¿Consideran las residencias denunciar a las administraciones por su gestión de la pandemia del coronavirus?

Mucho hemos escrito y publicado en Dependencia.info sobre lo que han sufrido y están sufriendo las residencias con la pandemia del coronavirus. A la orden tardía del cierre de los centros para evitar la propagación y contagio del virus, se suman la falta de medidas de seguridad, la prohibición inicial de comprar EPIs, la no derivación de residentes enfermos a los centros sanitarios, la no recogida de los fallecidos por la covid-19 o la aplicación de normativas e indicaciones generales desde las consejerías de Sanidad, en ocasiones, sin firma, fecha ni sello.

Unido todo esto a la imagen negativa que los medios de comunicación generalistas ofrecen habitualmente de las residencias, éstas se preparan para poder hacer frente a las posibles demandas o querellas que se puedan presentar e, incluso, se plantean en algún caso demandar a la propia Administración.

No es fácil, hay que demostrar con pruebas lo que se denuncie y, sobre todo, saber contra quién habría que actuar.

El presidente de la Federación Empresarial de Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid, a la pregunta de si están pensando denunciar a las administraciones, es directo: “Si, claro, lo estamos preparando”. Y añade: “Lo que estamos valorando es hasta qué ámbito nos vamos, por que hay muchas comunidades autónomas que no han puesto las cosas por escrito y recibimos, incluso, instrucciones que no vienen fechadas ni firmadas”.

Pone un ejemplo: “Tenemos órdenes sin firmar de la Administración según la cual si algún familiar le pide llevarse a su padre o su madre y tiene covid-19 en el centro, le tiene que decir al familiar que ‘no’. En ese momento necesito una orden por escrito, fechada y firmada para reenviarle al familiar la indicación de la Administración. Si no tengo una indicación sellada, el problema es que luego los familiares denuncian a la residencia”.

Desde el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs) se muestran prudentes y apuntan a Dependencia.info que “las patronales, tanto a nivel nacional como autonónomico, están estudiando jurídicamente la situación para saber qué repercusión va a tener en los centros la pandemia”.

Matizan que “no se están estudiando medidas legales concretas contra el Gobierno o contra las consejerías, sino más bien para responder a las denuncias de la Fiscalía”. Pero insisten en que “no se sabe lo que va a pasar” y lo que están haciendo son “informes jurídicos para prepararse por lo que pueda suceder”.

“Denunciar a las administraciones no es una medida urgente para CEAPs, ahora estamos en cómo hacemos la desescalada en las residencias”, indican.

No denunciar no significa estar contento

Del mismo modo, el secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), Jesús Cubero, apunta que por su parte, no: “No veo mucho sentido demandar a la Administración”.

Esto no quiere decir que estén contentos en esta patronal con la gestión del Gobierno: “Creo que eso es obvio. Estamos a la cabeza del mundo en número de contagios por millón de habitantes. Algo debemos de haber hecho mal. Nuestros gobernantes han ido haciendo chapuza tras chapuza en cuándo decretar el estado de alarma, en que primen los intereses políticos por encima de los intereses sanitarios, en las compras de EPIs que no servían, en las comisiones de expertos, en las comunicaciones de las decisiones antes de ser publicadas en el BOE, y así... hasta llegar al aislamiento del Gobierno respecto de todo el arco parlamentario”.

Cubero destaca que confía en la Justicia: “Para eso hay una Fiscalía, hay comisiones parlamentarias, hay asociaciones de jueces y hay partidos políticos...”. Recuerda que “hasta el momento todas las investigaciones abiertas en la actualidad por la Fiscalía se han ido cerrando porque hemos cumplido escrupulosamente las Órdenes emanadas del Mando Único”. “Otra cosa es -matiza el responsable de AESTE- que esas Órdenes no hayan sido pertinentes ni adecuadas a la gravedad de la situación, y ahí deberían ser los propios fiscales quienes elevaran la investigación sobre las residencias a nuestros gobernantes”.

Lares: "No nos lo planteamos"

Por su parte, el secretario general de Lares, Juan José García Ferrer, ha sido también muy claro al explicar que por su propia esencia y naturaleza, las entidades del Tercer Sector, las entidades sin ánimo de lucro, se definen como “entidades que están para apoyar a la Administración”.

“Desde esta perspectiva -señala-, una acción judicial generalizada a las administraciones choca con esa naturaleza, por lo tanto, no nos lo planteamos, pero otra cuestión es que ese mismo marco de cooperación entre administración y asociaciones del Tercer Sector se rompiera porque de manera efectiva nos señala con el dedo como responsables de algo”.

García Ferrer está convencido de que esto no va a pasar “por ese rol de cooperación permanente”, lo cual, subraya, no quiere decir que no sean “muy críticos con la forma en el que el conjunto de las administraciones están diseñando la forma de actuar”.

En cualquier caso, no es fácil aventurarse a una demanda o una querella porque aquí hay un juego de responsabilidades entre el Gobierno de España y las CCAA y, en clave estrictamente jurídica, en procedimientos penales hay que decir con nombres y apellidos los culpables. Esto exige un nivel de precisión que no hace fácil llevar a cabo un procedimiento penal.

Del mismo modo, el ámbito de la responsabilidad penal con las residencias tiene que ser en situaciones muy claras porque también es muy difícil probar una negligencia. Tienen que ser situaciones muy graves y muy llamativas. Aun así, se producen denuncias contra los centros residenciales.

¿Y si demandan a las residencias? ¿Se están preparando?

En este sentido, el propio responsable de Lares destaca que “para eso las entidades tienen su seguro de responsabilidad civil”. “Afortunadamente, la aseguradora que nosotros recomendamos a nuestros socios, que es UMAS, ha asumido que se pondrá a disposición de cualquier centro y tendrán ese marco de cobertura”, remarca.

Además, Lares dispone de un servicio de apoyo jurídico a los centros por si necesitan cualquier asesoramiento al respecto. “Ahora es cuando se ve realmente si lo más importante era el precio de las pólizas o la relación de su contenido o la confianza que te da la compañía”, comenta.

En este sentido, Cubero explica que cada uno de los grupos que conforman AESTE tiene su documentación en orden por si en algún momento lo pide la Fiscalía, como lo ha hecho cuando ha ido abriendo algunas diligencias en algunos centros: “De momento, lo que estamos haciendo es demostrar el cumplimiento de la normativa y de las órdenes que nos han dado”.

Del mismo modo, sobre que demanden a las residencias, Ignacio Fernández-Cid apunta que se han estado asesorando ya con algún despacho de nivel que lleva semanas estudiando todo esto y ya adelanta que “va a haber una lluvia de demandas”. Explica el presidente de la FED que “el estado de alarma impide que haya publicidad de abogados buscando estos casos de forma masiva, pero en cuanto termine, se va a liar gorda”.

En cualquier caso, para terminar, se pregunta cuántas de estas demandas podrían a prosperar. Lo tiene claro: “Muy pocas porque claramente es una causa de fuerza mayor en un estado de necesidad que afecta al mundo entero y en el que las residencias no han tenido los medios. Salvo algún centro que haya actuado con negligencia manifiesta, todo lo demás se va a sobreseer y lo que va a pasar al final es que dentro de ocho años habrá una responsabilidad patrimonial del Estado y las CCAA y habrá unas indemnizaciones. Es así de triste”.