Me pregunto si vamos a empezar a tomarnos en serio la dependencia en algún momento. El reto demográfico no espera. El sector es profundamente necesario y tiene que crecer, además de rápido, de forma sostenible. En su modelo mixto de colaboración público-privada genera retornos indiscutibles en términos económicos y sociales, y tiene una proyección meteórica en el ámbito del desarrollo, la innovación y el empleo.
Sin embargo, después de casi 16 años de “Ley de Dependencia”, el sistema adolece de falta de soluciones respecto a la coordinación socio-sanitaria, la gestión farmacéutica, la seguridad jurídica, la falta de personal o la infra financiación, entre otras, habiéndose puesto de relieve de forma cruda y salvaje con la crisis de la Covid-19.
Así las cosas, el escenario de los últimos tiempos ha sido ese en que trabajadores y entidades cargaban el peso de mantener el barco a flote mientras, no sólo no se les reconocía el esfuerzo y la determinación, sino que, además, les era atribuida la responsabilidad de todas las catástrofes en muchos espacios. Y tampoco esperábamos una recompensa, o una palmadita en la espalda, pero el desprecio a nuestro trabajo, sacrificio y dedicación se ha llevado a portadas de diarios, cabeceras de informativos e, incluso, a parlamentos autonómicos.
Con una normativa y una orden de precios impugnadas, la Consejería de Empleo y Política Social de Cantabria, que sólo sienta a la mesa a quienes no discrepan de su inconsistente modus operandi, introduce una modificación de la Ley de Cantabria de Derechos y Servicios Sociales que "pretende ser el instrumento jurídico que garantice la viabilidad económica de los servicios prestacionales dirigidos a hacer efectivo el deber del Gobierno de Cantabria de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia". Esta modificación está relacionada con la subida de un 6,5% del IPC de 2021, que implica un aumento salarial ligado a dicho índice en los convenios estatales del sector.
Pues bien, aún a la espera de que digan cuándo, cuánto, cómo y rezando para que llegue el momento en que expliquen, detalladamente, su “cuadrito de Excel”, asistimos a una campaña de comunicación que pretende trasladar un presunto compromiso de esa consejería con el sector y los trabajadores del mismo. Y muchos profesionales nos preguntamos: ¿acaso no es responsable la administración de la infra financiación que afecta directamente a la precariedad de los empleos?
Es complicado de entender que, con el nivel de producción normativa al que acostumbran, no se hayan establecido unos criterios de revisión de los precios basados en los costes de las plazas y que garanticen la calidad y la sostenibilidad de los centros y servicios de atención a la dependencia. Es arduo de concebir que las modificaciones de la Ley para ajustarse a las necesidades del mercado, se realicen de forma electoralista, apuntándose éxitos que distan mucho de ser suyos.
Los salarios que establece el Convenio Estatal de la Dependencia son objeto de un posible incremento del 6.5% en 2022 per se. Y sí, en Cantabria, aparentemente, la administración va a sufragar el aumento de costes que esto conlleva para el sector. Y no, no nos están haciendo una “gracieta”. Son conocedores de lo que cuesta una plaza en un centro residencial; no en vano, ostentan la gestión de unos cuantos con un presupuesto que multiplica por 3 el de la plaza concertada. Por tanto, mientras presumen de una modificación de la Ley con más luz y taquígrafos que sensatez, saben que muchos centros de Cantabria, en ese ámbito de la colaboración público-privada, no serían sostenibles sin esta subida.
Sin contar con los problemas endémicos del sector antes mencionados, la asfixia económica de los centros medianos y pequeños y el agravio comparativo al que se ven sometidos por la norma actual, implica que cualquier “subida” deba ser bien recibida. Sin embargo, la ausencia de una medida que establezca los criterios de aumento de precios, la periodicidad y una garantía de que las revisiones van a realizarse de forma que el sistema sea sostenible, da lugar a la arbitrariedad con la que modifican los términos económicos de la prestación de los servicios. Esto es, generalmente, buscando el momento y las palabras adecuadas para que les reporte un beneficio reputacional y generar una imagen de compromiso con las personas en situación de dependencia de Cantabria.
En definitiva, este subterfugio dista mucho de tender a la planificación racional de los recursos que necesita el sistema. Vende fenomenal, pero se aleja de un modelo de gestión que debería ser eficaz, mirar al futuro, objetivarse en las personas y proveer de seguridad a aquellos que necesitan los servicios, a quienes los prestan y a quienes los gestionan.
Más criterio y menos fotos.
Julia Gurruchaga Mateo es directora ejecutiva de Pro Maiorem Cantabria
y presidenta de CESADE (Círculo Empresarial de Servicios de Atención a la Dependencia en Cantabria)
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