Allá en los albores de los noventa del pasado siglo XX fui uno de aquellos afortunados a los que le tocó en suerte lidiar con los filósofos más preeminentes de la historia para aprobar “la selectividad”, lo que hoy viene a denominarse EVAU. Recuerdo perfectamente una de las máximas de Ludwig Wittgenstein: “Si de algo no podemos hablar entonces lo mejor es callarse”. Y es que el lenguaje, como codificación de significados de la realidad humana, intenta reflejar el sentido de nuestra vida. Así entendido, una palabra no solo es un conjunto de letras ordenadas y vocalizadas de determinado modo, sino que encierra un significado en sí misma. Por este motivo merece la pena reflexionar en torno al uso que en nuestro trabajo diario con las personas mayores hacemos de determinados términos. También el que hacen algunos políticos en torno a los derechos sociales.
Los que trabajamos desde hace ya algún tiempo en el ámbito de la atención geriátrica especializada a personas mayores, en cualquiera de sus ámbitos y niveles, hemos podido constatar como el término “institucionalización” ha sido siempre sinónimo de algo de lo que hay que huir, aquello que tenemos que evitar a toda costa. Y es que más que el hecho de institucionalizar a alguien, la máxima es que hay que hacer todo lo posible y necesario (no siempre coinciden) para que la persona permanezca en su entorno más próximo la mayor cantidad de tiempo.
La clave no era tanto mantener por mantener a una persona en su casa solo por ser su casa, sino siempre y cuando en esta pudiera resolver y cubrir todas sus necesidades funcionales y psicosociales, alcanzada cierta edad y determinado nivel de dependencia funcional. En muchos casos, la institucionalización es la solución menos mala, y en ciertas ocasiones la mejor, cuando la persona no puede ser atendida adecuadamente en el entorno comunitario. Llegados a este punto, quizás resulte relevante conocer la definición de institución.
Una que me parece especialmente reveladora es la que aporta el sociólogo Erwin Goffman, en su libro “Internados”, publicado hace unos cincuenta años, pero que no ha perdido su vigencia. Así, una institución podría definirse como una agrupación de personas, a corto, medio o largo plazo, que persiguen un mismo objetivo a través de diferentes mecanismos, y que se regulan por una serie de normas más o menos explícitas. En este sentido, una institución puede ser tanto una residencia de mayores, como una familia, e incluso una comunidad de vecinos, entre otras muchas.
En ese valiosísimo documento también se definía la “institución total” como aquel extremo y perverso institucional en el que las personas son obligadas a compartir el tiempo de descanso, de trabajo y de ocio, bajo un mismo techo, mediante una regulación normativa que perseguía exclusivamente el castigo mediante la “despersonalización del yo”, tal que las cárceles, orfanatos, internados, y asilos (que no residencias).
Precisamente esta reflexión fue objeto de mi tesis doctoral. Este es uno de los primeros errores garrafales de los redactores de la “Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad. Un proceso de institucionalización”, editado y promovido por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023. Sin pudor alguno parten en su argumentario de la semejanza entre institución, como concepto antropológico y social, e institución total. De esta manera demonizan, como punto de partida, a todas las instituciones residenciales que pretenden cuidar a personas mayores. Y es que, les guste a los del Ministerio o no, en ciertas condiciones la institucionalización es inevitable, y en determinados casos es incluso necesaria. Y es que solo el Estado es quien determina con sus políticas sociales cuando es inevitable o no.
Siguiendo en esta línea discursiva podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que una cosa es evitar la institucionalización, lo cual es un objetivo loable como medida del esfuerzo realizado por otros estamentos sociales y sanitarios en prevención; otra diferente es desinstitucionalizar, lo cual supone admitir que previamente se ha institucionalizado en residencias a personas mayores de manera inadecuada, lo cual, en el caso de las plazas públicas, se ha hecho bajo la promoción y amparo de los poderes y funcionarios públicos; y además, otra bien distinta es prevenir y eliminar la “totalidad”, en sentido goffmaniano, de ciertas instituciones, lo cual no solo es loable, sino que pensaba que esto ya estaba siendo objeto de persecución y monitorización por parte de los servicios de inspección de las consejerías de política social de este país desde hace años, lo cual no deja de tener su puntito de negligencia por parte de los servicios públicos.
