El Círculo Empresarial de Atención a las Personas solicita que se reconozca formalmente al sector de la atención a las personas mayores y la dependencia como un servicio esencial, similar a la Sanidad.
El Gobierno ha recibido este martes una exigencia del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs) para que realice un “giro urgente” en su política de cuidados, dado que no se han observado avances estructurales en un sector vital para la dignidad de miles de personas mayores y dependientes en toda España.
Esta solicitud fue planteada durante una reunión telemática con la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, a la que asistieron el presidente de CEAPs, Rafael Sánchez-Ostiz; la directora general, Marina del Corral; las vicepresidentas Pilar Ramos y Cinta Pascual; y el vocal Juan Carlos Campón.
CEAPs ha solicitado que se reconozca formalmente al sector como un servicio esencial, similar a la sanidad, ya que solo de esta manera se podrá asegurar la seguridad jurídica para los profesionales, los centros y las personas atendidas en situaciones de emergencia. “La pandemia, la DANA o el apagón han demostrado que no podemos seguir a expensas de interpretaciones; necesitamos una norma clara que nos reconozca como lo que somos: un servicio esencial”, han argumentado ante la secretaria de Estado.
Financiar estructuras críticas
Asimismo, se ha relacionado este reconocimiento con la urgencia de que el Gobierno se encargue de financiar infraestructuras críticas, incluyendo la instalación y el mantenimiento de generadores en residencias. Esto es similar a lo que se establece para otros servicios esenciales, como los hospitales. “Si somos un servicio esencial, debe contemplarse también una financiación pública específica para la adquisición y mantenimiento de estos equipos. Sin este respaldo, el simple hecho de tener un generador no garantiza el suministro, ya que ni siquiera estaría asegurado el acceso al combustible en una emergencia”.
En la reunión, un aumento estructural de la financiación pública para la Dependencia ha sido exigido por CEAPs, con un objetivo mínimo del 2% del PIB. La situación actual, donde la financiación se sitúa en un 0,9 por ciento y nos coloca entre los países con menor apoyo en la Unión Europea, impide cualquier posibilidad de mejora o evolución. “No se pueden acometer desarrollos en calidad ni en servicios si no se acompasan con un ajuste realista de tarifas, presupuestos o fórmulas de compensación”, han señalado. Además, han afirmado que “en estas condiciones, el desarrollo del sector se convierte en un espejismo, ya que cualquier avance acaba ahogado por la rigidez financiera”.
La reducción de jornada, imposible de aplicar
La crisis de profesionales en el sector ha sido otro de los temas clave abordados en la reunión. La CEAPs ha señalado la falta de acciones efectivas para solucionar un problema que ya dificulta la cobertura de plazas, especialmente en áreas rurales. Además, advierte que esta situación podría empeorar con la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas anunciada; una medida que, según CEAPs, es “imposible de aplicar”, ya que requeriría una reorganización de los turnos e incluso la creación de un cuarto en los centros.
La reestructuración propuesta por CEAPs se enfrenta de manera directa a un sistema de precios de concierto desigual en España, el cual genera “la existencia de ciudadanos de primera y de segunda, en función de donde residan”. Este sistema no se revisa y permanece estancado durante toda la duración estipulada en el concurso, además de verse afectado por la paralización de los PGE. “Sin una fórmula clara de indexación o actualización de precios, la medida sólo podría aplicarse a costa del bolsillo de las personas usuarias”, han señalado, al tiempo que exigían la implementación de medidas para facilitar la contratación de profesionales en su país de origen y mejorar el proceso de acreditación para extranjeros.
Desinstitucionalización con financiación adecuada
El Gobierno ha recibido una solicitud de CEAPs para que cese la legislación “sin escuchar” a los profesionales que se ocupan directamente de las personas usuarias, así como a los gestores de residencias, centros de día y servicios de atención a domicilio. Estos son quienes deben llevar a cabo la implementación de las medidas y están involucrados en el cambio del modelo. Aunque CEAPs respalda la idea de que las personas con pérdida de autonomía personal permanezcan en sus hogares el mayor tiempo posible, en línea con la estrategia de desinstitucionalización, también exige tener voz y que se garantice una financiación adecuada.
Se ha sugerido la elaboración de un Plan de Accesibilidad de Suelo con el objetivo de facilitar la creación de nuevas plazas residenciales, dado que actualmente se estima un déficit superior a 70.000. Asimismo, se plantea una Estrategia Nacional para la Prevención de la Dependencia y la Soledad No Deseada, que debe ser “realista y ajustada”, elaborada en colaboración con entidades como CEAPs y representantes de asociaciones de mayores, quienes son interlocutores clave para el desarrollo de estas iniciativas.
Sánchez-Ostiz afirma que “el futuro de los cuidados no puede seguir apoyándose exclusivamente en el esfuerzo de las personas usuarias y de sus familias, ni puede sostenerse sin profesionales que den respuesta a la creciente necesidad de demanda en todo el territorio. Ya no caben más parches ni promesas sin respaldo: Si queremos garantizar una atención digna, profesional y sostenible, es imprescindible una revisión profunda del modelo de financiación, adaptado a la realidad social, laboral y económica actual. Lo demás es maquillaje”.