La responsable de asuntos sociales de Aragón explica que en una región despoblada el caso de la teleasistencia o la ayuda a domicilio de la dependencia son prestadas por las comarcas (hay 30) y financiadas al 100% por la Comunidad.
Cuando acaba de presentarse el II Plan Estratégico de Servicios Sociales 2017-2020, que planifica las medidas, actuaciones y recursos de su Departamento para los próximos años, Negocios & Gestión de la Dependencia entrevista a la consejera de Derechos Sociales de Aragón, Mª Victoria Broto Cosculluela, con la que habla sobre la atención a la Dependencia en un territorio despoblado, donde la apuesta de su gobierno es “mantener e incluso incrementar los Servicios para fijar población”, encontrando en la creación de las comarcas la solución para ello.
Actualmente Aragón se divide en 30 comarcas, de las que forman parte 672 municipios del ámbito rural donde vive el 16% de la población; 46 municipios intermedios, con el 14% de la población y 13 municipios urbanos, donde se concentra el 69% de la población.
Aragón forma parte junto a otras siete regiones españolas del Foro de Regiones Españolas con Desafíos Demográficos (Fredd), desde el que se ha pedido insistentemente al gobierno más fondos para mantener los servicios en estas regiones con problemas de despoblación y envejecimiento poblacional. En su territorio y en relación a la prestación de servicios sociosanitarios, ¿están garantizados estos servicios? ¿Qué servicios estarían en peligro sino se aumenta esta financiación?
Los servicios no están en peligro porque están garantizados desde la Administración autonómica y local, pero evidentemente si no llega una financiación adecuada para poderlo hacer, los recursos que invirtamos en esta materia habrá que detraerlos de otras áreas.
¿Cómo se articulan los servicios sociales en una Comunidad que tiene 187 municipios en riesgo máximo de extinción, (menos de 100 habitantes), y donde por ejemplo hay comarcas como la de Belchite, donde solo hay 5 habitantes por kilómetro cuadrado, y donde muchos de estos municipios son de alta montaña por lo que su acceso en invierno especialmente es muy difícil?
La articulación que Aragón ha dado para la solución de los servicios del ámbito rural ha sido la creación de las comarcas, que en el caso concreto de los servicios sociales tienen competencia propia con financiación incondicionada al mismo tiempo que desde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales se complementan esas aportaciones económicas para objetivos concretos. Por ejemplo, hablamos del caso de la teleasistencia o ayuda a domicilio de la dependencia son prestadas por las comarcas y financiadas al 100% por la Comunidad.
¿Cuánto dinero invierten en Aragón en la atención domiciliaria? ¿De cuánto personal disponen?
Hay dos tipos de ayuda a domicilio. La básica para toda la población que es competencia de ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y de las comarcas y que financian con sus recursos y la ayuda a domicilio para dependientes que financia al 100% el Gobierno de Aragón. En el proyecto del presupuesto para 2017, la cuantía que destinada el IASS a este fin es de cerca de 8 millones de euros.
Según una Orden que publicaron en 2014, por la que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la dependencia, precisamente, si una persona en situación de dependencia vive en un entorno aislado, sin recursos públicos y de despoblación excepcionalmente se permitirá la existencia de cuidados no profesionales por parte de una persona del entorno aunque no tengan grado de parentesco. ¿Cuántas personas hay actualmente en esta situación? ¿Qué apoyos o ayudas se prestan a estos cuidadores? ¿Cómo se controla que la atención que dan es la correcta? ¿Cuánto dinero se les paga?
Con la base de datos del SISAAD del Ministerio con la que trabajamos nos es imposible desagregar ese dato. Esa orden la aprobó el anterior Gobierno. Esas personas reciben la prestación económica del entorno familiar y el seguimiento lo lleva a cabo su trabajadora social de referencia, que depende de los servicios sociales comarcales y municipales. Se les paga lo que determina la normativa en materia de dependencia.
Según el ultimo informe del Observatorio de la Dependencia, en Aragón es preocupante el llamado `limbo de la Dependencia´ siendo más de una tercera parte de las personas a las que se les ha reconocido su situación de dependencia (37,3%, 12.547 personas). ¿Qué medidas van a adoptar para reducir estas cifras?
Desde que comenzó la legislatura, hemos reducido el porcentaje del 47% al actual que se situó en un 35% a fecha de 31 de enero. Hemos hecho un gran esfuerzo y lo vamos a continuar haciendo. Hay que tener en cuenta que al agilizarse el ritmo de concesión de ayudas y servicios también se ha incrementado el número de solicitudes, algo que está pasando en Aragón y no en la mayoría de las otras Comunidades.
Precisamente en una de las primeras entrevistas que concedió tras acceder al cargo, decía que la “preocupaban y asustaban las cifras de Dependencia”, y reclamaba al gobierno más financiación. ¿Sigue siendo la financiación el principal escollo para desarrollar esta Ley? O ¿Ha habido una falta de previsión real y planificación?
