Ahora que parece que las aguas vuelven poco a poco a la normalidad (a la nueva) con el control de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, llega el tiempo de una etapa postcovid, la de la política y los tribunales. Es el momento ahora de empezar a ver qué se hizo mal y quién e intentar esclarecer todo lo que ha sucedido en torno a los centros residenciales.
Lo primero que debemos saber es que, una vez acabe el estado de alarma, el 21 de junio, tenemos como normativa imperante el real decreto de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 que ya ha recibido el respaldo del Congreso y como primera providencia, los centros residenciales de personas mayores (también con discapacidad, de emergencia, acogida y pisos tutelados para víctimas de violencia de género) deben estar coordinados con los recursos sanitarios de las respectivas comunidades autónomas.
Establece en su artículo 10 (váyanse hasta la página 16 del pdf que se adjunta) que las administraciones competentes deberán asegurar que los titulares de los centros de servicios sociales de carácter residencial y de día velen "por que su normal actividad se desarrolle en condiciones que permitan en todo momento prevenir los riesgos de contagio". Añade que tendrán que contar con planes de contingencia para identificar de forma precoz el rebrote de posibles casos en residentes y trabajadores y, llegado el caso, activar los procedimientos de coordinación con el servicio de salud correspondiente.
Además tendrán que adoptar "las medidas organizativas, de prevención e higiene en relación con los trabajadores, usuarios y visitantes, adecuadas para prevenir los riesgos de contagio". Así, tienen que garantizar "la puesta a disposición de materiales de protección adecuados al riesgo". No se puede olvidar que toda esta información debe estar disponible "cuando lo requiera la autoridad de salud pública".
Hay que saber que este real decreto estará en vigor hasta la llegada de una vacuna, momento en el que el Gobierno dará por concluida la crisis sanitaria.
Cruce de acusaciones en Madrid
En este nuevo marco, poco concreto y del que se esperan ampliaciones para actuar en consecuencia, no pasa desapercibido el lamentable espectáculo que se está dando en la Comunidad de Madrid a cuenta de un protocolo interno "presuntamente" dirigido a los profesionales sanitarios de Atención Primaria del 23 de marzo, en el que la Consejería de Sanidad desaconsejaba el traslado a los hospitales de personas mayores de 80 años con estados graves de fragilidad y que se modificó posteriormente.
Esta supuesta discriminación por edad para el acceso a las UCI, similar al que algún protocolo médico en Cataluña también provocó alarma, y que se ha dicho que ha sucedido en otras CCAA, provocó un duro cruce de acusaciones entre distintos miembros del gobierno regional madrileño y el vicepresidente de Derechos Social, Pablo Iglesias, responsable último de lo que concierne a las residencias de personas mayores.
Sobre la mesa, más de 8.000 personas mayores de la Comunidad de Madrid han fallecido desde el inicio de la pandemia hace tres meses, el 75% de ellos por coronavirus. Para Iglesias "es un escándalo, si no es crimen". El grosor de las declaraciones, aunque políticas, atisba que muchos de los encuentros entre responsables de las administraciones puede acabar, precisamente, con eso, con la aclaración de responsabilidades en los tribunales.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), medita ya si emprender acciones legales contra Iglesias por sus declaraciones y el líder de Podemos le respondía que debería dimitir por la gestión que ha realizado en las residencias de mayores durante la pandemia. recordaba en este sentido que su "propio consejero" de Políticas Sociales en la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, de distinto partido, es de Ciudadanos, ha tachado esta actuación de "inmoral e ilegal".
No se puede olvidar que el Tribunal Supremo tiene ya registradas más de 40 demandas, denuncias y querellas a miembros del Gobierno, cargos políticos, por cómo se han hecho las cosas en este tiempo de crisis sanitaria. Si muchos dudamos de que puedan llegar a tener resultados concretos, lo que es prácticamente seguro es que, a menor escala, las demandas a empresas de gestión de residencias, así como a sus directores, se los verá en los tribunales por demandas de familiares o asociaciones de familiares.
Las residencias: "Ha sido un infierno"
En esta misma línea, escuchábamos a la presidenta de CEAPs, Cinta Pascual, explicar en sede parlamentaria lo que ha sucedido en las residencias en los últimos tres meses. Seguro que en el Congreso alguien aprendió algo y entendió gran parte de la verdad tras meses de informaciones tergiversadas sobre si una residencia es un servicio social o sanitario o con las aportaciones desafortunadas por parte de alguna ministra.
Efectivamente, en la subcomisión de Sanidad programada dentro de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica, Pascual recordó que "una residencia no es un hospital es un hogar", es un sitio donde a las personas hay que "cuidarlas y mimarlas" porque "la vulnerabilidad es muy grande".
Para explicar qué es lo que ha pasado, la presidenta de CEAPs fue clara: "Ha fallado el derecho a la sanidad universal". "Ha sido un infierno porque alguien decidió que no había camas de hospital para todo el mundo y esto no ha pasado en toda España, ha pasado donde ha habido colapso sanitario".
La SEGG: "no se ha negado la atención a nadie"
Y es aquí donde tomó la palabra el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Augusto García Navarro, que emitió un comunicado en el que dejaba claro que "no se ha negado la atención hospitalaria de alto nivel a ningún anciano vulnerable".
Ante las informaciones aparecidas en algunos medios en las que se criticaban los criterios de triaje y la posible "discriminación" de personas mayores en el tratamiento sanitario, recordaba: "Aún no tenemos tratamiento curativo para esta enfermedad, por lo que sólo podíamos dar tratamiento de soporte y esperar que el paciente venciera la enfermedad, o bien tratamiento paliativo para personas en fase de final de vida".
De esta forma, García Navarro daba la primera pista para encontrar al culpable: "No nos ha pasado nada diferente al resto del mundo occidental".
Diligencias civiles y penales en las residencias de personas mayores
Y en esta dinámica de mirar cada uno por su gestión y defender su parcela, entra la Fiscalía General del Estado, que es ya la canalización de este enfado contra la gestión de "alguien" al que se le intenta culpar de víctimas. Destaca que las investigaciones penales abiertas son denuncias interpuestas por partidos políticos, particulares y asociaciones.
Nos dice que en la última semana se han incoado un total de 11 nuevas diligencias de investigación (seis de ellas en la Fiscalía Provincial de Madrid), pero suma 186 diligencias abiertas en todo el país.
La Comunidad de Madrid encabeza la tabla con 88 diligencias, seguida de Cataluña (29), Castilla-La Mancha (20), Castilla y León (19) y Galicia (13). Y hay que destacar que Asturias, Canarias, Cantabria, Murcia, Navarra y País Vasco siguen no tienen investigaciones penales en curso.
La Fiscalía también ha impulsado cerca de 200 diligencias de índole civil en el marco del seguimiento de la situación de las residencias y centros de mayores distribuidos por el país.
Información pormenorizada a este respecto, PINCHANDO AQUÍ
Visto lo anterior, la pregunta es pertinente, ¿Qué quiere decir "estar investigado" por la Fiscalía?
¿Está el director de una residencia o de un grupo de residencias preparado para tanto 'papeleo' y burocracia?
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