Las principales entidades representativas del ámbito de la dependencia y los cuidados de larga duración en España han expresado su satisfacción tras el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros mediante el que el Gobierno se compromete a incrementar la financiación estatal destinada al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
Las organizaciones AESTE, ASADE, CEAPs, FED y LARES consideran que el anuncio supone un avance positivo para las personas en situación de dependencia, sus familias y los profesionales que desarrollan su actividad en el sector de los cuidados. Asimismo, entienden que refleja un mayor reconocimiento institucional hacia un ámbito que consideran estratégico para el presente y el futuro del país.
Las patronales señalan que el anuncio permite retomar la dinámica de crecimiento de la financiación estatal que se impulsó entre 2021 y 2023. A su juicio, este esfuerzo presupuestario resulta necesario para responder a los desafíos sociales y demográficos que afronta España.
Las entidades consideran que reforzar la aportación estatal representa un paso importante para consolidar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y avanzar hacia un modelo con mayor solidez y sostenibilidad, preparado para responder a una demanda creciente de cuidados y atención de larga duración.
Petición para que los recursos lleguen a servicios, profesionales y usuarios
Las organizaciones han mostrado su confianza en que el incremento de recursos anunciado por el Ejecutivo se traduzca de forma efectiva en mejoras para los servicios profesionales de atención y cuidados.
Según indican, la llegada de estos fondos debería permitir reforzar la calidad asistencial, mejorar la atención prestada y seguir avanzando en las condiciones laborales de las personas trabajadoras del sector.
Las patronales consideran igualmente necesario que el incremento presupuestario tenga efectos directos sobre los servicios, las personas atendidas y los profesionales, reforzando la capacidad del sistema para atender las necesidades actuales y futuras.
Además, subrayan que los nuevos recursos deberían constituir un aumento neto de la financiación destinada a dependencia y cuidados, evitando que este refuerzo pueda compensarse mediante reducciones en aportaciones realizadas por otras administraciones u organismos públicos.
En este contexto, las entidades hacen un llamamiento a las comunidades autónomas para que el aumento presupuestario se concrete en actuaciones específicas que permitan fortalecer la red asistencial y garantizar la sostenibilidad de un sector que consideran uno de los pilares del Estado del bienestar y uno de los principales generadores de empleo social.
Las patronales sitúan los cuidados como una inversión de futuro
Las entidades recuerdan que la atención a la dependencia constituye una política pública esencial para asegurar la autonomía, la calidad de vida y la dignidad de millones de personas.
Asimismo, destacan que este ámbito genera empleo estable, actividad económica y cohesión social en el conjunto del territorio.
Por este motivo, consideran que el incremento de recursos destinados a los cuidados representa una inversión con impacto social y capacidad para reforzar el Estado del bienestar, además de contribuir a responder a uno de los principales retos de las próximas décadas.
No obstante, advierten de que el envejecimiento de la población, el incremento de las situaciones de dependencia y el aumento de la demanda de cuidados requerirán mantener y reforzar este esfuerzo inversor en los próximos años.
En este sentido, las organizaciones consideran necesario aumentar el porcentaje del PIB destinado a los cuidados de larga duración y alinearlo con el nivel de inversión existente en otros países europeos, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad, la calidad y la capacidad de respuesta del sistema a largo plazo.
Las entidades piden mantener el esfuerzo más allá de 2027
AESTE, ASADE, CEAPs, FED y LARES han señalado finalmente que el compromiso anunciado no debería convertirse en un objetivo final, sino integrarse dentro de una estrategia continuada de fortalecimiento del sistema.
Las organizaciones consideran necesario mantener el esfuerzo inversor más allá de 2027 para responder tanto a las necesidades actuales como a las que puedan surgir en los próximos años.
Además, subrayan que reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia exigirá seguir avanzando hacia una colaboración público-privada estable y sólida. En esa línea, manifiestan su disposición a participar en la elaboración de un Pacto Nacional por el cuidado de las personas en situación de dependencia.
Las entidades concluyen que la dimensión de los retos demográficos y asistenciales requiere aprovechar la experiencia, los recursos y las capacidades de todos los agentes implicados, dentro de un marco de cooperación que permita ampliar coberturas, mejorar los servicios y responder a las necesidades crecientes de atención.
Refundar el Sistema de la Dependencia
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley con el que el Gobierno de España pondrá en marcha un incremento de financiación destinado al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). La medida contempla una inversión adicional de 6.162.904.040 euros entre los años 2026 y 2027 y se articula mediante una modificación estructural del modelo de financiación del sistema.
El incremento será mayor en aquellos casos de personas con grados más elevados de dependencia.
- Grado III, gran dependencia, aumenta un 128%: de 290 euros mensuales a 660.
- Grado II, dependencia severa, incremento del 100%: desde los 130 euros mensuales hasta los 260.
- Grado I, dependencia moderada, crece un 18%: de 76 euros a 90 euros mensuales.
Como resultado de estas modificaciones, la aportación económica del Estado alcanzará los 5.513,8 millones de euros en 2026 y llegará a 7.239,4 millones en 2027.
Los cambios comenzarán a aplicarse el 1 de julio
La nueva financiación queda incorporada como una obligación para el Estado, independientemente del gobierno existente o de la situación presupuestaria, dado que las nuevas cuantías vinculadas a los niveles mínimos de protección únicamente podrán modificarse mediante una norma con rango de ley.
Objetivos:
- La reducción de listas de espera y la agilización de procedimientos administrativos.
- La contratación de más trabajadoras y la mejora de sus condiciones laborales.
- El incremento y mejora de servicios dirigidos a personas con dependencia, especialmente en situaciones más graves.
- La ampliación de la atención domiciliaria y el aumento de centros de día.
- La inversión en tecnología y el refuerzo de servicios como la teleasistencia.
- La transformación de centros residenciales para evolucionar el modelo de macrorresidencias y adaptar espacios que permitan una mayor autonomía de las personas usuarias, en línea con proyectos impulsados a través del PRTR (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia).