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El Real Decreto introduce el Grado III+, destinado a personas con enfermedades neurológicas avanzadas, garantizando atención personalizada y una prestación económica de hasta 10.000 euros mensuales, financiada en un 50% por el Estado.

Enfatizó que "cuidar y ser cuidados no debe ser un privilegio, sino un derecho que garantice igualdad y dignidad".

Esta declaración incluye cinco ejes estratégicos, como la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, así como la mejora de las condiciones laborales de los profesionales del sector.

La Junta destina más del doble de fondos que el Gobierno central, invirtiendo 1.592 millones frente a los 739 millones del Estado.

Advierte sobre el impacto negativo en ayudas a personas con discapacidad y dependencia y exige un compromiso realista para alcanzar el 2% del PIB en atención a la Dependencia.

Se ha alcanzado también un preacuerdo para distribuir subvenciones del 0,7% de la renta destinadas a organizaciones que luchan contra la pobreza y la exclusión social.

La Confederación Española de Alzheimer ha emitido una carta urgente al Gobierno de España y a la Comisión Europea, expresando su preocupación por las dificultades en la aprobación del primer tratamiento contra el Alzheimer en más de 20 años.

Busca mejorar las leyes de Dependencia y Discapacidad, promoviendo la atención en el hogar y la teleasistencia como un derecho universal.

Cada 15 minutos muere una persona dependiente en España esperando recibir una atención.