Julia Montserrat: "El sistema de la Dependencia se caracteriza por una infrafinanciación... destinar el 2% del PIB es una quimera, es un sueño”

Durante la jornada científica sobre Sistemas de Dependencia organizada por la Fundación Caser, la doctora en Economía, investigadora en el ámbito de la protección social, Julia Montserrat, destacó que “el sistema de la dependencia se caracteriza por una infrafinanciación, un problema crónico desde que se inició la Ley de la Dependencia; también, en segundo lugar, por una multiplicidad de agentes en esta financiación; y en tercer lugar, por una burocracia y complejidad en el sistema de gestión”.

De esta forma, Montserrat, que impartió una conferencia sobre La financiación de la Atención a la Dependencia y centró su ponencia principalmente en los fallos del sistema, subrayó que “gastamos únicamente el 0,8% del PIB, que se incrementa dos décimas cuando incorporamos la parte sanitaria”, quedándose en un 1%, “pero en Dependencia, el tramo del IMSERSO que es la dependencia social, recalcó, sólo nos gastamos un 0,8%”.

A la pregunta qué hace falta para tener una financiación adecuada, a cuánto debería ascender la aportación del Estado al Sistema de la Dependencia para que la atención sea total y de calidad, Montserrat contestó que “no se ha hecho todavía un estudio profundo” al respecto, pero calcula que “como mínimo habría que poner un 50% más, aproximadamente... entre un 1,3 y un 1,4% del PIB”.

No lo puede decir “preciso porque no tiene esa estimación realizada, pero sí que se necesitan más ingresos, eso está clarísimo”, afirmaba.

Recordó que la media de los países de la OCDE es el 1,5% del PIB y subrayó que “desde el primer día, la infrafinanciación de la Dependencia es un hecho y que no se pueden aceptar impuestos a la financiación porque está prohibido por la UE, pero sí que el Estado puede hacer una mayor asignación cuando hace los Presupuestos y donde pone 1.000 puede poner 1.500. Se puede hacer tranquilamente, es cuestión de ponerse, de decir, se tiene que hacer y yo creo que se hará”.

Desde luego, insistió, que “el 2% del PIB”, como se pide desde distintas patronales, “es una quimera, es un sueño”.

Limbo de la Dependencia

En otro orden de cosas, la investigadora señaló que “la Ley de la Dependencia ha sido un gran hito para la mejora de los cuidados de larga duración, es decir, un gran avance social respecto a lo que teníamos antes” y destacaba que “aunque sea insuficiente se ha puesto mucho dinero”.

Explicó que “en los últimos años se ha invertido bastante gracias al Plan de Choque con financiación extra porque se veía que no se llega”. En la actualidad, apuntó, “no vamos muy bien y con datos del último mes de octubre, “hay casi 200.000 personas en el limbo de la dependencia, en lista de espera”.

La prestación económica está de moda

Julia Montserrat apuntó que la prestación económica vinculada al servicio es un instrumento que todas comunidades autónomas utilizan cada vez con más frecuencia: “La prestación económica está de moda porque supone aportar menos dinero de su bolsillo a los servicios para la dependencia de las personas”.

También porque “es más rápida su aplicación” y, por consiguiente, “se reduce la lista de espera”. Es verdad que “para el usuario del sistema es mejor porque recibe algo de dinero sin tener que esperar dos años”.

Crítica con esta herramienta, Montserrat entiende que “para las comunidades autónomas es un negocio”, ya que hacen menos gasto, pero “para el usuario es un desastre” porque la Administración regional “se desentiende de lo que le pase al usuario al contratar por su cuenta el servicio” con terceros: “La persona queda al albur del servicio contratado… la Comunidad Autónoma deja sin defensa a la persona”.

La libertad de elección

Preguntada durante el debate igualmente por la libertad de elección a la que hacen referencia muchos usuarios del sistema cuando eligen las PEVs porque si esperan a que les toque residencia, en muchas ocasiones no pueden elegir, Julia Montserrat hacía especial hincapié en que “en parte es verdad, pero también puede ser que elijan la PEVs por ignorancia, porque no sabe que paga más con la prestación económica que con el copago”.

La investigadora opina que “mejoraría la libertad de elección del centro si se pusieran más fondos para la concertación de centros y servicios”. Lamentaba que “si sabes -en referencia a la Administración- que tienes una lista de espera de más de 200.000 personas, haz algo, concierta más, puedes hacerlo”.

“En algunas comunidades autónomas hay una cierta libertad de elección, pero el problema es que hay pocas plazas concertadas, muchas residencias están llenas”.

¿Cambiar el sistema? No, sería caro

En la jornada científica organizada por Fundación Caser participó también el profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, Vicente Marbán Gallego, que habló de Gobernanza en el Sistema de Atención a la Dependencia, reconoció que el sistema que tenemos en España no es el más efectivo, pero no sería viable cambiarlo.

