La tercera sesión de trabajo de la Comisión especial de estudio para analizar los criterios que deben regir la reestructuración de la Red de Centros Asistenciales de Mayores de Aragón, así como las medidas y modificaciones legislativas y el estudio de viabilidad de las mismas, ha recogido esta semana nuevas propuestas procedentes de dos representantes del colectivo de mayores y un director de un medio de comunicación dedicado a las residencias con experiencia en su inspección autonómica.
En primer lugar, el promotor y director del portal Inforesidencias.com, Josep de Martí, ha comenzado mostrando su desacuerdo con la idea de que las residencias españolas “hayan fallado” ante la COVID-19 porque se han visto obligadas a afrontar una situación para la que “nunca habían sido pensadas ni financiadas” y, a su juicio, no lo han hecho peor que otros modelos europeos como Noruega, Canadá, Suecia u Holanda.
De Martí ha recomendado “pausa” para la adopción de cambios “a medio y largo plazo” en la línea de apostar por un modelo en el que la residencia se parezca al anterior domicilio del residente y no a “un híbrido entre hotel y hospital” como el actual para “combatir” las plagas de la soledad, el aburrimiento y el sentimiento de inutilidad.
El experto ha recomendado atender tanto al “reto demográfico”, que llevará dentro de poco a que más del treinta por ciento de la población aragonesa tenga más de sesenta y cinco años, y al ”económico”, porque, a su juicio, “las residencias necesitarán de más metros cuadrados”. Por ello ha pedido no desarrollar una normativa “que luego no podamos cumplir” y que no se cierren muchas residencias “porque luego encontrarán que las necesitamos”.
Por su parte, el presidente del Consejo Aragonés de las Personas Mayores (COAPEMA), Francisco Javier Iriarte, ha lamentado que se haya “infravalorado” el poder de contagio de la COVID-19, a la que las residencias dejaron la puerta “abierta de par en par”. Además, ha criticado la “falta de orientación pedagógica” del mensaje inicial de que el virus “sólo afectaba a las personas mayores”, algo que a su juicio ha provocado “gerontofobia” y rechazo a las residencias.
Por el contrario, ha alabado el plan de contingencia diseñado para las residencias. Además de solicitar más recursos y contribuir a que las personas permanezcan en sus viviendas el mayor tiempo posible si así lo desean, Iriarte ha propuesto una “humanización” de las residencias con información “inmediata” de las contingencias, el fomento de la “complicidad” con las familias y la eliminación de las contenciones físicas y químicas.
También ha solicitado una reducción de las ratios, la creación de “unidades de convivencia” y la compartimentación de los grandes centros. En cuanto al personal, ha abogado por exigir una “declaración jurada” de no haber sido sancionado y condenado por maltrato, así como una “formación específica”, también digital, además del refuerzo en el número de efectivos, incluido el personal sanitario sin pretender, eso sí, que las residencias sean “hospitales geriátricos”.
Por último, el órgano de estudio ha recibido la comparecencia de la responsable de la Comisión de Mayores de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), María Luisa García, quien ha exigido una gestión y control “públicos” de las residencias para acabar con las actuales ratios de personal, la falta de material, la baja calidad de la alimentación y la deficiente comunicación con el exterior que, en su opinión, han provocado las “progresivas externalizaciones y privatizaciones” del servicio y la “perversa” colaboración público-privada.
Así, García ha recordado la “premonitoria” queja elevada en enero por la FABZ al Justicia sobre la “laxitud” y el “incumplimiento” de las prescripciones para las empresas privadas. Entre las medidas concretas, la portavoz de la FABZ ha reivindicado una dotación “suficiente” para la Ley de la Dependencia, la mejora de la ratio de personal, en el que ha incluido profesionales de la medicina, la enfermería, la fisioterapia y logopedas. También ha llamado a comprobar la calidad de los servicios de limpieza, alimentación, lavandería, ocio y rehabilitación, así como asegurar “buenos tratos” de todos los trabajadores, eliminar las contenciones físicas y químicas, recuperar las hojas de reclamaciones oficiales y garantizar el derecho de participación de los residentes en la junta de gobierno.
Como en las anteriores reuniones, al término de cada una de las tres comparecencias, los representantes de cada uno de los grupos parlamentarios han formulado sus preguntas y reflexiones. Han participado la socialista Zamora, la popular Marián Orós, la diputada de Ciudadanos Loreto Camañes, la parlamentaria de Podemos EQUO Aragón, Erika Sanz, además de Carmen Martínez por CHA, David Arranz, en representación de Vox en Aragón, así como Jesús Guerrero (PAR) y el portavoz de IU, Álvaro Sanz.
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