Denuncian trato "discriminatorio" y "contrario al principio constitucional de igualdad" en la financiación de la dependencia

Tras conocerse que el Gobierno se comprometió el pasado 10 de abril a pagar al País Vasco el 50% de la financiación de los servicios de dependencia, la reacción de gran parte del sector geroasistencial y, especialmente de las comunidades autónomas que se sienten agraviadas no se ha hecho esperar.

Hay que recordar que la Ley 39/2006 establece una financiación compartida al 50% entre el Estado y las comunidades, un objetivo que nunca se ha cumplido: actualmente la aportación estatal apenas alcanza el 27%. No hace falta explicar mucho que esta infradotación repercute de manera notable en la calidad de los servicios que se prestan a las personas mayores y dependientes, en la viabilidad económica de los centros y, en última instancia, en la dignidad de estas mismas personas.

La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) mostraba el pasado viernes su rechazo frontal al acuerdo entre el Gobierno central y el País Vasco, por el cual se garantiza a esta comunidad una financiación del 50% del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), un nivel que —denuncian— se niega sistemáticamente al resto de comunidades. La patronal considera esta decisión "inaceptable y discriminatoria", ya que vulnera el principio de igualdad territorial y acentúa una brecha financiera que compromete la sostenibilidad del sistema de cuidados en muchas autonomías, donde los servicios se están prestando “a pérdidas”.

"No se puede premiar a una comunidad con la financiación que por derecho nos corresponde a todos mientras se condena a otras a sostener el sistema sin los recursos necesarios", criticaba el presidente de la FED, Ignacio Fernández-Cid.

La federación exige una rectificación inmediata y plantea cuatro demandas: aclarar los términos del acuerdo con Euskadi, garantizar el 50% de financiación a todas las comunidades, reforzar el nivel mínimo estatal de protección y abrir un proceso de diálogo estructural con el sector. "No se puede seguir precarizando los cuidados", concluye la patronal.

Lares: "Incertidumbre presupuestaria"

En la misma línea, Rafael Luque Muñoz, economista social y ecónomo del Grupo Social Lares, valoraba el acuerdo entre el Gobierno central y el País Vasco como un avance justo, pero insuficiente si no se extiende al resto de comunidades. Aunque destacaba a través de la red LinkedIn que el País Vasco pasará a recibir "el 50% del gasto total que las administraciones vascas certifiquen al Imserso por la gestión del SAAD", recuerda que este porcentaje no es ninguna concesión especial, sino que está recogido en la Ley 39/2006, que establece una financiación del 50% a cargo del Estado y otro 50% por parte de las comunidades autónomas.

Luque advierte que la ley nació "infrafinanciada desde su comienzo y nunca dispuso de esa financiación ni nadie se ocupó de dotarla". Por ello, aunque considera que el acuerdo con el País Vasco podría interpretarse como "el primer paso para igualmente darlo #YA al resto de comunidades", teme que se quede en una medida aislada. Pone como ejemplo la situación de Andalucía, donde, según denuncia, "no solo se niega ese mismo porcentaje, además no fija porcentaje alguno", lo que provoca una gran "incertidumbre presupuestaria" y serios problemas para los centros residenciales, especialmente los no lucrativos.

Según datos que aporta, el precio que paga la Junta de Andalucía en 2025 por plaza concertada es de 60,62 euros, una cifra muy similar a la de 2010. "Dicho de otra forma, las entidades con plazas concertadas están trabajando a pérdidas", afirma, señalando que el motivo principal es que el Gobierno central aporta solo el 30% en Andalucía, lo que deja un 20% sin cubrir. Además, denuncia que el pacto con Euskadi ha sido exclusivo y reclama reciprocidad: "Las comunidades autónomas han exigido reciprocidad y que se aumente la cantidad que aporta el Gobierno de España a través del nivel mínimo de protección".

Cantabria denuncia trato discriminatorio

Del mismo modo, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Gobierno de Cantabria, Begoña Gómez del Río, calificaba de “absolutamente inaceptable, discriminatorio y contrario al principio constitucional de igualdad” el acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno Vasco. En tono político, afirmaba: "Sánchez ha decidido que la igualdad entre comunidades autónomas se gestione por decreto y conveniencia política. Mientras el País Vasco recibe la financiación que marca la ley, al resto se nos sigue negando año tras año".

Gómez del Río respaldaba las reclamaciones de organizaciones como la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) y ha exigido un trato igualitario: "O todos o ninguno, pero no podemos seguir aceptando decisiones que generen ciudadanos de primera y de segunda según el territorio en el que vivan".

Recordaba que la Ley de Promoción de la Autonomía Personal establece una cofinanciación equitativa entre Estado y comunidades, pero denunciaba que "Cantabria ha soportado durante años un esfuerzo desproporcionado, mientras el Estado ha ido reduciendo progresivamente su implicación financiera", lo que ha repercutido negativamente en la calidad del servicio, la sostenibilidad de los centros y la dignidad de las personas atendidas.