Evitar la institucionalización, cuando se pueda, supone reforzar los servicios comunitarios, tanto sociales como sanitarios especializados. Recordemos que actualmente lo que permite mantener a una persona dependiente en su casa es una buena provisión de fondos, ya sea de carácter público o por cuenta del beneficiario; además, necesitamos un número suficiente y adecuado de dispositivos comunitarios, tanto sociales como comunitarios, lo cual requiere inversión; y por supuesto, necesitamos de un número adecuado de profesionales debidamente formados y cualificados, que también exige inversión.
Antes de imponer el dejar de usar determinados dispositivos sociales y sanitarios como son las residencias, el Ministerio debería haber aclarado como iba a proveer de fondos, crear y potenciar otros dispositivos y facilitar la provisión de profesionales para la mejora y desarrollo de servicios comunitarios de atención a personas mayores. Y todo ello sin dar una solución de Estado a la sangría financiera que actualmente padece el sector de residencias de personas mayores en nuestro país.
Siendo un poco puntillosos, este tipo de comportamientos y “estrategias por parte del Ministerio”, alejados de un consenso por la ausencia de reuniones con los verdaderos interlocutores, es decir, las asociaciones de residencias, nos obliga a argüir algunos malos pensamientos, a modo de rumiante paranoia, tal que la siguiente pregunta: ¿no querrá el Ministerio dejar a los mayores en sus casas, sin que nadie pueda conocer realmente lo que se hace con ellos, para evitar que al entrar en una residencia se visibilice el poco esfuerzo que hace el Estado en procurarles una atención adecuada? Seguro que exagero en el planteamiento.
Los pensantes que han creado la citada “Estrategia Estatal” no son conscientes de que, por ejemplo, hasta que no se adecuen las plantillas de enfermeras y médicos en la Atención Primaria de salud, así como de trabajadoras sociales, tanto cuantitativa como cualitativamente, no se podrá sobrecargar este nivel asistencial. Previsiblemente, esto pretenden hacerlo obligando a las enfermeras y médicos a atender en sus casas a más personas, cada vez más dependientes y con necesidades asistenciales crecientes, que exceden el nivel de Primaria para entrar en el de la Especializada (por este motivo se confunde las residencias con hospitales de cuidados medios).
Paralelamente, dejar de usar las instituciones residenciales en ciertos momentos y circunstancias de la trayectoria vital de la persona mayor, como puede ser la soledad no deseada, llevará a las residencias a personas dependientes con una altísima carga de atención sanitaria, lo que las desvirtuará en su sentido social primario, más todavía, convirtiéndolas en otra cosa distinta a un lugar donde vivir, casi seguro que un lugar donde exclusivamente se atiendan sus necesidades básicas. Y para hacer esto se debería igualmente elevar el gasto público en plazas residenciales, si no ya en número sí en servicios más especializados.
Y como lo que aparentemente se pretende veladamente es no seguir invirtiendo en plazas residenciales, las actuales residencias inevitablemente deberán ajustar sus servicios, y la calidad de los mismos, a lo que puedan asumir en relación a los costes, de manera que los servicios ofrecidos quedarán muy por debajo de lo que previsiblemente se espera de ellas. Esto es una vuelta al concepto asilar decimonónico, donde prioritaria y exclusivamente el objetivo era que nadie envejeciera y muriera tirado y abandonado en la calle, nada más.
Así entendido, y espero que lógicamente razonado, la estrategia de desinstitucionalización parece que no es más que una maniobra ministerial de una progresiva re-asilación. Nos debería preocupar que esto sea definido como un derecho social. Más bien recuerda aquellos ministerios de la distopía de Orwell, 1984, donde paradójicamente al ministerio de la Guerra se le denominaba ministerio de la Paz. Esto es lo que nos espera a nosotros, no lo olviden.
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