Observatorio del VII Convenio de la Dependencia: "Atender a todos los dependientes generaría 283.000 empleos"

Las partes firmantes del VII Convenio de la Dependencia (CCOO, FED, LARES y AESTE) valoraron el martes pasado con los últimos datos disponibles el gran crecimiento que ha sufrido el número de personas pendientes de recibir prestación, la estimación de crecimiento del empleo en el sector y las medidas requeridas para la mejora de la calidad asistencial. De esta forma se han inciado las tareas del Observatorio del sector y del empleo del VII Convenio con el compromiso de elaborar cada seis meses un informe sobre la evolución del sector, de manera especial en lo que tiene que ver con los trabajadores y el empleo.

Antes que nada, quisieron dejar claro que el marco social y político es de una incertidumbre total, con un Gobierno poco estable, sin Presupuestos Generales aprobados y sin respaldo y con unas elecciones en el horizonte, pero todavía sin decidir. Aun así, la principal conclusión es que si se prestara atención a los dependientes que están en lista de espera y a aquellos que aún ni siquiera han sido evaluados se crearían unos 283.000 nuevos empleos. En la actualidad hay alrededor de 330.000 personas que trabajan en el sector de la dependencia, 190.000 personas se dedican al trabajo residencial y 140.000 a los servicios sin alojamiento.

La primera en dirigirse a los medios de comunicación fue la secretaria Política Social y Movimientos Sociales de CCOO, Paula Guisande, que exlicó que "a pesar de este escenario incierto, lo que sí sabemos es que el sistema de atención a la dependencia requiere de medidas urgentes". Por ello, consideró que es "obligatorio, fundamental y urgente" mejorar el sistema de financiación y que la Administración del Estado aumente su aportación". Recordó que hoy "las comunidades autónomas aportan el 63 % y las personas beneficiarias el 20%".

"Coincide además con el aniversario de la Ley de Dependencia (12 años) que entendemos que tiene que ser reforzada, pero que necesariamente es el punto de partida para dar un servicio y una atención de calidad", señaló Guisande. Para ello, continuó, pidió "mejorar la financiación, equiparar las aportaciones de la Administración General del estado y la de las comunidades autónomas, manteniendo su naturaleza finalista y garantizar el acceso a las prestaciones a todas las personas en situación de dependencia".

La secretaria confederal de Movimientos Sociales de CCOO apostó por la mejora de la calidad del empleo y asegurar la profesionalidad de los trabajadores: “El empleo generado hasta la fecha no ha sido, ni cuantitativa ni cualitativamente el necesario, es un sector feminizado y con situaciones no deseadas como son el exceso tanto en temporalidad como en parcialidad”.

Es entonces cuando apuntó que "es un yacimiento de emplo importante" porque "las estimaciones sitúan en torno a 283.000 personas más que podrían trabajar en el sector si se atendiese a toda esa lista de espera y ese amplio volumen de personas pendiente de valoración". Habló de 160.000 en Residencias y centros de día/noche y 123.000 en ayuda a domicilio y teleasistencia.

La atención no es equitativa

En la misma línea, el secretario general de AESTE, Jesús Cubero, afirmó, después de agradecer la altura de miras del sindicato CCOO al firmar el VII Convenio, que la Dependencia está "mal e insuficientemente financiada en España" y que "la atención a los dependientes no es equitativa en las distintas comunidades autónomas y que las condiciones laborales de los trabajores varían en función de la comunidad autónoma y del código postal en el que residen".

Cubero recordó que "a fecha 31 de octubre, hay 867.187 personas con prestación reconocida de los Grados II y III (grandes y severos dependientes), de los cuales 107.000 tienen una prestación y un derecho reconocido y siguen a la espera de recibirla". Lamentó que en los últimos cuatroaños esta cifra haya crecido un 20%.

El responsable de AESTE atribuyó estos datos a "los fuertes recortes del PP tras la crisis negada y obviada por el PSOE, es decir, aquí cada uno lleva su culpa".

Denunció también que "si ley de dependencia surgió como una ley de servicios profesionales, se ha visto desvirtuada porque prácticamente un tercio de todas las prestaciones que se conceden se dan en el entorno no profesional". De esta forma, lo que estamos haciendo, dijo, es "negar el derecho que tienen todas las personas a contar con un servicio profesional, de calidad y que lo estamos reconvirtiendo por intereses políticos populistas en un subsidio a las familias y al entorno de las personas en situación de dependencia".

