Recientemente informábamos de que Cantabria había sido la primera comunidad autónoma de España que garantizaría por ley que los precios concertados en el sector de la Dependencia se actualizarán conforme a los incrementos salariales que provengan de la negociación colectiva sectorial. Desde la Consejería de Empleo y Políticas Sociales se explicaba que la medida quiere beneficiar a más de 6.000 personas que trabajan en el sector en la región con una mejora de sus condiciones laborales, con lo que se busca también avanzar en la profesionalización del empleo en el ámbito de los cuidados.
Aunque la modificación de la Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo había sido aplaudida por patronales como FED, Lares y AESTE, para el Círculo Empresarial de Servicios de Atención a la Dependencia en Cantabria (CESADE), patronal que está integrada en CEAPs, se trata de una “medida cosmética” y “electoralista” porque, apuntan, con una subida del IPC del 6,5%, “la Administración no es la responsable del incremento salarial, ya que los salarios de los trabajadores suben porque está establecido ya en el Convenio”.
Así lo explica a Dependencia.info la presidenta de CESADE, Julia Gurruchaga, que añade: “El gobierno regional es conocedor de la infrafinanciación, no ha revisado los precios, que se han sufrido dos años de pandemia, que, además, ha subido el coste de todos los servicios (carburante, alimentación, suministros…) y sabe también que si suben los salarios del personal un 6,5% es para muchos centros inasumible”.
Matiza que “hay estructuras pequeñas, que es el modelo por el que Cantabria ha apostado porque es el modelo que se ha promovido desde esta misma Consejería, que no van a ser sostenibles si suben ese 6,5% que están obligados a subir”.
Gurruchaga critica que “publicitan diciendo que si las patronales acuerdan con los sindicatos este incremento, el Gobierno regional se va a hacer cargo y va a subir los precios de concierto”, pero subraya que hay que tener en cuenta que “hay distintas tipologías de centros a los que los costes afectan de forma diferente”. Y recuerda que por ejemplo, “en ayuda a domicilio, el gasto de personal supone un 90% del servicio”.
“Creo que esto es una cuestión de criterios y de diligencia de vida”, apunta Gurruchaga, que recuerda que otra de las cosas que denuncia CESADE es que “ya tienen una orden impugnada con una orden de precios también impugnada porque no tienen el respectivo estudio económico y con falta de criterios técnicos para establecer esas medidas”.
“Y encima lo publicitan como un esfuerzo que hacen ellos porque quieren contribuir a mejorar la precariedad laboral de los trabajadores. El salario va a subir porque está indexado al IPC”, se lamenta. “Lo preceptivo es -apunta- es “hacer un estudio económico teniendo en cuenta todos los conceptos de costes y los requisitos materiales y funcionales establecidos, actuar con diligencia e implantar medidas que realmente hagan el sistema sostenible”.
Y concluye: “No tener un sistema de revisión de precios conforme a la vida conduce a la absoluta arbitrariedad porque entonces la Administración sube los precios cuando lo considera oportuno y no cuando el sistema lo necesita”.
Adjunto se puede comprobar la publicación del pasado jueves en el Boletín Oficial de Cantabria:
Si (
No(