Entrevista al director general del IMSERSO, César Antón.
El director general del Imserso, César Antón, considera que “el impacto más claro de la Ley de Dependencia ha consistido en la mejora sustancial en la atención a las personas en situación de dependencia y en el aumento de su calidad de vida y la de sus familiares”. En una entrevista concedida a Inforesidencias, Antón valora que, “pasados diez años, es el momento de hacer un trabajo más profundo y ver de qué manera garantizamos conjuntamente la calidad de sus prestaciones y servicios”.
1.- La Ley de Dependencia cumple en 2016 diez años, ¿qué valoración haría de su desarrollo hasta el momento?
La Ley de Dependencia ha tenido graves problemas en su puesta en marcha y todavía afronta dificultades. Pero, en esta ocasión, creemos oportuno destacar que esta ley ha tenido y va a causar grandes logros en el bienestar de la sociedad española.
Es evidente que las personas en situación de dependencia están mejor atendidas hoy que en el año 2007. En gran parte por el trabajo del Gobierno del Partido Popular a partir de 2012. Y creemos que este hecho es muy importante y hay que resaltarlo.
El impacto más claro de la Ley 39/2006 ha consistido en la mejora substancial en la atención a las personas en situación de dependencia y en el aumento de su calidad de vida y la de sus familiares. Son personas y familias recibiendo prestaciones y servicios que antes no tenían. Ha contribuido a la regulación de los Servicios Sociales españoles y su profesionalización. De la misma manera ha posibilitado un avance substancial en los recursos y organización de la protección social en España y contribuido a la generación de empleo y riqueza nacional.
La Ley de Dependencia, uno de los pilares de una Sociedad del Bienestar, ha culminado su implantación en el mes de julio de 2015 con la incorporación de 304.000 dependientes moderados. Ahora, pasados diez años, es el momento de hacer un trabajo más profundo, localizar las fortalezas del sistema de dependencia y también sus debilidades, y ver de qué manera garantizamos conjuntamente la calidad de sus prestaciones y servicios, al igual que su financiación.
2.- ¿Qué "mejoras" se han introducido en el Sistema de la Dependencia durante estos cuatro años?
En la anterior legislatura, el Sistema de Atención de la Dependencia estaba colapsado y funcionaba de manera desordenada, desigual y poco transparente. 305.941 personas se encontraban en lista de espera, el carácter excepcional de las prestaciones económicas se había convertido en mayoritario, e incluso estaba pendiente de pago la deuda con la Seguridad Social por las cuotas de los cuidadores no profesionales. El Tribunal de Cuentas elaboró un Informe en el que detectó “numerosas deficiencias” que debían ser solucionadas.
Las mejoras en el Sistema de la Dependencia impulsadas por el actual Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, han configurado un sistema más justo y solidario que garantiza la calidad y la sostenibilidad de la Ley de Dependencia, mantiene los derechos, amplía el catálogo de servicios y prestaciones, da prioridad a los grandes dependientes e impulsa la creación de empleo.
Así mismo, se ha mejorado sustancialmente el Sistema de Información del SAAD, así como el baremo de valoración aprobado por el Gobierno anterior, simplificando y homogeneizando su funcionamiento y ha hecho que en la actualidad sea más eficaz y transparente.
Destacar que del total de beneficiarios con prestación a 31 de diciembre 2015, el 58,76%, esto es, 467.782, se han incorporado en esta legislatura y la lista de espera de los Grados II y III se ha reducido un 53,68% en el periodo. Indicar que a 30 de abril de 2016, hay 1.204.150 personas beneficiarias cuando la previsión de la Memoria Económica del proyecto de la Ley de Dependencia estimaba que fueran 1.373.248 en 2015, ciento cincuenta mil más.
El año 2016 inicia un nuevo tiempo en la Atención a la Dependencia. Completado el calendario progresivo de implantación de la Ley, los créditos del Imserso destinados al nivel mínimo de protección experimentan un notable crecimiento del 6,4% ascendiendo a un total de 1.252,2 millones de euros, lo que supone un aumento de 75,3 millones € respecto al ejercicio de 2015.
En el caso del conjunto de la financiación Estatal a la Dependencia, el total ha sido de 27.000 millones de euros desde 2007, de los cuales, 11.000 millones durante el período 2007-2011; frente a los 16.000 millones de euros durante el período 2012-2015.
Estos datos consolidan la prioridad de la Atención a la Dependencia y garantizan, sin exclusión, el derecho subjetivo de todas las personas valoradas como dependientes a la prestación que en cada caso le corresponda.
3.- De cara al futuro, ¿sigue considerando viable el mantenimiento de la Ley, sobre todo teniendo en cuenta el índice de envejecimiento en España?
Los ocho millones y medio de españoles mayores de 65 años, pronto uno de cada cinco españoles, son la generación que consolidó la democracia y que garantizó la cohesión social actual. Su autonomía, calidad de vida, derecho a vivir con un envejecimiento activo y saludable y su derecho a seguir participando en los distintos ámbitos de la sociedad son objetivos esenciales del Gobierno. Debemos poner en valor a las personas mayores que constituyen un activo impagable de nuestra sociedad.