Gómez del Río detallaba la evolución de la financiación estatal en Cantabria: en 2022, el Estado solo cubrió algo más del 30% del coste; en 2023, ese porcentaje apenas superó el 32%; y en 2024, se desplomó al 20%. "Mientras Cantabria destinaba más de 183 millones de euros a la dependencia en 2024, el Estado apenas aportó 46 millones", afirmaba.

Instaba también, por tanto, al Gobierno central a abrir “un diálogo estructural y transparente” para abordar problemas crónicos del sistema como la infrafinanciación, la falta de personal, la rigidez normativa y la necesidad de un modelo de concertación sostenible.

Andalucía exige el mismo acuerdo

Del mismo modo, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha retado a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a firmar "mañana mismo" con Andalucía el mismo acuerdo que el Ejecutivo ha alcanzado con el País Vasco.

Según la consejera, se trata de "una financiación que niega a los andaluces" y ha calificado la situación como un "nuevo hachazo" a Andalucía. López ha hablado de "una ministra andaluza que trata a los dependientes vascos como ciudadanos de primera y a los andaluces con la punta del pie".

La consejera recordaba: "Según arrojan los documentos públicos y oficiales, la ministra Montero ha acordado pagar al País Vasco el 50% de la dependencia por la puerta de atrás, a través del mecanismo del Concierto Económico vasco". Incidía en que por este motivo "las cifras no aparecen en los datos del Imserso".

Finalmente, Loles López exige al Gobierno de España “que el pacto con el País Vasco se firme también con Andalucía, comunidad autónoma con el sistema de la dependencia más grande de España”.

Además de las críticas expresadas por Cantabria y Andalucía, otras comunidades autónomas han manifestado su descontento respecto al acuerdo entre el Gobierno de España y el País Vasco sobre la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Así, la consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha criticado la financiación que recibe la Comunidad Valenciana en materia de dependencia e instó al Ejecutivo central a que "deje de mirar hacia otro lado" y "pague lo que debe" por ley a la Comunitat para prestar los servicios de dependencia, ya que sus aportaciones "ni siquiera llegan al 25%".

Además, calificó de "humillante" que el Gobierno no atienda la infrafinanciación valenciana, acusando al Ejecutivo de estar más ocupado en la negociación bilateral con los independentistas que en resolver la financiación autonómica de los territorios .

Igualmente, la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha criticado duramente este acuerdo mientras el resto de las autonomías sigue sin recibir el porcentaje que marca la ley. En el caso de Aragón, recuerda, del total de 320 millones de euros destinados al sistema de atención a la dependencia, el 65% proviene de fondos propios de la comunidad.

Susín ha subrayado que Aragón está cumpliendo con su responsabilidad, ya que ha aumentado en un 14% el número de personas dependientes atendidas y en un 23% las prestaciones concedidas. Frente a este esfuerzo, acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de infrapresupuestar a las comunidades que están trabajando bien mientras prioriza acuerdos con sus socios políticos.

"Estamos ante una nueva cesión, como tantas otras, como una cuota de alquiler que ha de pagar cada mes Pedro Sánchez para seguir en la Moncloa", ha declarado Susín, calificando este acuerdo como un ejemplo más de los "privilegios, las afrentas y las desigualdades" que, a su juicio, impone el Ejecutivo central favoreciendo "a unos, los mismos de siempre", en perjuicio del resto.

"Comunidades de primera categoría y comunidades de segunda"

Del mismo modo, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha denunciado que el Gobierno central le niega a Galicia lo que da al País Vasco en materia de dependencia. La Xunta recordó que Galicia lleva años reclamando que se cumpla lo dispuesto en la Ley de Dependencia, que obliga a financiar a partes iguales la inversión en este servicio .

Su conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha denunciado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "da un nuevo paso a la hora de establecer comunidades de primera categoría y comunidades de segunda", tras acceder al acta de la reunión bilateral entre la ministra de Hacienda y el País Vasco. Según García, este acuerdo con Euskadi vulnera el principio de igualdad entre territorios.

Lejos de avanzar hacia ese equilibrio, Fabiola García advirtió que "la aportación estatal baja en Galicia", pasando de casi el 40% en 2023 al 34,9% en 2024. La conselleira cifró en 2.500 millones de euros la deuda acumulada del Gobierno central con los gallegos por esta infrafinanciación. Además, alertó de que el Ejecutivo reparte los fondos "de manera desigual, dependiendo de donde gobiernen sus socios parlamentarios", lo que, en sus palabras, "sitúa a los dependientes vascos como de primera categoría mientras deja a los gallegos en la segunda".