Es una mezcla de las dos cosas. En la pasada legislatura, el Gobierno del PP en Aragón desmanteló el sistema de la dependencia. De ser una de las Comunidades más adelantadas en la implantación de la ley pasamos a ocupar uno de los últimos puestos. En esta legislatura hemos dado la vuelta en la dependencia y somos una de las Comunidades que más ha avanzado, eso sí, partíamos de una situación complicada. Además de mejorar las cifras del “limbo” hemos puesto en marcha los servicios y prestaciones para los dependientes leves y moderados que estuvieron paralizados la legislatura anterior. En total, hemos atendido en poco más de año y medio de Gobierno a 5.000 personas más. En cuanto a la financiación, a día de hoy es el principal escollo para avanzar como a nosotros nos gustaría. El Gobierno estatal debería darnos el 50% de la financiación y solo nos da el 16%. Mientras que el Gobierno de Aragón aporta 188 millones de euros, el de Madrid da 31, es decir, debería darnos 60 millones más.
Cuándo a pesar de estas medidas excepcionales no hay nadie que atienda a estos dependientes, porque la gente de su entorno también son personas muy mayores (algo que ocurre con frecuencia en municipios pequeños al borde de la extinción), ¿qué alternativas se les ofrece si quieren permanecer en su vivienda?
Dispone de los servicios que establece la propia ley de dependencia y que hemos desarrollado desde que estamos en el Gobierno: teleasistencia, ayuda a domicilio, promoción de la autonomía personal y centros de día y prestaciones vinculadas al servicio.
La mayoría de esta población, son personas cada vez más mayores y con múltiples patologías. ¿Cómo se puede abordar la atención temprana de estas personas, y el tratamiento de enfermedades crónicas, detectar demencias, en un contexto de aislamiento?
Hemos puesto en marcha el Programa de Promoción de la Autonomía Personal, destinado a dependientes leves y moderados que tiene, precisamente, como objetivo evitar el empeoramiento del estado de estas personas. El servicio se ofrece en los hogares de personas mayores donde se realizan múltiples actividades destinadas a la prevención.
En este contexto ¿Se pueden encontrar oportunidades de inversión y de creación de riqueza en el sector sociosanitario? ¿En que nicho de mercado puede invertir una empresa del sector que esté interesada en trabajar en Aragón?
No entendemos que exista un sector sociosanitario. Estamos hablando de servicios sociales, por un lado, y sanitarios, por otro, que deben coordinarse. En el ámbito de los servicios sociales, que son nuestra competencia, el avance en la puesta en marcha de servicios ha propiciado la creación de 1.000 puestos de trabajo, de acuerdo con los datos del Observatorio de la Dependencia. Los servicios sociales son uno de los principales motores económicos, especialmente en las zonas rurales despobladas y aisladas. En el caso de Aragón hemos propiciado que muchas mujeres del medio rural hayan podido acceder a un empleo.
¿Estamos ante un cambio de paradigma, en el que la población se concentra cada vez más en municipios más grandes, y el resto del territorio se abandona, con el desmantelamiento de servicios públicos y con ello la imposibilidad de que estos se vuelvan a recuperar? ¿Qué reto supone para el planteamiento de políticas sociales este nuevo escenario?
En Aragón no se ha desmantelado nada en el medio rural. Al contrario, trabajamos por afianzar los servicios y ampliarlos para asentar la población. Los servicios sociales y el equilibrio territorial son dos conceptos que se complementan en el caso de Aragón. Este año, al capítulo de comarcas, que se acerca a los 70 millones de euros, se ha unido un fondo social de otros 4 millones. Otro 18 millones se reparten entre los ayuntamientos para proyectos incondicionados.
¿Cree que ha faltado y falta visión de largo y medio plazo de los gobiernos de las administraciones para adoptar medidas que frenen esta sangría del medio rural? ¿Qué las decisiones que se toman y han tomado son coyunturales y no responden al momento que vivimos?
Posiblemente. El problema es grave y requiere de medidas transversales, en las que entran en juego muchos ámbitos de la administración y donde es clave la coordinación y la participación. Es un problema muy extendido, no solo de la España interior sino también de algunas regiones europeas a las que la Unión destina importantes recursos para intentar frenar el proceso de despoblación, de dispersión y de envejecimiento.
Recientemente ha sido creado el cargo de Comisionado del Gobierno frente al reto demográfico, cargo que ha recaído sobre la senadora del PP Edelmira Barreira. ¿Se han entrevistado ya con ella? ¿Cuál seria su principal solicitud a esta Comisionada?
En los últimos meses el Foro de Regiones contra la despoblación ha hecho una buena labor y ha conseguido que la despoblación figure ya en la agenda del Gobierno de España que es quien ha de coordinar todas las acciones en colaboración también con la Unión Europea. Que la despoblación sea una cuestión de Estado es un paso importante. Entiendo que la comisionada ira poniéndose en contacto con las comunidades autónomas para ir avanzando.
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