ACAD Abocan al cierre de todas las residencias de menos de 35 camas

La propuesta que tenemos encima de la mesa de modificación de ratios implica de facto el cierre de todas las residencias de menos de 35 camas. No hay residencia de este tamaño que pueda soportar un incremento de coste de 50.000€ anuales. Estamos hablando de más de 300 residencias, más de 10.000 residentes y más de 7.000 empleadas.

La Generalitat de Catalunya ha iniciado una cruzada contra la pequeña residencia sin saber tanto ella como nosotros el motivo de la misma.

Una posible razón es el temor que tiene la administración a la ola de quejas que estamos viendo en las redes sociales y a la demanda que han recibido para publicar las residencias sancionadas en el periodo 2014-2018. Pero este motivo pierde su sentido cuando observamos que las quejas provienen de familiares de usuarios de grandes residencias.

Otro aspecto que destacar es la enorme contradicción de la administración: quieren apostar por la ACP, nos piden que nos fijemos en Europa, donde hay una tendencia hacia residencias más reducidas donde se priman las unidades de convivencia. Nos hablan de la importancia de un trato familiar y de proximidad y “nos echan una mano” creando normativas que obliga a cerrar al actor que mejor hace su trabajo.

Otro aspecto para meditar es qué harán las residencias para contrarrestar dicho sobrecoste (independientemente del tamaño de las mismas). Pues lo que nos dicen los responsables es claro: si hay que poner más dinero en el turno de noche tendremos que sacarlo del turno de día, si me sobraban hora de algún profesional tendremos que recortar. Esto será directamente una reducción en la calidad del servicio.

Con una medida de estas características el futuro del sector quedará en manos de grandes grupos y se cerraran las residencias familiares y de proximidad. Se hace inviable una residencia en el centro de Barcelona y de las capitales de provincia. Los residentes deberán abandonar su barrio y su entorno de proximidad.

Desde ACAD no entendemos cómo una medida de tales consecuencias se lanza sin consenso y sin una meditación profunda previa. Este tipo de medidas requieren de un profundo estudio económico, de impacto sobre los actores del sector, sobre los propios residentes y familiares y en tal caso debe ir acompañada de una partida presupuestaria adecuada. Es intolerable que la administración imponga medidas que conlleven incrementos importantes sin una correcta contraprestación y se entiende aún menos cuando venimos de un periodo de congelación de tarifas en el que el sector ha sido comprensivo y muy cooperativo.

Si hay un verdadero temor a que los residentes estén solos por la noche existen alternativas tecnológicas que se pueden implementar en un corto periodo de tiempo que dan clara cobertura a dicho temor, y no es necesario obligar al cierre de los centros.

Desde ACAD tenemos un doble mensaje para la administración: por un lado recibimos con decepción que no se haya contado con el sector para buscar la mejor solución a una inquietud, y por el otro estamos totalmente abiertos a colaborar, consensuar y trabajar conjuntamente para buscar soluciones.

Joan Gràcia Abian, president ACAD

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