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El impacto del COVID en el modelo residencial de atención a mayores. Una opinión personal

miércoles 20 de mayo de 2020, 01:42h
Jaime Fernández-Martos Montero, socio FML Abogados
Jaime Fernández-Martos Montero, socio FML Abogados (Foto: FML Abogados)

Aún es pronto para poder decir cuales, pero si en algo hay absoluta unanimidad en todos los que de una u otra manera nos acercamos a este hoy zarandeado sector de las residencias de mayores, es que habrá un antes y un después del funesto paso del COVID 19.

Cuando en otros ámbitos ya debaten como volver a esa “nueva normalidad” –término que me provoca un leve estremecimiento– las residencias siguen en plena batalla, como esas guerras olvidadas a las que pocos hacen caso. Y sin embargo, aún en tensión asistencial, ya queda claro que nada será como antes.

Por un lado están los que claman por una “sanitarización” de los centros, aumentando su capacidad de respuesta ante desafíos como el vivido, mediante el incremento de personal técnico sanitario que pueda, llegado el caso, afrontar con más garantías las vulnerabilidades de la población residencial. Por otro lado, aquellos que quieren preservar el carácter social de este recurso, y su carácter de “extensión del hogar familiar”.

El aumento de esperanza de vida y la proliferación de servicios asistenciales intermedios (ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día…) retrasan la necesidad para muchas personas de dar el paso a una residencia, a la que muchos miran como recurso último frente a patologías específicas (alzheimer, psicogeriatría). No obstante, sigue existiendo un amplio espectro de residentes que acuden a estos centros con otras motivaciones (combatir la soledad, miedo a la pérdida de facultades, dificultades económicas o ausencia de hogar…) que no conviene olvidar.

Partiendo de esta base, considero que esta crisis sanitaria ha de ser el empujón definitivo al modelo de atención centrado en la persona; algo esencial dado que es ella, la persona mayor, el fin de la acción de todos los agentes en juego. Todos los demás aspectos son secundarios o subsidiarios. De aquí se extrae la consecuencia de que cualquier paso sobre el modelo debería contar con la voz de las personas llamadas a ser las beneficiarias de todo ello, que son los mayores mismos. No sea que caigamos en debatir un modelo sin preguntar a los que han de vivirlo.

Pienso que sería un error plantear como modelo ordinario uno alumbrado para atender situaciones extraordinarias. El COVID y su efecto perverso en las residencias ha sido más una consecuencia del desbordamiento de los servicios de sanidad que de los servicios residenciales, que de hecho, han paliado en muchos casos las carencias de la sanidad. Conviene tenerlo en cuenta antes de lanzarse alocadamente a sanitarizar los centros.

Mi apuesta como digo es un modelo residencial de atención centrada en la persona, subsidiario del hogar familiar; comprendiendo que, dado que no todos los hogares son iguales, tampoco todas las residencias tienen por qué prestar los mismos servicios, si bien unos mínimos son por supuesto exigibles. Y conviviendo con ello, deben potenciarse centros o unidades especializadas en patologías específicas (por ejemplo, Alzheimer) o tratamientos de dependientes, con un más alto grado de atención social y sanitaria. Dos modelos que pueden ser convergentes o yuxtapuestos en muchos centros, pero que en realidad responden a escenarios muy diferentes, y que requieren pues, respuestas diferentes.

Punto esencial es que estos centros deben estar plenamente coordinados con los servicios públicos de atención sanitaria, de modo que sea Sanidad la encargada de velar y garantizar el derecho universal al que tienen derecho todos los ciudadanos –también los de las residencias–. Es absurdo no aprovechar las enormes sinergias de ambos ámbitos (sanidad y residencias). En mi opinión, deberían generalizarse acuerdos de colaboración de los centros residenciales con los servicios sanitarios, con una adecuada integración tecnológica, informativa y de personal. Algunas experiencias en este sentido son, en mi opinión, el camino a seguir y a profundizar.

Es preciso abordar el debate desde una óptica económicamente realista. Con lo que hoy paga la Administración no se sostiene el coste de una cama residencial. Las camas privadas son caras y no todos pueden acceder a ellas. Multiplicar las camas públicas tiene un límite, pues el presupuesto no es infinito. Todos queremos mejor atención, más ratios, mejores sueldos para los sufridos y no siempre bien pagados profesionales. Mi propuesta es potenciar el personal necesario (sobre todo el de auxiliares), y que sea potestativo el personal accesorio (aunque sea muy bueno y útil disponer de él). Se que este es un tema casi tabú, pero no podemos obligar a todos a tener una berlina si un utilitario cumple con sus expectativas.

Por último, si queremos un modelo centrado en la persona, no tengamos miedo a que sea la persona misma la que tenga capacidad para decidir lo que quiere. Defiendo la autonomía de los mayores para optar por el centro que más se acomode a sus deseos o inquietudes personales, dentro de las posibilidades existentes. Más autonomía es más libertad.

Eso supone aceptar que la colaboración público–privada es un bien a conservar; creer que la solución es un único modelo público, como algunos están queriendo concluir es, en mi opinión, un grave error que empeoraría el sistema. El equilibrio entre los legítimos intereses económicos de empresas y particulares y la necesaria defensa de los más vulnerables, propio de un Estado del bienestar “social y democrático de derecho” ha de resolverse acudiendo al principio de subsidiariedad (1), matizado y complementado por el de solidaridad y el bien común.

No debemos precipitarnos. Salvemos este partido, que aún lo estamos jugando. Reflexionemos juntos para aprender de lo que hemos pasado e intentemos hacer el mejor sistema posible. Con los ojos fijos en nuestros mayores; nosotros que seremos los mayores de mañana.

Jaime Fernández-Martos Montero, socio FML Abogados

Abogado especializado en el sector sociosanitario

(1) Principio clásico de la DSI: “todas las sociedades de orden superior deben ponerse en una actitud de ayuda («subsidium») —-por tanto de apoyo, promoción, desarrollo— respecto a las menores. De este modo, los cuerpos sociales intermedios pueden desarrollar adecuadamente las funciones que les competen, sin deber cederlas injustamente a otras agregaciones sociales de nivel superior, de las que terminarían por ser absorbidos y sustituidos y por ver negada, en definitiva, su dignidad propia y su espacio vital”

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