“El sistema de gobernanza es complejo, pero con la cantidad de necesidades sociales que hay de atención a la dependencia, cambiarlo supondría unos costes de transacción tan altos que no podemos estar cambiando el sistema porque retrasaría la atención más de lo que ya se está atendiendo”, señalaba.

Preguntado por algún modelo alternativo, Marbán apuntó que podría ser “incluirlo en el marco de la Seguridad Social para centralizar el sistema, pero cambiar ahora este modelo es irreversible porque las CCAA se negarían”. “El sistema está montado sobre una base que lo que habría que hacer es perfeccionar con más inyección de recursos, más personal técnico, que las evaluaciones se agilicen, que desapareciera la lista de espera porque falta personal de evaluación, que sea menos garantista, que no se sobrecargue a la administración con requisitos”, enumeró.

Finalmente, reconoció que es importante disponer de “más recursos económicos”, de más financiación, “para dotar de más personal”.

Cómo hacer sostenible el sistema

También hizo referencia a la financiación del sistema Pablo Rubio Valor, director de Operaciones en Caser Residencial, que, en concreto, se refirió a cómo hacer sostenible el sistema de atención a la dependencia: “Incrementar la financiación de las plazas es fundamental para hacer sostenible el sistema”.

Pero Rubio se lamentaba de que al final estamos en “un sistema muy cerrado”: “Plazas concertadas que son muy costosas. Las plazas públicas de gestión directa cuesta tres veces que una concertada en un centro de provisión privada”.

Por otra parte, también del sistema sanitario para hacer sostenible el de la dependencia: “El sistema sanitario es un drenaje de fondos inmenso que, al final, tiene a personas crónicas en hospitales de agudos, que tiene a personas en unidades de cuidados paliativos, que en lugar de estar en un centro intermedio está en un hospital”.

Y, sobre todo, añadió el responsable de Caser Residencial, el sistema farmacéutico: “Todos los ciudadanos pagamos los medicamentos de las personas mayores a precio PVP en una oficina. Imagina que el sistema sanitario español pudiera comprar a los laboratorios directamente, nos quitaríamos un 20 o 30% de gasto farmacéutico. Con eso tienes para hacer mucho más eficiente el sistema y evitar la subida de impuestos que esto provoca”.

Finalmente, apuntó otro de los grandes problemas que encarecen el sistema: “Los centros de media estancia y sociosanitarios... La dependencia viene por tramos, no es lineal y esos tramos hacen que vayas a un hospital y estés una semana o tres días, te curen o te intervengan de lo que necesites y puedas seguir luego a una cama sociosanitaria”.

Pero, “¿quién se atreve a cerrar un hospital para convertirlo en residencia?”, se pregunta Rubia, que se contesta: “La demanda del sistema sanitario es infinita por lo que nadie se atreve a cerrar una cama hospitalaria, pero hacer el sistema eficiente implica cerrar camas hospitalarias y abrir camas sociosanitarias”.

Calidad e impuestos

Igualmente se pronunció sobre financiación, pero también de calidad Joseba Zalakaín, del SIIS Centro de Documentación y Estudios, e hizo referencia a la necesidad de más ingresos en impuestos: “Solo con subir impuestos no vamos a mejorar el sistema, pero si no hay más recursos públicos y los recursos públicos se financian con impuestos, habiendo más necesidades de salud, de pensiones y otras necesidades sociales que hay que cubrir, lo que no podemos pretender es tener servicios universales y de calidad que dice la ley con unos impuestos que son de los más bajos de Europa”.

“Los servicios públicos se pagan con impuestos y en España se pagan pocos impuestos”, sentencia Zalakaín, que añade: “El problema es que puedes tener un sistema muy malo y muy caro pero es muy difícil tener un sistema muy bueno y muy barato”.

“O lo paga a quien le ha tocado la contingencia de la dependencia cuando le ha tocado o lo pagamos entre todos antes como funciona un seguro, de forma que tu pagas y si no te pasa nada, mejor para ti pero no has dejado de pagar. Y si te pasa, llamas al seguro y responde”, señalaba.

Pero volviendo a las residencias, apuntaba: “Aquí nos pensamos que con 57 euros de tarifa de concertación vamos a dar un buen servicio de calidad y eso es imposible, luego sí pasa por subir los impuestos”.

“Hay una esquizofrenia entre lo que la gente cree que tiene que recibir de la administración y los impuestos que realmente paga... Lo que no podemos pretender es tener servicios públicos infrafinanciados. Hay que elegir: o tener servicios públicos o no tenerlos”, concluye el responsable del SIIS Centro de Documentación y Estudios.