El último Consejo de Ministros del año 2017 aprobó del Real Decreto de revalorización de las pensiones públicas del sistema de la Seguridad Social y de clases pasivas a partir del 1 de enero en un 0,25 por 100.
Las previsiones de la Seguridad Social es que el incremento afectará a 9.584.189 pensiones contributivas, de las que seis de cada diez son de jubilación. El coste total de la revalorización para 2018 alcanza los 297,32 millones de euros y el límite máximo de pensiones públicas se ha fijado en 2.580,13 euros al mes, es decir 6,43 euros al mes más que en 2017.
El Real Decreto fija también la revalorización del 0,25 por 100 de las cuantías mínimas de las pensiones de clases pasivas y del sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, de las pensiones no contributivas y de las pensiones no concurrentes del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez. Además, se actualizan las cuantías de las asignaciones a favor de hijos con discapacidad con 18 o más años.
Se regula también la revalorización de las pensiones derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; de las pensiones extraordinarias derivadas de actos de terrorismo; de las pensiones reconocidas en aplicación de normas internacionales; las normas sobre concurrencias de pensiones y la financiación y la gestión de la revalorización.
Una subida que ha sido rechazada por los sindicatos por insuficiente. Desde UGT señalan que esta revalorización que supone 1,61 euros de media al mes para la pensión más habitual que se sitúa en 645 euros y de 2,31 euros de media al mes para cada pensionista, “vuelve a condenar a los más de 10 millones de pensionistas a perder poder adquisitivo, del 1,25% en esta ocasión”.
Y propone para asegurar el poder adquisitivo de las pensiones incluir una cláusula de revisión a final de año que impida llegar a un sistema de pensiones mínimas. Y reclama la revisión inmediata de las fuentes de financiación, para que el sistema no solo se financie a través de cotizaciones, sino también con impuestos; y erradicar el déficit de la Seguridad Social acabando con las bonificaciones a la contratación, financiando los gastos de la Seguridad Social desde los PGE, y destopando las bases de cotización”.
Por su parte CC.OO señala que esta “casi-congelación de las pensiones está contribuyendo a que acumulen ya una pérdida máxima de poder de compra de -3,10 puntos porcentuales desde el año 2007, atendiendo al dato de IPC adelantado por el INE en el mes de diciembre que situaba la inflación interanual en el 1,2%. Incluso las pensiones mínimas soportan ya pérdidas reales de poder adquisitivo en ese periodo.
La nueva fórmula de revalorización de pensiones impuesta en 2013 acumula así dos años consecutivos de severas pérdidas, en 2016 (-1,35 puntos porcentuales) y en 2017 (-0,95), un efecto que se prevé mantener en 2018 y al que se le sumará en 2019 el efecto del Factor de Sostenibilidad sobre la pensión inicial de los nuevos jubilados”.
Los sindicatos critican también la forma unilateral en la que el Gobierno ha tomado esta decisión y piden la convocatoria urgente de la Mesa de Diálogo Social donde discutir medidas concretas que garanticen la suficiencia de las prestaciones y su sostenibilidad.
Mientras desde el Gobierno se apunta a “circunstancias excepcionales, derivadas de la prórroga presupuestaria”, las que les ha llevado a optar “por una regulación más sencilla referida exclusivamente a determinar las pensiones susceptibles de revalorización, así como fijar sus cuantías”, y añade que se aplicará de forma específica la fórmula de revalorización, cuando se aprueben los Presupuestos del 2018.
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