¿Hacia un nuevo confinamiento?

Decía el genial escritor inglés G.K. Chesterton que “la mera persecución de la salud siempre conduce a algo poco saludable”. Me vino a la cabeza este pensamiento cuando en las últimas elecciones vascas y gallegas de antes del verano se limitó el derecho de sufragio activo de cientos de conciudadanos por estar en fase de aislamiento por el covid 19, o cuando nuevamente nos llegan noticias –y ocurre ya de hecho en residencias que conozco directamente– que hablan de un nuevo confinamiento o cierre de residencias a propósito de los rebrotes del temido coronavirus.

No soy ajeno a los duros tiempos que la sociedad en general, y las residencias de mayores en particular, han pasado durante los últimos meses. Tampoco me opongo sin más a que puedan adoptarse medidas de mayor rigor en las entradas y salidas de los centros. Sin embargo, y disculpen si digo una barbaridad, la solución no puede ser siempre limitar los derechos básicos de un colectivo, esta especie de “encarcelamiento” de los mayores. Por supuesto que hay que trabajar por encontrar soluciones que velen la salud de nuestros mayores y de los profesionales que los atienden, pero quizá estas no deban pasar necesariamente, y ya de primeras, por aislarles nuevamente de sus familias y de sus entornos sociales; e incluso de sus propios compañeros de residencia.

El confinamiento de los mayores supuso tres meses de aislamiento muchas veces en sus habitaciones, sin más contacto que el que recibían de unos cuidadores envueltos –en el mejor de los casos–con sus equipos de protección. Muchos mayores murieron sin la cercanía de sus seres queridos, y muchas familias han de pasar el dolor de la ausencia sin ese consuelo de la despedida última.

Muy atinadamente lo señalaba Don Antonio M. Maroto en estas mismas páginas al explicar cómo algunos derechos fundamentales habían sido dejados a un lado en este tiempo; y entre ellos la diferencia del alcance del confinamiento de la población en general frente a los usuarios de las residencias.

Antes incluso de poder hacer una valoración sobre las consecuencias y efectos en las personas mayores de esta dura medida –empeoramiento de la movilidad, eventuales patologías psiquiátricas, unido a una evidente soledad, temor o incomprensión ante una situación dada– casi con los primeros rebrotes vuelve a planear de inmediato la controvertida decisión del cierre. Y aquí es donde yo me pregunto si no estaremos causando efectos poco saludables con la buena intención de cuidar la salud.

Soy testigo del esfuerzo que los centros de mayores y las propias administraciones públicas están haciendo para prepararse frente a los posibles rebrotes: Planes de contingencia, dotación de EPIs de reserva, control exhaustivo de visitas y salidas, planes de higiene reforzada, mejora de la coordinación con los centros de salud. Además, existen estudios como el del Hospital Gregorio Marañón, en Madrid, sobre la inmunidad frente alCovid-19que tienen las personas que viven y trabajan en lasresidencias de mayoresmadrileñas, que ha desvelado que el 70% de los mayores y el 30% de los empleados tieneanticuerposcontra el virus. Es decir, su tasa de inmunidad es mucho más alta que la de la población en general. Con estos datos solo quiero ofrecer pistas que nos permitan evaluar si la medida de confinar a los mayores –y limitar gravemente muchos de sus derechos más básicos– está justificada con carácter general e indiscriminada.

La proporcionalidad en la toma de las decisiones, y el respeto y cuidado de los derechos fundamentales básicos es un principio de actuación administrativa. Tan solo pido que se actúe conforme al mismo, y se escuche antes de tomar estas decisiones a los agentes principales del sector: entidades, empresas, asociaciones y desde luego, a las propias personas mayores.

Jaime Fernández-Martos Montero, socio FML Abogados

Abogado especializado en el sector sociosanitario