Como ya llevamos tiempo denunciando, el desarrollo de la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia presenta graves desigualdades territoriales, algunas de las cuales ya mencionábamos en 2019 en el informe “El Caos de la Dependencia” que hicimos para CEAPs.
En estos tiempos electorales que corren, nos ha parecido oportuno hacer una estimación del porcentaje de personas mayores de cada comunidad que se beneficia de una plaza público-concertada, o de una ayuda económica para copagar una plaza residencial al amparo de la Ley de Dependencia.
Hemos cogido como referencia el dato del INE 2021 del número de personas mayores de 65 y de 80 años de cada comunidad y hemos extraído del IMSERSO aquellas que reciben atención residencial y las que destinan la prestación económica al pago de una plaza residencial. Como estos datos estadísticos no diferencian por edad y no sabemos cuántas de estas son mayores de 65 años, hemos aplicado el porcentaje de mayores de 65 años beneficiarios de la ley que la misma fuente estima a nivel estatal.
Como podéis ver en la gráfica, las diferencias son abismales. Las personas dependientes de las dos Castillas tienen más del doble de posibilidades de acceder a una plaza residencial “pública” que las que vivan en comunidades como Canarias, Galicia, Baleares, Andalucía, la comunidad Valenciana, Asturias, Murcia y casi Navarra.
Curiosamente, en este “pelotón de los torpes” nos encontramos con algunas de las comunidades que han aprobado el acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad del SAAD. Podría desprenderse de la lectura de estos datos que, en estas comunidades, va a haber unas "cojo-residencias" a las que muy poca gente podrá acceder.
Con el 2% de cobertura pública, los promotores y los fondos de inversión pueden llegar a la conclusión de que existe un déficit de más de 275.000 plazas para alcanzar la ratio del 5% de plazas para mayores de 65 años que dicen que dice la OCDE; por cierto, ni yo ni ninguno de los profesionales que enredamos con estos temas hemos sido capaces de encontrar este dato oficial en ningún sitio. Si alguien lo tiene que me lo pase por favor.
Ya siento defraudarles, no parece que exista, ni se prevé que vaya a existir en un futuro cercano (5 años), mucha más demanda pública. En cuanto a la demanda privada “solvente”, hay la que hay, y por cierto la vida media de las personas en las residencias es cada vez más corta; digo esto porque hay que tenerlo en cuenta a la hora de hablar de ratios.
Alguien dirá que en las comunidades que conforman la España vaciada la ratio de plazas privadas en muy superior al resto, pero no hay que obviar que lo es porque sus precios son mucho más bajos, en el entorno de los 1.400 euros mensuales. ¡Ojo con ponerse “divinos de la muerte” e incrementar requerimientos sin tenerles en cuenta! ¿Qué hacemos con toda la gente que vive en estas residencias? ¿Les vamos a subir el precio un 30-40% para adaptarnos a la ACP?
Estos datos debieran de servir para sacar los colores a responsables de lo público en las próximas elecciones en aquellas comunidades que están a la cola. También estaría bien que los defensores y defensoras del pueblo, estatal y autonómicos hicieran algo por paliar estas desigualdades, pero igual es pedirles mucho.
En fin, si no hablamos antes, acabad bien el 2022 y coger con ánimo el 2023.
Aitor Pérez Artetxe es socio director de Gerokon.
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