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SEGARRA: LAS INVESTIGACIONES A LAS RESIDENCIAS SE SIGUEN "CASO POR CASO"

La Fiscalía apuesta por “multiplicar y diversificar los modelos residenciales”

jueves 04 de febrero de 2021, 03:37h
La fiscal de Sala Coordinadora de la Unidad de Personas con Discapacidad y Mayores, María José Segarra.
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La fiscal de Sala Coordinadora de la Unidad de Personas con Discapacidad y Mayores, María José Segarra. (Foto: Fiscal.es)

La Fiscalía General del Estado desgranaba recientemente su actividad en relación con la situación de las personas mayores en residencias y apuntaba algunos de los rasgos comunes que habían presentado los centros durante la pandemia, especialmente en la llamada primera ola.

Entre ellos, enumeraba debilidades preexistentes, como las de gobernanza, financiación, condiciones laborales y de formación del personal, falta de coordinación con la atención sanitaria primaria, limitaciones a nivel de infraestructura (habitaciones compartidas, carencia de espacios de aislamiento).

La Fiscal de Sala Coordinadora de la Unidad de Personas con Discapacidad y Mayores, María José Segarra, ha explicado a Dependencia.info que “la epidemia ha estresado el sistema de atención a los mayores” por lo que entiende que “poner ahora el foco en la atención a nuestros mayores es una obligación como país”.

Segarra apuesta por “multiplicar y diversificar los modelos residenciales”, además de ser partidaria de “pensar en nuevos modelos de atención y cuidados que respeten cada historia de vida”.

Sobre la denuncias presentadas a las residencias de personas mayores apunta que “las investigaciones prosiguen para determinar, caso por caso, si ha existido alguna negligencia con relevancia penal”.

La Fiscal de Sala Coordinadora de la Unidad de Personas con Discapacidad y Mayores entra en el detalle:

Todas las debilidades del modelo residencial que han enumerado desde la Fiscalía ya existían antes de la irrupción del coronavirus, excepto la coordinación con la atención sanitaria primaria y las derivaciones hospitalarias, que se han hecho siempre con normalidad (imagino que por eso dicen “preexistentes” en su valoración), ¿podemos decir que ha tenido que producirse una pandemia para que la sociedad en general y las administraciones en particular se hayan dado cuenta de estas carencias?

La epidemia del virus Covid-19 nos ha pasado factura en la salud sanitaria de todos los sectores de población. Se han visto interrumpidas intervenciones quirúrgicas, se han reducido enormemente las cifras de asistencias médicas, y lo más grave: el dramático incremento de mortalidad sufrido a partir del mes de marzo del año 2020 del que, bien directa o indirectamente, es responsable esta epidemia.

El especial impacto de la enfermedad en el sector de población a partir de los 65 años, el desconocimiento sobre su transmisión, prevención y tratamiento, hizo que los núcleos de vida en común, como son las residencias, fueran especialmente vulnerables al contagio. Todo ello pese al esfuerzo notable del personal, que ha seguido trabajando en las residencias en condiciones a menudo extremas y con una elevada exposición al contagio, no puesto suficientemente en valor.

En general podemos decir que la epidemia ha estresado el sistema de atención a los mayores, y puesto blanco sobre negro aquellas carencias preexistentes que, o bien pasaban desapercibidas, como son las derivadas de la ausencia de un diseño compatible con la prevención de brotes epidémicos, o bien no generaban disfunciones graves. En todo caso, poner ahora el foco en la atención a nuestros mayores es una obligación como país y debemos aprovechar la oportunidad para mejorar y prevenir nuestro sistema.

¿No cree que todas estas debilidades, al final, se solucionan con la financiación adecuada? ¿Quién debe poner más dinero para fortalecer las residencias?

La Fiscalía pone su experiencia a disposición de todas las administraciones para participar en los estudios que se emprendan, ya sea desde el gobierno central, ya sea desde las autonomías o gobiernos locales, para reflexionar sobre el diseño de la atención integral a nuestra población de mayor edad.

