La reducción de la jornada laboral que propone el Gobierno, sin planificación ni consenso, pone en peligro la sostenibilidad del sistema de cuidados

Las principales asociaciones empresariales del ámbito de atención a la dependencia han manifestado su inquietud por el avance en el Parlamento del Proyecto de Ley que propone disminuir la jornada máxima legal de trabajo. Si esta reforma se aprueba tal como está planteada, tendrá consecuencias muy perjudiciales para un sector crucial que ya se enfrenta a una falta de financiación adecuada y numerosos desafíos en la atracción y formación de profesionales.

Las patronales enfatizan, en primer lugar, que un análisis riguroso y detallado de los efectos que una reforma de tal magnitud tendría sobre el tejido productivo es fundamental, especialmente en sectores como el de los cuidados, que ofrecen un servicio esencial a la sociedad. Asimismo, es crucial que esta reforma se realice con el mayor consenso posible entre todos los agentes sociales para asegurar su viabilidad y responsabilidad. Sin embargo, actualmente, dicho consenso no se ha logrado.

Falta de personal cualificado

Uno de los retos más significativos que enfrenta el sector es la grave falta de profesionales capacitados. Sin un plan de contingencia adecuado, la reducción de la jornada laboral podría empeorar aún más esta problemática. Con la disminución de las horas disponibles por cada profesional, será necesario contratar a más personas para mantener los niveles de atención actuales, lo que agrava la ya complicada búsqueda de personal cualificado y, al mismo tiempo, incrementa los costos asociados.

En este momento, las entidades del sector se encuentran ante serias dificultades para atraer y retener talento. Aunque esta medida pueda tener buenas intenciones, ignora la realidad de un sector con carencias estructurales significativas y pone en peligro la continuidad de los servicios ofrecidos a personas en situación de dependencia.

De acuerdo con el informe titulado “Estimación de necesidades de trabajadoras de cuidados de larga duración a 2030”, elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se estima que para el año 2030 el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) requerirá un total de 751.300 profesionales. De esta cifra, 261.400 corresponderán a nuevas incorporaciones, lo que representa un aumento del 53% en comparación con la actualidad.

Este panorama, que ya es bastante exigente, se volverá insostenible si no se cuentan con los recursos adecuados y se implementa una jornada reducida.

Aumento de costes

La reducción de la jornada laboral generará, sin duda, un aumento en los costes del servicio. Dado que el sector depende en gran medida de la mano de obra, será necesario incrementar las plantillas para asegurar la atención continua que se requiere. Esto representará una carga económica adicional que resultará insostenible tanto para las familias que utilizan servicios privados como para las entidades proveedoras, cuyas márgenes y sostenibilidad económica se verán amenazadas.

Como consecuencia, podría producirse una fragmentación en la atención y una rotación constante del personal, lo que a su vez podría erosionar la confianza entre el usuario y el cuidador, afectando negativamente la experiencia de quienes reciben asistencia.

No asegura mejoras al trabajador y desindexación

Respecto al efecto en los trabajadores, la disminución de la jornada no asegura mejoras. La labor que actualmente realiza un individuo podría ser dividida entre dos personas, lo que complicaría las contrataciones por períodos breves y favorecería el empleo a tiempo parcial.

Es importante tener en cuenta que una gran parte del sector funciona bajo modalidades de gestión indirecta en el ámbito público. La Ley de Desindexación vigente dificulta la actualización de los precios de los contratos mientras estos estén en efecto, lo que impide que se reflejen los nuevos costos generados por dicha medida. Esta falta de flexibilidad normativa pone en riesgo la sostenibilidad económica de numerosas entidades y servicios.

En el ámbito de la negociación colectiva

Finalmente, las organizaciones empresariales subrayan que la negociación colectiva es el ámbito adecuado para regular la jornada laboral. La imposición de condiciones a través de la legislación atenta contra este principio, lo que provoca tensiones en el diálogo social y complica los acuerdos en un sector que presenta diversas particularidades.

Las autoridades competentes son instadas por las patronales del sector de atención a la dependencia a reconsiderar la aprobación de esta reforma, ya que se hace sin un diálogo previo y sin considerar las necesidades específicas del sector. Se pide también que se inicie un proceso auténtico de consulta con los agentes sociales, las patronales y todos los grupos parlamentarios. Además, se solicita la inclusión de un periodo de transición razonable y la flexibilidad necesaria para ajustar los tiempos de trabajo a las particularidades del sector.

La sostenibilidad de los servicios de atención a la dependencia solo podrá garantizarse de esta manera, lo que permitirá proteger tanto a las entidades que los ofrecen como a las personas que reciben dicha atención.