"Lo que tiene que asumir pueden estar entre 800 y 1.000 euros por encima de su pensión".
El Gobierno, ante las reivindicaciones estos días de miles de pensionistas, han propuesto un incremento sin concretar de las pensiones más bajas y de las de viudedad en función de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado 2018. Igualmente, ha anunciado una reducción en el IRPF a jubilados “de más edad”, atendiendo a la evidencia de que la avanzada edad vaya asociada a situaciones de dependencia.
Para la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, "sorprende esta propuesta de un Gobierno que, de manera sistemática, se niega a aportar financiación al Sistema de Atención a la Dependencia, en una actitud de insumisión ante una Ley que contempla estas situaciones". Y añade: "Saben muy bien que tres de cada cuatro personas que han sido valoradas como dependientes tienen más de 65 años, es decir, más de un millón de pensionistas".
La asociación recuerda que hay 310.000 personas en lo que llaman “Limbo de la Dependencia”, personas que, teniendo reconocida su situación de dependencia y el derecho a recibir las consiguientes atenciones, no las están recibiendo. Insiste en que hay más de 250.000 pensionistas en situaciones de dependencia que están si atender a expensas de sus propios ahorros o a cargo de sus familiares.
En una nota, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales apunta que "una plaza en residencia tiene un coste no inferior a los 1.200 euros en el mejor de los casos, y en muchas ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, es difícil encontrar por menos de 1.800 ó 2.000 euros. Teniendo en cuenta que más de la mitad de los pensionistas en España cobran menos de 1.000 euros, los costes que un jubilado en situación de dependencia tiene que asumir pueden estar entre 800 y 1.000 euros por encima de su pensión".
Apunta, del mismo modo, que "la desatención de más de 250.000 jubilados en situaciones de dependencia supone además que no se activan casi 80.000 empleos directos o, lo que es lo mismo, 80.000 cotizantes, una cifra nada despreciable para mantener el sistema de Seguridad Social y, por consiguiente, las propias pensiones presentes y futuras, a la que habría que añadir el empleo inducido por esas decenas de miles de nuevos trabajadores/as".
Por último, esta asociación crítica con la aplicación de la ley de Dependencia recuerda también que "uno de los efectos de los recortes del Gobierno de Rajoy en 2012 fue acabar con la financiación de la Seguridad Social de las cuidadoras familiares y no profesionales de los dependientes. 170.000 personas dejaron de ser cotizantes a la Seguridad Social. Ahora que tanto se habla de sostenibilidad del Sistema de las Pensiones y de su financiación, cumplir la Ley de la Dependencia supondría incorporar 80.000 nuevos empleos directos cotizantes a la Seguridad Sociales y recuperar 50.000 cotizantes, revirtiendo el recorte de julio de 2012, ahora que la economía, a juicio de los voceros gubernamentales, se ha recuperado".
Por todo ello, Directoras y Gerentes animan tanto a los pensionistas y a los colectivos defensores de la igualdad entre hombres y mujeres que incluyan en sus reivindicaciones la de exigir al Gobierno Central que cumpla sus compromisos de financiación de la Ley de la Dependencia (actualmente solo financia el 18%). Una forma efectiva de revalorizar su pensión cuando se enfrentan a estas situaciones. Primero cumplan la Ley, y luego hagan las ofertas electoralistas de reducción del IRPF que quieran para los pensionistas de más edad".
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