Evidentemente, soy consciente de la repercusión económica que esto supone. Implica la demanda de más recursos personales, mayor especialización o estabilidad en los puestos de trabajo para evitar la rotación de profesionales. Tampoco se pueden desconocer las limitaciones estructurales de las residencias con habitaciones compartidas que, además de afectar al derecho a la intimidad, dificultan los aislamientos en situaciones de epidemia, o los actuales diseños arquitectónicos que no están basados en la accesibilidad cognitiva.

Considero que se debe cuidar la fragilidad de las personas mayores y atender sus necesidades desde el máximo respeto a su dignidad. La perspectiva debe focalizarse en el individuo concreto, en el respeto de sus derechos, lo que exige también el fomento de un determinado perfil de personas cuidadoras solícitas, con formación, vocación y salario adecuados. De este modo se potencia un entorno estable, familiar y seguro.

¿Qué significa exactamente “fallos en la cogobernanza”?

En mi comparecencia en los medios hablaba de debilidades del sistema y no de fallos del mismo, pues es evidente que, dada la situación de absoluta excepcionalidad vivida, han surgido nuevas perspectivas que deben integrarse en nuestro sistema.

El modelo de residencia en España es un modelo fragmentado en su gestión. El control del mismo es difuso, como consecuencia de nuestra estructura territorial de competencias y al tener las entidades proveedoras naturaleza diferente (públicas, privadas, etc.). Así pues, es esencial afinar la función de regulación, seguimiento, supervisión e inspección de las residencias por las autoridades competentes, y asegurar ese giro necesario en el modelo que, de ser más asistencial, pase a estar más centrado en la persona.

¿Qué significa y a quién considera que corresponde "rediseñar el sistema de residencias"?

Creo que esto nos compete a todos como sociedad, y concierne tanto al sector público como al privado. Es evidente el envejecimiento demográfico de nuestro país, así como que se están produciendo cambios en el perfil de las personas que viven en entornos residenciales. La mayor esperanza de vida también incrementa el número de personas mayores con más comorbilidades y mayor fragilidad.

Considero que cualquier debate ha de partir de una mayor concienciación social sobre las personas mayores y la importancia de ese colectivo, sus necesidades, derechos y preferencias, así como sobre el carácter heterogéneo de este grupo social, que incluye: personas mayores autónomas, en situación de dependencia, y con discapacidad. Cada individuo tiene su particular contexto (social, económico, cultural), que lo hacen único.

Por ello, debe diseñarse una diversidad de recursos que puedan adaptarse a las distintas realidades y necesidades personales, que, además, son dinámicas. Esto pasa, por supuesto, por potenciar, en los casos en que sea posible, la atención integrada sanitaria y social en el propio domicilio, pero también por multiplicar y diversificar los modelos residenciales. De esta forma que se podrá cubrir las distintas necesidades que las personas van atravesando en la fase final de su vida. Deberíamos pensar en nuevos modelos de atención y cuidados que respeten cada historia de vida y fomenten una existencia satisfactoria como individuo en dicha comunidad.

Se necesita avanzar decididamente hacia la atención sanitaria y social integradas. La atención prestada en las residencias debe incrementar su componente sanitaria, vinculándose mejor los recursos residenciales con la atención primaria y comunitaria de salud, e invirtiendo en el soporte sanitario a las residencias, con personas formadas en geriatría en los puestos de decisión.

Ahora bien, me gustaría insistir en que todo lo que concierne a la salud en los centros residenciales y socio-sanitarios de personas mayores, aunque son algo prioritario, especialmente en tiempos de pandemia, no pueden eclipsar la atención de otros derechos de la persona: dignidad, intimidad, autonomía (cuando es posible), participación, etc., sino que han de convivir armónicamente. En definitiva, debe preservarse un enfoque basado en los derechos humanos de las personas mayores.

Muchas familias ven inhumano que se haya confinado a los mayores en sus habitaciones, que no se les pudiera visitar, pero se trataba de órdenes del Ministerio y de las Consejerías… ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de las residencias por obedecer las órdenes que han recibido de la administración?

