, desde el Proyecto AICP.COM, que lleva tres años trabajando tanto en residencias como en domicilios y entorno comunitario para lograr una transformación efectiva del modelo de cuidados, potenciando la desinstitucionalización, se ha celebrado que la aprobación de la nueva estrategia sitúe a la persona en el centro.
"Las personas mayores quieren vivir con el máximo de independencia, haciendo lo que les gusta, y sin sobrecargar a sus familias", señala Pilar Rodríguez, directora del Proyecto AICP.COM y presidenta de Fundación Pilares para la autonomía personal.
El cuidador informal
Pablo Bustinduy daba cifras en las que destacaba el notable volumen de personas que requiere de cuidados en nuestro país, se estima que es más del 10% de la población española, y subrayaba que la mayoría de estas personas, casi el 70%, son atendidas únicamente por algún integrante de la familia.
En base a esta realidad, el ministro ha remarcado que otra de las prioridades de esta nueva estrategia tiene el objetivo de mejorar también las condiciones laborales y salariales del personal que trabaja en cuidados a domicilio y en residencias, formado igualmente por mujeres en su mayoría, muchas de ellas migrantes.
Para FED y ASADE la Ley de la Dependencia se configura para atender la necesidad de las personas dependientes, un cuidado y atención multiprofesional en función de su grado de dependencia. "Con un cuidador informal no se puede garantizar, condenando así al dependiente en casi todos los casos a estar recluidos en sus domicilios sin atención profesionalizada, sin la formación adecuada de los cuidadores, sin ningún tipo de control sobre estos cuidados y sin verificación de su estado físico, mental y psicológico", comentan en un comunicado conjunto.
Y añaden: "Esta modificación es profundamente injusta con los cuidadores, sean los que sean, que con una dotación económica ridícula han de atender las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, a una persona altamente necesitada de cuidados y atención, y además careciendo de todo conocimiento, en la mayoría de los casos, de cuales deben ser estos cuidados".
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