El ayuntamiento de Valladolid ha adjudicado a la UTE formada por CLECE-ONET SERALIA el servicio de ayuda a domicilio y al Grupo Lince Serunión el de comida a domicilio. La contratación dividida en esos dos lotes, se ha procedido por un valor total de 7.170.000 euros al año, un 47,22 % más que el último, correspondiente al 2015 y que supuso 4.850.00 euros.
La concejala de Servicios Sociales, Rafaela Romero, ha señalado que en esta contratación se ha apostado por la calidad del servicio que se refleja en dos cuestiones, por un lado, en la puntuación para otorgar el servicio, el precio ha tenido un 10 % frente al 20 % de las mejoras que la empresa pueda proponer y el 70 % el proyecto de gestión de estas.
En el Lote 1, correspondiente a la ayuda a domicilio se ha adjudicado a la UTE Clece por 16.69 € (IVA incluido) y el Lote 2, de comida a domicilio al Grupo Lince por 9.46€ (IVA incluído).
El servicio de ayuda a domicilio comprenderá las siguientes modalidades: de ayuda a domicilio; de canguros para personas con limitaciones en su autonomía; de lavandería para personas con limitaciones en su autonomía; y de limpieza a domicilio.
Las empresas adjudicatarias contarán con una aplicación informática que les permitirá hacer un seguimiento continuo de los usuarios de este servicio, así como de la coordinación por parte del personal auxiliar.
En cuanto al lote de comida a domicilio, el catering que se va a proporcionar estará formado por productos del comercio justo, además y en calidad de préstamo, los usuarios podrán disponer de frigoríficos y microondas, en el supuesto de que carecieran de esos electrodomésticos.
El Ayuntamiento ha hecho hincapié en la necesidad de que las empresas adjudicatarias presenten un "Plan Social para la ejecución del contrato" en que propongan medidas concretas de carácter ético y social, como la nueva contratación de personas con dificultades de acceso al mercado laboral, sin que ello implique el despido o reducción de jornada de otro personal integrado previamente en la plantilla de empresas; de personas con discapacidad; personas perceptoras de Renta Garantizada de Ciudadanía o incluidas en un programa de Inserción Social público; de personas desempleadas de larga duración mayores de 45 años; y de mujeres víctimas de violencia de género.
Además deberán contar con un programa de estabilidad en el empleo; de un Plan de conciliación de la vida laboral y familiar del personal; de medidas concretas de prevención, seguridad y salud laboral; y de Planes de formación y de igualdad efectiva en el trabajo de hombres y mujeres; la aplicación de todos ellos estarán implicados en la ejecución del contrato.
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