Es indiscutible el grave impacto del confinamiento sobre los mayores (a nivel físicofuncional, de movilidad, nutricional, relacional, de sueño y psicológico), como también para sus familias, privadas de contacto durante la declaración del primer estado de alarma. Y no hablamos sólo, por supuesto, de las personas que viven en recursos residenciales. Es evidente que nuestros mayores, privados de abrazar y disfrutar de sus nietos, confinados en sus domicilios, esperando que les acercaran la bolsa con la compra, dejada por sus familiares o vecinos en el umbral de la casa para evitar el contagio, tendrán una huella psicológica y en su salud general después de la experiencia de la primavera pasada.

La cobertura legal en dichos momentos del primer estado de alarma es indiscutible. Con posterioridad y tras la disponibilidad y generalización de las pruebas diagnósticas, las administraciones autonómicas protocolizaron sistemas de información familiar y de visitas, diferenciando el régimen de éstas según existieran o no brotes de la enfermedad Covid-19 en las residencias. Algunas CCAA han reforzado la detección por medio de seguimiento y analíticas de las aguas residuales como indicadores de riesgo precoces y complementarios a la situación epidemiológica de su respectivo territorio; todo ello para evitar restricciones innecesarias de visitas. En general se ha optado por realizar cierres ‘quirúrgicos’ ante visitas externas, conforme a la situación de los centros y sólo cuando fuera inevitable, para buscar un equilibrio entre la salud de los residentes y la prevención del contagio.

Las resoluciones administrativas que regulan esta situación pueden ser impugnadas ante el orden contencioso-administrativo, pero mientras no sean revocadas por los tribunales, deben ser aplicadas por las direcciones de las residencias, adaptándolas a las situaciones concretas que presenten en cada momento y consultando con las administraciones competentes cuando tengan dudas sobre su aplicación.

Se están archivando denuncias contra las residencias por los fallecimientos de mayores y otros motivos… ¿Cree que alguna denuncia puede llegar a condena?

Aunque el análisis de los procedimientos e investigaciones penales en curso no corresponde a las competencias de la Unidad Coordinadora que dirijo, sí he recabado muy recientemente dichos datos para ofrecer con la mayor transparencia, la información del trabajo que se estaba realizando desde las Fiscalías.

En datos cerrados a 15 de enero de este año, se incoaron 441 diligencias de investigación en las diversas Fiscalías territoriales por distintos hechos, muchos de los cuales tienen que ver con los fallecimientos de personas en residencias de mayores que han podido carecer de la asistencia sanitaria adecuada. De ellas, 209 siguen en tramitación (47,39%), siendo objeto de investigación minuciosa e individualizada, caso por caso, por lo que no se debe teorizar ni avanzar un resultado final. Esto es algo que quiero remarcar, las investigaciones prosiguen para determinar, caso por caso, si ha existido alguna negligencia con relevancia penal.

Quiero además destacar, que de las Diligencias de investigación finalizadas (que son un 52%), en el 11,8% las Fiscalías han considerado que existían indicios de responsabilidad penal contra personas determinadas y han interpuesto la correspondiente denuncia o querella.

Otras causas de finalización de las Diligencias lo han sido, en el 10,48%, consecuencia de conocer que se encontraba ya en tramitación un procedimiento judicial por los mismos hechos; y el 10% por acumulación a otras diligencias de investigación de la Fiscalía.

El resto de las Diligencias archivadas son las que obedecen a entender que los hechos no revestían caracteres de delito y ello se ha producido en el 35,37% de la totalidad de Diligencias de investigación incoadas.

Es decir, hay mucho trabajo todavía por delante como para alcanzar conclusiones como la que sugiere la pregunta. Es tiempo de dejar trabajar a las Fiscalías y los Tribunales para obtener en cada caso una respuesta sobre lo que sucedió tras cada fallecimiento en que se tengan sospechas de que una persona no recibió la atención adecuada. Las familias precisan tener una respuesta y, caso por caso, van a obtenerla.

¿Cómo prepararse para posibles demandas de fiscalía? Temas como procedimientos penales e investigaciones de la fiscalía, qué hacer, cómo prepararse y mucho más lo puedes encontrar en el curso El segundo ataque de la pandemia: Demandas, querellas y Fiscalía ¿Cómo estar preparado?

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