En la Comunidad Valenciana han decidido “construir un nuevo modelo residencial de personas mayores” y, para ello, han empezado convocando unas jornadas a las que han invitado a participar a profesionales y entidades del sector, agentes sociales y económicos, usuarios y familias. La idea es loable: crear unos grupos de trabajo para que surjan aportaciones y construir “entre todos” el “mejor modelo posible para poder vivir”. La consejera Oltra añade que será un modelo basado en la “calidad y calidez”.
La idea me parece muy bonita y, si fuese más joven, incluso creería que de aquí acabará saliendo el modelo definitivo de las residencias del mañana. Por desgracia me hago viejo y con la edad, algo escéptico.
Para empezar, me hace gracia que la Comunidad Valenciana deba construir un “nuevo modelo”. Quizás sería suficiente si analizase lo que se está haciendo ya en la propia comunidad, en otras y fuera de España, para darse cuenta de que, más que “construir” nada “nuevo” podría ser suficiente el adaptar la normativa y los criterios de acreditación actuales a la filosofía que solemos conocer como Atención Centrada en la Persona.
A ello, aunque pueda parecer aguafiestas, habría que añadirle un cálculo económico, o sea, tener en cuenta lo que acabará costando aquello que se propone.
En los últimos años hemos visto como Castilla y León publicaba su norma de requisitos de autorización de residencias basándose en las unidades de convivencia y las plataformas multiservicios. Lo que sucedió allí puede ser de utilidad en Valencia. La primera versión del Decreto fue anulada por los Tribunales debido a que, durante su tramitación, no se había estimado correctamente qué repercusión económica tendría la introducción de nuevos requisitos. Ahora, en el País Vasco y Cantabria preparan normativas también basadas en principios similares con incrementos considerables, por ejemplo, en el número de habitaciones individuales y personal, algo que repercutirá en el coste de la plaza.
Cuando leo que el objetivo que se plantean en la Comunidad Valenciana es construir “entre todos” el “mejor modelo posible para poder vivir”, me sale el “yo escéptico” y pienso que deberían añadir “y que nos podamos permitir”.
Hoy, un 18,4% de quien vive en España tiene más de 65 años y el precio medio de una residencia es de unos 1.780€ al mes, con grandes diferencias entre provincias y entre residencias. Una gerocultora gana menos de 1.000 euros al mes y resulta casi imposible encontrar enfermeras dispuestas a trabajar en residencias con salario de convenio.
Dentro de unos 25 años habrá casi un 35% de mayores y, aunque muchos de ellos serán (o seremos) autónomos durante más años, el número total será tan elevado que necesitaremos muchas más plazas en residencias. Como quien ingrese en una estará en un estado de fragilidad y dependencia superior al de los residentes actuales, necesitaremos más profesionales especializados, lo que hará que el coste del cuidado se incremente a la par que la dificultad para atraer a los escasos jóvenes a trabajar en el sector geroasistencial. Todo ello será así aunque mantengamos los modelos actuales. Si adoptamos otros con más profesionales y mejores instalaciones, las dificultades para mantenerlos se incrementarán.
Me parece muy bien que cuando se piense en qué modelo queremos para las residencias tengamos en mente cuál puede ser el “mejor”, pero, insisto, debemos pensar en la etiqueta de precio que llevará colgando.
No podemos permitirnos ser cándidos y pensar que si creamos un modelo excelente se acabarán construyendo residencias excelentes. Sea cual sea el modelo, necesitaremos gastar dinero público para construir los centros o tendremos que crear oportunidades atractivas para que el sector privado invierta. Una vez construidos los edificios tendremos que seguir buscando dinero para mantener el servicio y éste tendrá que salir, necesariamente, de las arcas públicas o de los bolsillos de los ciudadanos.
La prensa atribuye a la consejera Oltra las siguientes palabras refiriéndose al sector de las residencias de mayores privadas: “No es una oportunidad de negocio rápido, aunque eso no quiere decir que no sea un negocio, pero no a coste del derecho al bienestar de las personas mayores, algo que no siempre ha sido así”. Cada uno puede interpretar las palabras como quiera. Me cuesta creer que a un inversor indeciso le sirvieran de ánimo para poner su dinero en nuestro sector.
He dejado para el final eso de la “calidad y calidez”. Lo llevo oyendo desde hace muchos años y no me gusta.
Me explico: soy un ferviente defensor de le existencia de indicadores que permitan saber cómo es un servicio en relación a los demás. Creo que una clave para que las cosas mejoren es la de potenciar que las residencias sean transparentes y comparables, o sea que existan indicadores de calidad.
Cuando oigo eso de “calidez” pienso que necesitamos un termómetro para medirla. Si la calidez es algo totalmente subjetivo y que no se puede medir ni comparar, estoy seguro de que todo el mundo encontrará muy caliente su residencia y más templada la de los demás.
Si de verdad queremos medir esa calidez, propongo un sistema: utilizar los indicadores de calidad de vida, existentes y validados.
Si nos ponemos de acuerdo en los sistemas de medición, podremos acabar teniendo algo muy importante: una herramienta que nos permita valorar los resultados de las residencias. De esa forma, podríamos llegar a conocer las “unidades de bienestar” que conseguimos por cada euro invertido en la atención a personas mayores en los diferentes tipos y modelos de residencias. Si algún día llegamos a proponérnoslo en serio, incluso podremos saber qué modelo de gestión es el más eficiente por “unidad de bienestar”, o sea, cuál es el mejor modelo para poder vivir con la mayor calidad y calidez medible y con la mejor relación calidad/calidez medible/precio.
Quizás el cándido soy yo.