Las proyecciones a largo plazo del INE nos indican que hay que comenzar a diferenciar envejecimiento de longevidad. En pocos años, las personas mayores en España se van a dividir en dos grupos con perfiles diferentes. Hasta los 75/80 años personas, en general, activas y saludables. A partir de esta edad las situaciones de dependencia grave crecen y la salud empeora.
Está claro que nos encaminamos hacia una sociedad más envejecida y con un número mayor de personas en situación de dependencia. Estos cambios que se producen no sólo en España, sino en la Unión Europea y los países desarrollados, se originan en las profundas transformaciones sociodemográficas que inciden, con fuerza, en el diseño de las políticas sociales.
Es importante resaltar que estos años el gasto social en los Presupuestos Generales del Estado ha ido en aumento durante esta legislatura, estando previsto un 53% en 2016. La OCDE ha publicado que España es uno de los países de la organización en los que más ha crecido el gasto social y estos hechos harán posible el mantenimiento de la Ley de Dependencia.
4.- ¿Cuál cree que debe ser el papel de las personas mayores en la sociedad?
La sociedad española ha cambiado mucho. En la actualidad tenemos una de las esperanzas de vida más altas de Europa, y el reto consiste en que esa esperanza de vida sea calidad de vida.
En este ámbito, los principales objetivos que se ha marcado el Gobierno estos últimos años han sido luchar contra la exclusión y garantizar la igualdad. Por estas razones, el Gobierno ha desarrollado, siguiendo directrices de la Unión Europea, el Marco de Actuación para las Personas Mayores, que ha sido ya aprobado por el Consejo de Ministros. Este Marco pretende, sobre todo, dar participación a las personas mayores en la sociedad española y con sus recomendaciones propiciar que tengan un envejecimiento activo.
El objetivo del documento, en cuya elaboración han participado más de cien entidades y ha sido aprobado por el Consejo Estatal de las Personas Mayores, consiste en que las personas mayores cuenten con unos derechos individuales y sociales más fuertes, para aumentar su bienestar, su autonomía y, al final, su calidad de vida.
Para el mantenimiento de los Servicios Sociales, de la atención a las personas en situación de dependencia es fundamental construir un marco político de colaboración y apartar estas cuestiones del enfrentamiento político y construir un marco de cooperación.
5.- ¿Qué otras medidas ha desarrollado este Gobierno para afianzar y garantizar la sostenibilidad de los Servicios Sociales?
España es un país solidario entre territorios, entre generaciones y como nación. Entre territorios a través del sistema de financiación. Entre generaciones, gracias a un sistema público de pensiones y sanitario. Y como nación, ya que con nuestros impuestos todos mantenemos una Sociedad del Bienestar, que incluye la atención a la dependencia, que es la base de nuestra cohesión social.
La responsabilidad solidaria ha sido la clave del éxito de España en su estrategia frente a la crisis y para garantizar la sostenibilidad de unos Servicios Sociales de calidad.
Repito, en 2016, las personas en situación de dependencia están atendidas en mayor número y mejor que en el año 2011, en gran parte por el trabajo del Gobierno del Partido Popular a partir de 2012. Y creemos que es un hecho a resaltar.
Pero también quiero destacar, como medidas clave adoptadas para garantizar la sostenibilidad y calidad de nuestros Servicios Sociales de nuestro Estado de Bienestar, la aprobación definitiva por el Pleno del Congreso de los Diputados, el pasado 1 de octubre de 2015, de la Ley del Tercer Sector y de la Ley de Voluntariado.
La Ley del Voluntariado consolida el papel del tejido asociativo en España y garantizará la labor de los más de seis millones de voluntarios y treinta mil entidades que realizan su trabajo desinteresado y solidario en España.
Además, la Ley del Tercer Sector contribuye a reforzar la capacidad del Tercer Sector como interlocutor de la Administración General del Estado; definir las medidas para la sostenibilidad de este ámbito; y configurar un nuevo marco jurídico que fortalezca el papel de las organizaciones sin ánimo de lucro como interlocutores del Estado en el diseño de las políticas sociales.
En esta sociedad española, democrática y socialmente responsable, ante la que nos encontramos las organizaciones solidarias del Tercer Sector deben tener cada vez un mayor protagonismo y proyección social. En este sentido, debemos trabajar por articular un espíritu cívico que centre la vida democrática de los españoles en el deber de ser solidarios.
6.- Los últimos datos del Sistema de Información de la Dependencia (SAAD) son del 30 de abril de 2016. ¿Qué valoración hace de los mismos?
Se pueden resumir en pocas palabras: más calidad en el servicio, más personas atendidas, más prestaciones de servicios profesionales y más empleo.
A fecha 30 de abril de 2016, hay 1.204.150 personas beneficiarias, la cifra más elevada desde el comienzo de la Ley de Dependencia. Del mismo modo, se ha alcanzado también otra cifra máxima de personas atendidas que se sitúa en 808.489.
