ARADE contra el borrador que regula la atención farmacéutica en residencias de Aragón

El pasado mes de julio Aragón inició la tramitación de un decreto que regulará la atención farmacéutica a los centros de asistencia social, que incluía entre sus principales novedades, limitar la atención desde las oficinas de farmacia a las residencias de menos de 50 camas que deberán rotar en el caso de que hubiera varias en la misma zona interesadas en darle esa asistencia al centro.

Para las residencias de más de 100 plazas el proyecto señala que deberán disponer “de un servicio de farmacia propio o bien disponer de un depósito de medicamentos vinculado a un servicio de farmacia del hospital de la red pública que sea de referencia en el área de influencia”, privando así a las farmacias de la dispensación de medicamentos.

Algo que según los Colegios de Farmacéuticos de Aragón “convertirá en económicamente inviables a muchas de las oficinas de farmacia que ahora prestan ese servicio, farmacias rurales de escasa facturación, abocándolas, en un número indeterminado, pero abultado, al cierre, modificando la topografía y la capilaridad de la red de oficinas de farmacia de Aragón, y creando serias dificultades para el acceso a la prestación farmacéutica a los habitantes de los núcleos más alejados y despoblados”.

Análisis con el que coincide plenamente la presidenta de la Asociación Aragonesa para la Dependencia (ARADE), Paquita Morata, quien califica de “locura” las medidas recogidas en el proyecto de Decreto, “porque un centro de 100 plazas o más, todavía tienes que llevar una gestión más estricta y mas controlada de lo que es el medicamento y tienes muchos mas movimientos, con lo cual cuanto mas grande es el centro, mas se complica este apartado. De hecho tendríamos que tener según el proyecto un depósito de organización dentro de lo que es el centro, y tener un personal que lo cubra. Pero además te dicen que con este sistema lo que se va a hacer es pautar la medicación más correctamente y no entendemos ¿por qué? Porque en realidad quien pauta la medicación son sus propios médicos, porque los médicos que tenemos en las residencias no pueden emitir recetas”.

De hecho, tal y como apunta Morata si sale adelante el Decreto tal y como figura en el borrador, les obligaría a disponer como mínimo de un farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria y de atención primaria y suficiente personal farmacéutico técnico o auxiliar para funcione correctamente este servicio dentro de la residencia. Este servicio deberá estar disponible las 24 horas de todos los días de la semana y deberá contar con un “local con la superficie adecuada al volumen de actividad desarrollada… diferenciando además un área administrativa y de gestión; un área de almacenes generales y especiales; un área de preparación y dispensación de medicamentos y productos sanitarios y un área de laboratorio y elaboración de fórmulas magistrales”.

La intención del gobierno de Aragón con este decreto es lograr “una gestión más eficiente de los recursos públicos”, algo que según la presidenta de ARADE al final “lo que se va a ahorrar por un sitio lo van a gastar por otro. Si lo que quieren es llevar un control de lo que recetan los médicos, que lo lleven, si quieren reducir costes con las farmacias, que lo reduzcan, pero nosotros somos residencias privadas, que lo que hacemos es dar un servicio al usuario que estamos ahí trabajando de intermediarios y no nos tenemos por que ver inmersos en medio de esto. ¿Por que tenemos que estar dispensando medicación diaria a nuestros usuarios, siendo los propios médicos de la Seguridad Social, quienes recetan esa medicación? No se porque dicen que van a estar mejor medicados, estarán medicados como hasta ahora, aquí el problema es que pretenden que nosotros tengamos un depósito de medicación cada 15 días, perdiendo así la disponibilidad que te da una farmacia con la que trabajas habitualmente con la que dices `Oye han cambiado la medicación, acaba de pasar el medico, necesito esto”.

Una estimación del ahorro que según los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Aragón, “no está sujeta a unos cálculos reales y que además promueve de modo casi exclusivo, prescindir de la red de oficinas de farmacia para el suministro de medicamentos y productos sanitarios a las personas residentes en Centros de Atención Social de más de 50 camas a fin de obtener un ahorro económico, que se cifra en unos 11 millones de euros anuales. Dicho ahorro, se obtendría exclusivamente a través de un sistema de compras centralizada. Para calcular el ahorro se confrontan dos parámetros, 1.281 euros Residente A (sin suministro directo) frente a 476,7 euros Residente B (con 100% de suministro directo), pero en el Residente A no se ha descontado la aportación de la farmacia por ventas al Sistema Nacional de Salud y el copago de los pacientes, que suponen un 17% del coste; y en el coste Residente B no se ha imputado los gastos de personal, el coste de equipamiento, el coste de transporte y distribución de los medicamentos y los costes generales de los Servicios de Farmacia”.

De cualquier forma, añaden “creemos que el ahorro económico no debe primar sobre la calidad asistencial. En la propuesta del Gobierno de Aragón se establece que los medicamentos se lleven a los centros cada 15 días. Nosotros proponemos sustituir ese suministro de medicamentos cada dos semanas por la atención farmacéutica cercana, de calidad y diaria que ofrecen las oficinas de farmacia, y que permite realizar un seguimiento farmacoterapéutico a los pacientes de las residencias para detectar posibles problemas relacionados con la toma de medicamentos (incumplimiento, interacciones, efectos adversos, duplicidades…), que pueden poner en riesgo su salud. Recordemos que la mayoría de los residentes son enfermos crónicos y polimedicados. Un servicio que, además de mejorar la salud y calidad de vida de estos pacientes, ahorra costes a la administración ya que disminuyen los ingresos hospitalarios y se racionaliza el uso de medicamentos”, concluyen.

La regulación del gobierno de Aragón sobre la dispensación farmaceútica en los centros residenciales no es la primera que se está llevando a cabo, el pasado mes marzo la Generalitat Valenciana presentaba el programa Resi-EQIFar que se prevé arranque en enero de 2018 y que contempla, según que todos los residentes (unas 27.300 personas) dispongan de una atención y seguimiento farmacoterapéutico individualizado que será realizado a través de los 65 nuevos puestos de trabajo de farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria de los hospitales de referencia de cada residencia.

Un modelo que permitirá según los cálculos de la Generalitat un ahorro de 13 millones de euros, pero que el presidente del Consejo de COF de la Comunidad Valenciana, Jaime Giner, no ha dudado en calificarlo como “un modelo insostenible y peligroso, que excluye a la farmacia comunitaria y también a la farmacia primaria”, recordando que se trata de atender a pacientes ambulatorios, no hospitalarios

Otra de las CCAA que ha puesto en marcha un nuevo modelo de prestación farmacéutica en las residencias fue Andalucía, y que según reconocer la Sociedad Andaluza de Farmacéuticos Hospitalarios (SAFH) “es necesario una revisión y modificación de algunos puntos del Decreto”.

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