La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España presentó la semana pasada con gran revuelo el XIX Dictamen del Observatorio de la Dependencia que, entre otros datos, destacaba que el año pasado más de 30.000 personas fallecieron en nuestro país sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia. Esto, según la asociación, supone una media de 80 personas al día.
El informe explica que durante 2018, aunque la mayoría de los parámetros de gestión, como el número de personas atendidas, la reducción de lista de espera, el incremento de solicitudes, las valoraciones, los servicios y prestaciones entregados, han mejorado, algo que parece indicar que el SAAD se reactiva, también destaca que la financiación actual mantiene los recortes de 2012 y el escenario que se abre es de alta incertidumbre y peligro de un nuevo frenazo al sistema.
Además, de la misma forma que en los últimos años, esta “mejora” se debe en gran medida a los servicios de menor coste dirigidos principalmente a los dependientes con Grado I y al esfuerzo financiero de familias y administraciones autonómicas.
Del mismo modo, subraya que la partida de 415 millones de euros prevista en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para este 2019 hubiera permitido atender a casi 70.000 personas más y se habrían generado 16.000 nuevos empleos directos.
Apunta, igualmente, una serie de aspectos:
El sistema atiende ya a más de un millón de personas
1.304.00 personas tienen reconocida su situación de dependencia al finalizar 2017, 39.000 más que un año antes. De ellas 1.054.000 personas están siendo atendidas, casi 100.000 más que el año anterior (+99.400).
Un tercio de estas personas son mujeres (65%). Casi tres de cada cuatro personas atendidas (72,2%) son mayores de 65 años, y más de la mitad (54,5%) tienen más de 80 años
250.000 personas sin atender
Al finalizar 2018, había 250.000 personas valoradas con algún grado de dependencia en lista de espera(19,2% del total). Aunque este limbo se redujo en 2018 en 60.000 personas, a este ritmo se tardarían más de tres años en atender la actual lista de espera.
Resulta lacerante que cuatro de cada diez personas desatendidas (40%) son dependientes con Grados II o III (Dependientes Severos y Grandes Dependientes); casi 100.000 personas. Resulta así que quienes más necesidades de atención tienen son quienes menos reducen la lista de espera, lo que evidencia que las Comunidades han optado por atender a aquellos que pueden reducir este limbo con menores costes para el Sistema (dependientes moderados), con servicios y prestaciones de menor coste. La prueba es el coste por dependiente se ha reducido un 20,8% desde el año 2009 (7.687€), a 2018 (6.087€)
247.114 empleos directos y un 40% de retornos directos
Hay 247.114 empleos directos vinculados al Sistema de Atención a la Dependencia, casi 29.000 más que el año anterior. El Sistema que muestra una sorprendente capacidad para generar empleo y para obtener retornos por cotizaciones e impuestos directos.
En 2018, la ratio de empleos directos por millón de gasto público es de 37,7; y la tasa de retorno es del 40%. Si se atendiera ya a las 250.000 personas en espera se generarían más de 56.000 nuevos empleos directos.
La Administración General del Estado solo aporta el 20% del gasto público
Un año más, el gasto público se distribuye incumpliendo lo previsto en la Ley (50%) debido al modelo de financiación y a las reducidas y recortadas cuantías del Nivel Mínimo. La Administración General del Estado aportó en 2018 el 20,3% del gasto público y las Comunidades Autónomas el 79,7% restante.
La disminución de la financiación a las Comunidades Autónomas desde julio de 2012 hasta diciembre de 2018 (reducción del nivel mínimo y supresión del nivel acordado), supone ya una cifra acumulada de 3.154 millones de euros de recorte.
Horizonte de incertidumbre y una gran oportunidad perdida
Contrariamente a toda lógica no se han recuperado derechos y se mantienen los recortes del año 2012. Existe un total consenso territorial (véase el informe de la Comisión de Análisis aprobado por el Consejo Territorial de Servicios Sociales) y político, por la práctica totalidad del arco parlamentario (todos los partidos a excepción del PP se sumaron al Pacto de Estado por la Dependencia), para –al menos- revertir los recortes.
Es cierto que no se han podido aprobar unos PGE 2019 que hubieran sido enormemente positivos (aunque no recuperasen la totalidad de lo recortado), pero hubiera sido fácil que prosperase un Decreto-ley perfectamente justificado por la urgente necesidad que representa la desatención de 250.000 personas. Se aprobaron veinticinco decretos-ley en ocho meses pero este no fue uno de ellos.
Ahora se abre un escenario que generará incertidumbres y un parón hasta el invierno (¿?) que pone en peligro de nuevo la recuperación del sistema.
Escala de valoración
Más allá de las calificaciones que este mapa refleja, constatamos que hay comunidades con atención plena, como Castilla y León y Ceuta y Melilla. Otras comunidades han progresado positivamente en los dos últimos años, como Aragón; Baleares; Castilla-La Mancha; Comunidad Valenciana; Extremadura; Galicia; Madrid y Murcia.
Hay comunidades en las que se aprecia cierto estancamiento que, en algunas de ellas, puede resultar preocupante.
La mejora en las Comunidades con menor desarrollo hace que se reduzcan las diferencias, pero siguen existiendo grandes desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión.Así mismo, las diferencias entre Comunidades siguen siendo muy elevadas, tanto en el al acceso, que en Castilla y León supone en 13,6% mientras que en Canarias solo el 5,4%.
Dos Comunidades, Andalucía y Cataluña, representan el 60% de la lista de desatención; este “Limbo” alcanzan al 32,6% de las personas con derecho reconocido en Cataluña, y sólo al 1,6% en Castilla y León; y mientras el coste medio por dependiente atendido es de 5.160 € año en Murcia, en Cantabria asciende a 7.697 €.
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