Durante el mes de abril de 2016 han comenzado a recibir su prestación un total de 14.141 nuevas personas, de ellas 7.660 corresponden al Grado I (dependientes moderados).
Lógicamente, el análisis de las personas pendientes de recibir prestación no puede ser el mismo para Grados efectivos y consolidados, que para el Grado que se ha incorporado al Sistema el 1 de julio de 2015. Así, en Grados y niveles ya efectivos y consolidados antes del 1 de julio de 2015 hay que destacar que hay 164.342 personas menos que en 2011 pendientes de recibir prestación, lo que supone una reducción del 53,68%.
Y, transcurridos nueve meses desde la plena implantación e integración del Grado I, siguiendo la evolución de las personas dependientes cuyo derecho efectivo entró en vigor el 1 de julio de 2015, nos encontramos que ha disminuido en más de 60.000 personas. Hemos pasado de 314.570 personas sin prestación a 253.962.
Resaltar, igualmente, que casi dos de cada tres prestaciones de dependencia son servicios profesionales. Las prestaciones de servicios representan ya el 64,67% del total de prestaciones reconocidas, mientras que las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar suponen un 35,33%, lo que muestra una diferencia entre ambos de 29,34 puntos porcentuales. De este modo, las prestaciones de servicios profesionales se encuentran hoy más de 10 puntos porcentuales por encima del 54,6% que representaban en el año 2011.
En relación al empleo se ha producido un incremento de 4.994 afiliaciones de profesionales de Servicios Sociales respecto al mes anterior, marzo de 2016, lo que supone un aumento del 5,92%, frente al mismo mes del año anterior, abril de 2015, son 20.997 nuevas afiliaciones.
Desde abril de 2013 a la actualidad, se observa una evolución interanual al alza en el empleo, obteniéndose un incremento de 42.363 nuevas afiliaciones, el 12,71% de aumento.
En relación con las personas reconocidas como dependientes severos y grandes dependientes -los más necesitados de atención- a fecha 30 de abril de 2016 existe un total de 686.583 personas con prestación reconocida, lo que significa una cobertura del 84,30% del total de 814.413 personas de los Grados III y II, frente al 71,1% de 2011.
Creo que la valoración que podemos hacer de estos datos es positiva aunque aún queda mucho por hacer.
7.- ¿Dentro del SAAD qué importancia tienen los servicios residenciales?
Quisiera recordar que un gran logro de estos cuatro años de Gobierno ha sido la puesta en valor de los servicios profesionales. Hemos pasado a casi un 65% del total de prestaciones. Diez puntos más que en 2011. Y entre estos servicios profesionales se encuentra la prestación de atención residencial.
El SISAAD, a 30 de abril de 2016, indica que hay un total de 994.446 prestaciones. Destacan por su importancia cuantitativa y cualitativa las prestaciones profesionales siguientes: atención residencial (147.654 beneficiarios); ayuda a domicilio (152.599 beneficiarios); centros de día y de noche (82.925 beneficiarios) y la prestación económica vinculada al servicio con 81.045 beneficiarios.
Teniendo en cuenta que alrededor del 80% de las plazas residenciales son ocupadas por personas mayores y que, además, otro 75% de la prestación económica vinculada al servicio es para atención residencial a personas mayores, tenemos que el SAAD da cobertura residencial a unas 170.000 beneficiarios. De estas, una gran mayoría son personas de 80 años y más. Estos datos indican la importancia del SAAD para el sector de atención residencial.
Creemos que el incremento de la longevidad y la esperanza de vida es la causa principal de este gran número de beneficiarios de atención residencial. Suelen ser personas dependientes para los que, debido a su estado de salud, los servicios de atención domiciliaria resultan insuficientes.
Estos datos avalan claramente la necesidad de articular políticas de coordinación sociosanitaria, una de las prioridades del Ministerio esta legislatura.
8.- Por último, a finales de mayo el INE ha presentado la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2015 que señala que, en términos globales, la situación de las personas mayores en España es bastante positiva. ¿Qué opina?
Estamos de acuerdo con el INE en que las personas mayores españolas tienen, en general, un nivel de bienestar económico y social adecuado.
En concreto, el INE dice que la población española de 65 años y más, valorando la propiedad de la vivienda, presentó en la Encuesta de Condiciones de Vida de 2015 uno de los menores porcentajes de riesgo de pobreza, dentro de España y en comparación con los países de la Unión Europea, un 6,3%. En estos años de Gobierno del Partido Popular ha bajado del 7,5% (2011) al 6,3% que valorando la situación de crisis económica que ha atravesado España es un logro muy importante.
Igualmente, otro dato destacable de la Encuesta de Condiciones de Vida es que el 90% de la población mayor de 65 años tenía unas rentas intermedias o superiores respecto al conjunto de la población.
Creo que estos datos favorables son posibles gracias al esfuerzo de todos los españoles que contribuimos a tener un sólido sistema de pensiones, un eficaz sistema sanitario y un sistema de atención a la dependencia en proceso de consolidación.
Enlace de interés: Libro Cómo nos engañaron con la Ley de Dependencia
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