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Contrastes territoriales

jueves 30 de marzo de 2017, 01:55h

Desde que en España se decidió crear lo que hemos llamado el Estado de las Autonomías, con sus competencias transferidas en distintas materias como educación, sanidad, ordenación territorial, turismo… y en algunos casos también de orden público o fiscales, lo cierto es que los españoles no hemos sido todos iguales ante la ley.

La sanidad no es igual en todas las comunidades. El tratamiento que se hace de nuestra nunca bien alcanzada Ley de Dependencia también varía en función de la región en la que uno se encuentre. Recientemente se discutía por los regímenes fiscales en las CCAA a cuenta de dónde es más barato heredar.

El caso es que todo el mundo pelea por lo suyo –ojo, que no es mala cosa defender lo propio–, pero inevitablemente se generan ciudadanos de distintas categorías. Esto nos lleva a la clara conclusión de que vivimos según un modelo injusto.

Que no se pague lo mismo por una plaza en una residencia que está en Madrid, Barcelona, Jaén o Asturias, por no poner 17 ejemplos, hace que haya personas mayores que en las mismas condiciones estén sometidas a distintos baremos. ¿Por qué? Únicamente por vivir en Madrid, Barcelona, Jaén o Asturias, por no poner 17 ejemplos.

¡Qué diferentes son las cosas según el territorio en el que se esté!

Un último ejemplo de esto que estamos comentando lo vemos en el País Vasco a cuenta del salario de las trabajadoras de residencias o de los ratios o de los pluses o la reducción de horas. El sector de Residencias en Bizcaia pelea duramente con las patronales por tener, no ya las mismas condiciones laborales que en alguna otra comunidad autónoma, sino por equipararse a las de la vecina Gipuzkoa.

Llama poderosamente la atención que mientras patronal y sindicatos acaban de firmar una subida del salario en el sector de atención a la dependencia a nivel nacional en el convenio marco, según el cual sabemos que el salario base de un médico en una residencia es de 1.505,10 euros, el de una gerocultora es 974,62 y el de un director de residencia es de 1.766,86, en Bizcaia no se ponen de acuerdo con cuál debe ser el salario y la subida de una trabajadora de residencia.

Lo dicho, estamos condenados a los contrastes territoriales.

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  • Contrastes territoriales

    Últimos comentarios de los lectores (1)

    66 | montserrat león - 30/03/2017 @ 15:06:48 (GMT)
    Cuando enunciamos principios de igualdad y justicia, está claro que todos somos iguales ante la ley, en su aplicación práctica, es cuando no es posible que a nivel economico todos seamos iguales, y es muy fácil de entender. En su misma ciudad, la ocu seguro que ha practicado estudios demostrables del coste de la cesta de la compra según cadenas de supermercados, y además una misma cadena de supermercados tiene distintos precios por barrios, con lo que 1 misma barra de pan puede oscilar su precio entre un 30 y un 50% dependiendo del barrio y de la cadena de supermercado. Y todo así. Si nos centramos ahora en el precio de la plaza de residencia el número de variables que inciden en el coste es muchísimo mayor, por nombrar unos cuantos: alquiler (por barrios y antigüedad contrato), el coste de la construcción (dependiendo de la antigüedad de la finca, de la calidad de la construcción, de los m2 por residente que tenga), amortización (si está amortizado ó no por ser de reciente construcción), del coste de mantenimiento de la construcción, de las instalaciones, del mobiliario; del nivel de calidad de servicios, del coste de los suministros (diferentes por comunidades y provincias), del ratio de personal de atención directa e indirecta, de las retribuciones a los trabajadores -hay distintos convenios: el nacional de residencias, los provinciales, los autonómicos, el de entidades sin ánimo de lucro, los de empresa, etc..-; la calidad de la alimentación, y tantos otros factores que podríamos enumerar. Es lógico que a nivel público se intente armonizar, pero siendo iguales ante la ley de dependencia, los costes de prestación del servicio son diferentes por cada comunidad autónoma. Madrid y Barcelona son las comunidades más caras de España, es lógicos que los precios públicos sean más elevados en estas comunidades, y es justo que sea así, porque lo que no es justo es que se pagase lo mismo y los costos siendo diferentes, tengan que asumirlos la propiedad.

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