Enfermería y residencias. Soluciones ¡Ya!

Lo llevamos diciendo mucho tiempo. En 2017 escribí una tribuna titulada “¡Mi reino por una enfermera!” en el que trataba de reflejar las tribulaciones que tenían que enfrentar los responsables de residencias de personas mayores para cubrir una baja o el período de vacaciones de este perfil profesional. Desde entonces se ha hecho entre poco y nada para solucionar el problema. Cada vez que se habla del tema se dice que para solucionarlo necesitamos medidas de calado, algunas de las cuales podrían ser:

• Que se aumente el número de facultades de Enfermería y se aumenten las líneas en las existentes, lo que permitiría bajar la nota de acceso a las mismas.
• Que se modifique la legislación de convalidación de títulos universitarios agilizándola, lo que conllevaría establecer nuevos mecanismos y protocolos.
• Que se creen nuevos títulos que permitan descargar de algunas labores no asistenciales a las enfermeras (esta medida, muy polémica) y se establezca una red de centros formativos para que un número relevante de jóvenes obtengan ese título.
• Que se establezca un verdadero modelo de integración sociosanitaria que permita coordinar con protocolos y programas informáticos compartidos la labor de los profesionales de la sanidad pública con los de las residencias de forma que se pueda hacer “más con menos”.

Sólo he tomado algunas de las que he leído o escuchado proponer. Todas tienen algo en común: desde que alguien las plantee en serio hasta que empiecen a dar frutos pasarán tres, cuatro o cinco años. Requieren, antes que nada, pensar; después elaborar reglamentos y luego poner en marcha el proyecto, algo que, a su vez requiere dinero. Si hablamos de construir nuevas facultades, además, tendremos que esperar a que estas funcionen y empiecen a graduarse los estudiantes.

Todo es difícil y caro, pero lo que no se empieza, además es imposible.

Por eso creo que, ante la magnitud del problema, estaría muy bien presionar a nuestros gobernantes para que se den cuenta del problema y empiecen a actuar.

No hace falta ser muy avispado para ver que estamos hablando de proyectos que, en su mayor parte, trascienden el ciclo electoral. Vamos, que quien los ponga en marcha quizás no sea quien recoja los frutos políticos de su eventual éxito. Además, después de ver cómo se han elaborado y aprobado los “Criterios de Belarra”, me doy cuenta de que quien debería ponerse en el tema está más interesado en el malabarismo político y en la “medalla mediática” a corto plazo que en la verdadera viabilidad y sostenibilidad del sistema.

Quizás es por eso por lo que no se hace nada, o no se hace lo suficiente.

La consecuencia es que las residencias de personas mayores se siguen adentrando en la senda de la inseguridad jurídica. Cada vez más residencias incumplen la normativa o los requisitos de acreditación sin poder hacer nada por evitarlo. Disponer de tantas horas de enfermería como las que se exigen puede ser tan poco posible que incluso los servicios de inspección llegan a hacer “la vista gorda” cuando se puede demostrar que se han hecho esfuerzos como poner anuncios en diferentes bolsas de trabajo. El problema es que una cosa es que no te pongan una multa y otra tener que trabajar sistemáticamente incumpliendo la norma.

Por eso se debería empezar cambiando las normativas intentando empezar el proceso antes de que acabe el año.

Pero este no es un debate que se deba tener entre gestores públicos y de residencias únicamente. Hay que hacer participar a las enfermeras a través de sus organizaciones representativas y a los usuarios. Hay que hablar y debatir, pero al final, nuestros gobernantes han de tener la suficiente audacia como para tomar medidas que, ya sabemos, no gustarán a todos.

No sé si dentro de cinco años volveré a escribir otro texto como éste. De verdad, espero que no sea necesario.