El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha comparecido este martes en el Senado, ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, para dar cuenta de su gestión en 2020, un año marcado por la pandemia mundial de la COVID-19. Según ha asegurado, “la crisis del coronavirus ha provocado que “una parte muy significativa de la actividad de la Institución el año pasado haya estado, directa o indirectamente, relacionada con los efectos de la pandemia y las actividades para combatirla desarrolladas por las distintas administraciones”.
Fernández Marugán ha lamentado que durante esta crisis sanitaria hayan sido “especialmente duras las experiencias vividas por las personas mayores tanto en los centros residenciales, como en sus domicilios”.
La Institución lleva tiempo examinando cómo se presta la atención a los usuarios de las residencias y ha dado prioridad a los derechos de los mayores que viven en estos centros. Así, ha pedido en numerosas ocasiones que se refuercen sus servicios y que se revisen al alza las ratios mínimas de personal de atención directa para mejorar la calidad asistencial.
Según ha explicado el Defensor, las quejas recibidas al comienzo de la crisis sanitaria pusieron de manifiesto la dramática situación que se vivió en muchos geriátricos en los meses de marzo y abril, que solo disponían de medios muy básicos y exiguos para enfrentarse a la pandemia.
“A esta emergencia se llegó sin planes eficaces de contingencia, con plantillas muy ajustadas, y con infraestructuras y recursos materiales, en muchos casos insuficientes”, ha asegurado Fernández Marugán, que ha vuelto a advertir que es necesario abordar cuanto antes una revisión profunda del modelo residencial-geriátrico en su conjunto. Así, ha señalado la necesidad de que las comunidades autónomas cuenten con un sistema de monitorización de los centros, un sistema de alerta temprana y que cada residencia tenga un plan de contingencia.
El Defensor ha creído conveniente recordar en su informe que, según datos del CSIC, más del 70% de las plazas residenciales en España son de titularidad privada.
Por otra parte, la Institución triplicó el año pasado el número de expedientes gestionados en materia sanitaria, la gran mayoría de ellos relacionados con la crisis de la COVID-19. Fernández Marugán ha afirmado que la pandemia agudizó muchas de carencias que venía arrastrando el Sistema Nacional de Salud (SNS) y que su capacidad asistencial, conformada por los servicios de salud de las Comunidades Autónomas, llegó a verse superada en los peores momentos de la crisis sanitaria.
En su opinión, “no es posible continuar con una política sanitaria de ajuste presupuestario como la practicada durante los últimos años, con continuadas y persistentes reducciones del gasto”.
Por el contrario, cree que hay que “invertir más en la sanidad pública” y considera urgente reforzar los centros de atención primaria, con profesionales, medios técnicos y organizativos y la atención hospitalaria para solucionar problemas como las listas de espera y acabar con la precariedad, la temporalidad laboral y la escasez de personal, que “son el mayor problema para los trabajadores del SNS”.
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