¿Residencias de mayores sin enfermeras?

Escribo estas líneas mientras viajo hacia Santander donde me han invitado a participar en el Congreso de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica (SEEGG). Esta sociedad está siendo muy activa en el reconocimiento de la profesión de enfermería dentro del mundo de la atención a mayores tanto desde una perspectiva sanitaria como social. Hace poco ha elaborado y difundido un documento técnico sobre el papel de la enfermera y la Atención Centrada en la Persona y sigue adelante con varios frentes.

Lo que se muestra como verdaderamente paradójico es que mientras se reivindica un papel relevante de los profesionales de enfermería, lo que resulta cada vez más difícil para las residencias de mayores es encontrarlas en el mercado laboral.

Son muchas las noticias que ponen de manifiesto que faltan enfermeras en las residencias geriátricas. A veces esas noticias tienen el tono de denuncia, otras se trata de una mera constatación. Cualquiera que las lea puede pensar que el problema es que las residencias no quieren contratar enfermeras. Si vamos un poco más a fondo vemos que no es así.

No es un problema de las residencias, ni siquiera es algo español. En casi todos los países de nuestro entorno, a medida que se acerca a la jubilación la generación del baby boom, se empiezan a jubilar más enfermeras que las que salen de las facultades. Al mismo tiempo crece un sector, el geroasistencial, que se suma al sanitario como demandador de profesionales de la enfermería con un añadido, ese sí, español: los salarios y condiciones laborales del sector de las residencias son peores que los de la sanidad.

Sólo hace falta navegar un poco para entender que la preocupación por la falta de enfermería está pasando en países como Estados Unidos, Reino Unido (donde dicen que la falta de enfermeras causa muertes) o Francia (donde esperan que el número de profesionales crezca en un 50% en los próximos 20 años).

Si queremos resumir mucho el problema encontramos que el salario base de una enfermera en el convenio colectivo de Dependencia, que regula la mayor parte de residencias de tercera edad en España, es de 1.347,42 euros/mes; bastante inferior que lo que paga la sanidad pública pero también la privada.

Como la ley de oferta y demanda es bastante obstinada, una creciente demanda de enfermeras y una oferta que crece menos, ha hecho que los salarios reales hayan subido por encima de lo que establece el convenio de forma que en muchos lugares de España lo que ingresan las enfermeras en residencias supera bastante esos 1.348 euros.

Como el precio de convenio se pacta teniendo en cuenta los ingresos que tienen las residencias, tanto de sus clientes privados como públicos (las administraciones a través de conciertos), en principio, alejarse de los mismos resulta difícil si se quiere mantener la viabilidad. Aún así, e incluso pagando más, cada vez más residencias sufren para encontrar enfermeras y padecen pensando que llega el verano y deberían tener ya a las sustitutas.

Desde la profesión de enfermería se suele plantear que “una enfermera es una enfermera” y que debería existir un sueldo para esa profesional trabaje donde trabaje. Un planteamiento totalmente coherente pero difícilmente aplicable en un mundo con diferentes convenios colectivos.

Podemos añadir a esta situación, que no pocos enfermeros y enfermeras que acaban sus estudios en España eligen pasar un tiempo, o instalarse definitivamente, en otro país europeo. Algunos dicen que huyendo de las pobres condiciones que se les ofrecen aquí, otros que buscando mejorar el currículum, aprender nuevos idiomas o vivir una experiencia enriquecedora. Sea como sea, cada enfermera que se va es una que no se queda y que necesitaríamos.

Y ahora, ¿qué?

Podríamos potenciar la construcción de nuevas facultades de enfermería. Seguro que es bueno, pero empezaría a dar resultados dentro de unos cuantos años.

¿Podemos atraer a enfermeras de otros lugares del mundo? Se ha intentado y, de hecho, existe un nutrido grupo de profesionales de Latinoamérica. Lo que falta es, si se piensa que esa es la opción a seguir, una decisión política decidida. No es suficiente con que surja alguna iniciativa. Debería crearse una política de Estado que estableciese caminos claros para convalidar títulos y establecer vías rápidas de obtención de permisos de trabajo y residencia. Como todo, esta opción tendría su lado oscuro ya que se podría plantear si es ético atraer a profesionales preparados de países menos desarrollados privando a sus sistemas sanitarios y sociales de profesionales. También podríamos encontrarnos con resistencia por parte de las profesionales que han estudiado en España y que considerase la llegada de un considerable número de “nuevas enfermeras” como una merma en su capacidad de negociación o de presión como colectivo profesional. Incluso podría ponerse en duda el proceso de convalidación si resulta que algunos títulos obtenidos en otros países se demostrasen claramente insuficientes. Si se opta por ese camino, habría que afrontar esos y otros debates.

Por supuesto, queda otra opción más radical y peligrosa: crear nuevos perfiles profesionales que permitiesen trabajar con menos enfermeras en las residencias. Sí, digo que es peligroso porque aquí tenemos unas profesionales de enfermería muy preparadas y capaces, por lo que poner a otra persona menos formada a hacer sus funciones traería riesgos.

Aún así creo que hay que plantearlo y estudiarlo por un motivo: si lo pensamos con tiempo podemos explorar diferentes opciones; si sencillamente esperamos a que la catástrofe sea inminente, no tendremos más opción que elegir entre lo malo y lo menos malo.

Supongo que habría que abrir un debate entre administraciones, profesionales, prestadores y usuarios/pacientes teniendo todos en mente las premisas del problema y que, negarlo sólo puede suponer aplazar la toma de decisiones.