Balfagón: "La puesta en marcha del modelo sociosanitario apoyará la financiación de la Ley de Dependencia"

"El 1 de enero de 2017 se han cumplido diez años de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia. Este aniversario constituye una noticia muy positiva para la sociedad española.

La Ley 39/2006, del 14 de diciembre, estableció las condiciones básicas para garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia. Para tal finalidad era imprescindible la creación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que respondía, y responde, a la acción coordinada y de cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas.

En este sentido, las últimas estadísticas oficiales publicadas del SAAD, de noviembre de 2016, muestran que durante los últimos cinco años se han adoptado las medidas necesarias para configurar un sistema justo y solidario que garantice la calidad en la atención, la equidad y la sostenibilidad.

Si destacamos los datos con más impacto observamos que el número de personas beneficiarias con prestación ha alcanzado las 859.053 personas, la cifra más elevada hasta la fecha, superando en 120.466 las personas atendidas a finales de 2011, cuando eran 738.587 personas. De estas, un 54,49% tienen 80 años o más.

Igualmente, debemos señalar que las prestaciones que reciben los 859.053 beneficiarios superan el millón, en concreto, son ya 1.059.792 prestaciones, entre las que hay que destacar las alrededor de 225.000 de atención residencial, contando las prestaciones económicas vinculadas al servicio. El sector residencial español tiene así su pilar principal en el SAAD.

Y todo ello con unos servicios de más calidad. En la actualidad dos de cada tres prestaciones son de servicios profesionales. Lo que ha supuesto que, desde el año 2011, se haya producido un aumento de más de 44.000 nuevas afiliaciones de trabajadores a la Seguridad Social.

Estos datos muestran un Sistema de Dependencia fuerte, sostenible, en continuo crecimiento y mejora. Y todo ello, como es sobradamente conocido, en un contexto económico difícil y complicado, especialmente hasta el año 2014.

Como es sabido, la gestión de la dependencia es competencia de las Comunidades Autónomas. Es interesante comentar que el grado de cobertura presenta diferencias importantes. Mientras existen Comunidades con menos de solo un 10% de personas en espera de ser atendidas, en otras estos porcentajes se elevan sustancialmente. Estas últimas Comunidades deben realizar un esfuerzo destacado para que todas las personas en situación de dependencia se encuentren atendidas. Y en ese reto van a contar con el apoyo, también económico, de la Administración General del Estado.

La sostenibilidad del Sistema de Atención a la Dependencia reposa en gran medida en una financiación adecuada. Por ello, el Consejo de Ministros acordó a finales de 2016 un suplemento de más de 36 millones de euros en el presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad destinado a Dependencia, para atender el nivel mínimo de protección garantizado por el Estado. Es este un claro ejemplo de la voluntad del Gobierno de garantizar su financiación.

Desde nuestro punto de vista otro gran pilar para fortalecer la sostenibilidad del Sistema es el dialogo, la cooperación y la coordinación, en primer lugar, con las Comunidades Autónomas en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y de Dependencia. Pero también con el Tercer Sector y con las organizaciones representativas de las empresas privadas. Por parte del Gobierno de España existe la voluntad de alcanzar los acuerdos necesarios a tal fin.

Pero este aniversario no nos debe hacer olvidar los retos claves que tenemos por delante.

En este sentido, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha apostado, en su reciente comparecencia en el Congreso, por un nuevo modelo sociosanitario en toda España, con una puerta única de entrada compartida entre Sanidad y Servicios Sociales que sea capaz de ofrecer y prestar una atención centrada en la persona, gestionada por procesos y basada en la coordinación sociosanitaria.

La coordinación sociosanitaria es un factor estratégico para la mejora de los Servicios Sociales y también para la sostenibilidad del sistema sanitario. La atención sociosanitaria debe dar respuesta al desafío que supone afrontar las nuevas características sociodemográficas de nuestro país, por el aumento de esperanza de vida, la baja natalidad y la mayor diversidad de las familias.

La creación de una puerta de entrada única a los Servicios Sociales y a la Sanidad mejorará la calidad de la atención, reducirá de forma significativa las recaídas y los ingresos y ayudará a la continuidad de los cuidados maximizando la eficiencia.

Asimismo, la puesta en marcha del modelo sociosanitario apoyará la sostenibilidad del modelo de financiación de la Ley de Dependencia, ayudará a la prevención y a garantizar la calidad de sus servicios y prestaciones.

Además, la ministra ha propuesto la elaboración de la primera Estrategia Nacional de Personas Mayores para promover servicios que faciliten a nuestros mayores la autonomía personal en su domicilio y en su entorno social y familiar. Una Estrategia que deberá ser participada, consensuada y aprobada con el Consejo Estatal de Personas Mayores y que establecerá, entre otras importantes líneas estratégicas, las medidas para luchar contra los malos tratos a las personas mayores".

Carmen Balfagón, directora general del IMSERSO

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