Pide AESTE por tanto "una redución progresiva de dichos subsidios y que se reconviertan en prestaciones vinculadas al servicio por el ofrecimiento de los servicios directamente a los usuarios".

Sector estratégico

El presidente de Lares, Juan Vela, empezó destacando la importancia que tiene para su organización y para la sociedad este Observatorio porque considera que es estratégico la atención a la dependencia en la política de los servicios sociales y por tanto, todo lo que ronda alrededor debería ser tratado con la máxima prioridad por parte de los políticos.

Prestó especial atención al apartado que hace referencia a las prestaciones económicas en el ámbito familiar. "Desde el Observatorio vemos que han vuelto a aumentar, aunque no es muy significativo, también es verdad que el espíritu de la ley no era que fueses las prioritarias", apuntó Vela, que insistió en que "eso nos hace reflexionar sobre el modelo".

Otra de las medidas a la que quiso dedicar un comentario el presidente de Lares es a el modelo de atención domiciliaria y de prestación: "Creemos que sirve como una excusa para adoptar decisiones en clave de control del gasto en detrimento de la atención individualizada que debería de existir". Recordó que el 20% de las prestaciones concedidas son en esta materia y que representan tan solo el 1% del gasto.

Delmismo modo, destacó también que "la ratio de prestaciones por persona dependiente es de 1,2" y les parece "insuficiente".

Vela concluyó con es necesario un sistema de la dependencia que no sea excluyente, que no sea discriminatorio por el territoriodonde vivamos y que el EStado garantice que cualquier persona, al margen de donda viva, reciba las mismas prestaciones y los mismos servicios". "Y así también los trabajadores, los empleadores, las empresas o las entidadessociales también tengamos las mismas posibilidades y los mismos derechos a poder desarrollar nuestros servicios", terminó.

Sector motor de la economía

Para terminar, el secretario general de FED, Alberto Echevarría, explicó, "a modo de resumen", que el sector de la dependencia siempre se ha considerado como un sector de gasto por parte de prácticamente todo el mundo, las administraciones e incluso la sociedad en general".

"Nosotros, desde el Observatorio decimos que es un en todos los aspectos", apuntó Echevarría, que añadió: "Es un sector que genera muchísima inversión. Construir una plaza residencial cuesta 60.000 euros y además estás invirtiendo en otros sectores, como construcción, equipamiento, inmobiliario... una residencia de 100 plazas son 6 millones de euros".

Y continuó enumerando por qué el sector de la dependencia debería ser considerado un sector motor de la economía y no de gasto: "Importantísimo también, creamos empleo por ley. Hay muy pocos sectores que creen empleo por ley. Las propias normativas de las comunidades autónomas y la propia Ley de la Dependencia te obliga a que por cada dos usuarios de media que estamos atendiendo estamos creando un empleo".

"Tenemos importantes retornos económicos a corto plazo, en el propio ejercicio fiscal", subrayó también el responsable de FED, que volvió a recordar que "si se prestara atención a todos los dependientes se crearían unos 283.000 puestos de trabajo de manera inmediata, sin olvidarnos de que es un puesto de trabajo fijo, estable, localizado y que fija el empleo rural y de ciudad y por supuesto el femenino, que debería ser de calidad".

Por eso, concluye, "es un sector que debería ser motor de la economía si se realizara la inversión correcta por parte de las administraciones, que no están creyendo en la Ley de la Dependencia y por lo tanto en lo que ellos configuraron como el cuarto pilar del Estado de Bienestar".

"Una correcta coordinación sociosanitaria es lo que va a permitir una sostenibilidad de ambos sistemas, el sociosanitario y el sanitario", puntualizó.

Según el Observatorio, el gasto en dependencia en 2016 fue de 7.986 millones (el 47,5 % para atención residencial, el 18 % para prestaciones para cuidado familiar y el 15 % para ayudas a domicilio) y estima que la financiación -siempre que se aporte lo necesario- será en 2018 de 9.309 millones, de 10.192 millones en 2019 y de 11.139 millones en 2020.