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Cierran una residencia clandestina en Carmona

Cierran una residencia clandestina en Carmona

miércoles 14 de febrero de 2018, 11:22h

Hace unos días ojeé una noticia que me pareció interesante porque hacía tiempo que no leía nada parecido.

Según nos cuentan, tras una denuncia, la inspección de servicios sociales de la Junta de Andalucía ha descubierto y clausurado una residencia de mayores que funcionaba ilegalmente con 12 personas mayores “alojadas en situación de hacinamiento”

y sin cumplir requisitos en un chalet situado en una urbanización de Carmona (Sevilla).

Este párrafo que han repetido varios medios al tratarse de una noticia de Agencia resume el meollo de la noticia:

La Inspección de Servicios Sociales se personó en el chalet y constató la existencia de doce personas mayores en estado de gran vulnerabilidad al cuidado de una única persona, careciendo dichas instalaciones de las mínimas condiciones materiales y funcionales para la adecuada atención a las personas mayores.

La Junta contactó con los familiares de los residentes para que se los llevasen consigo y a los mayores cuyos familiares resultaron ilocalizables los trasladó a una residencia pública. Después comunicó los hechos a la Fiscalía por si considera que tiene que iniciar actuaciones, cabe entender que penales.

Supongo que se trata de algo aislado, ya que actualmente debe resultar muy difícil mantener en secreto que tienes una residencia clandestina, principalmente porque para que te funcione necesitas clientes y para eso necesitas ser visible. Supongo que en Carmona, una población de algo menos de 30.000 habitantes en la que funcionan al menos siete residencias de mayores de forma legal, la “aparición” de este centro clandestino debió ser conocido por unas cuantas personas.

¿Cómo consiguieron atraer a un centro cuyas instalaciones carecían de las mínimas condiciones materiales y funcionales a 12 residentes en estado de gran vulnerabilidad y hacerlos vivir en condiciones de hacinamiento?

Supongo que todos ellos debieron acudir primero a Servicios Sociales y dada su “gran vulnerabilidad” debe tratarse de personas con valoración de grandes dependientes que tienen derecho a recibir servicio de residencia o alguna forma de prestación económica vinculada. Por eso me extraña que sus familiares les llevasen a un centro clandestino sin condiciones.

Supongo, aunque, no lo dice la noticia, que quien ha montado el establecimiento lo debió hacer con algún ánimo lucrativo, por lo que vería interesante saber qué pagaban estas personas mayores a cambio de recibir tan precario servicio.

Finalmente, supongo que cuando la Fiscalía reciba la comunicación pasada por la Junta abrirá algún tipo de investigación sobre quién ha montado la residencia ilegal y sobre los familiares que dejaron a su cargo a sus mayores en un lugar que, según se desprende de la lectura de la noticia, debería tener un aspecto cercano a lo siniestro.

Dejando esas conjeturas a parte, esto es lo que creo de verdad.

Llevamos unos cuantos años incrementando la calidad de los servicios que prestan las residencias y durante esos mismos años el perfil de la persona mayor que ingresa en una ha variado de forma que, actualmente, en la mayoría de los casos, ingresa una persona mayor, frágil, polimedicada y con bastantes posibilidades de ser incontinente y sufrir problemas de deterioro cognitivo.

Esto ha hecho que el cuidar a mayores en residencias se haya convertido en algo mucho más costoso de lo que solía ser.

Mientras tanto los precios que cobran los prestadores de servicios se han incrementado muy por debajo del incremento de costes. Tanto los precios públicos de concierto como lo que pueden pagar los usuarios privados arrastran un déficit.

El “limbo de la dependencia” formado por esos miles de personas con derecho a recibir servicios del sistema de dependencia pero que no los reciben o el “fraude de la excepcionalidad”, que hace que la mayor parte de los dependientes reciba una prestación económica reducida en vez de un servicio, algo previsto como excepcional por la Ley de Dependencia, pueden hacer que en los próximos años empecemos a ver el surgimiento de una especie de “mercado negro de la dependencia” en forma de personas con más o menos preparación que acojan en su casa a dos o tres mayores sin ningún control o micro residencias clandestinas como la descrita en la noticia, de pocas plazas, que no se anuncien como residencias sino como cuidados en el domicilio. A este “mercado negro”, que ofrecerá una atención incierta pero mucho más barata que la legal, acudirán personas con pocos recursos que usarán su exigua prestación de dependencia para conseguir lo más parecido a un servicio de calidad que se podrán permitir.

¿Es una visión apocalíptica? Tal como van las cosas pudiera no serlo.

La clausura de la residencia clandestina de Carmona es una señal inequívoca del fracaso de una Ley, la de Dependencia, que prometía servicios de calidad para todas las personas que dependieran de otros para las actividades de la vida diaria, pero se quedó en casi nada.

Si no es noticia que en España se clausure un hospital ilegal donde se opera de apendicitis con bisturís sucios es porque si ese hospital clandestino existiese no iría nadie, y eso es así porque tenemos un verdadero, aunque mejorable, sistema público universal de salud.

Quizás si la noticia se leyese desde esa perspectiva nuestros queridos gobernantes decidirían priorizar la dependencia en sus agendas políticas y la residencia clandestina de Carmona quedaría como una anécdota del pasado. A ver si entre todos lo conseguimos.

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