Acalerte tranquiliza a sus asociados tras la sentencia que anula el decreto de autorización de residencias

La sentencia que ha anulado el Decreto de autorización de residencias de Castilla y León ha causado trastornos en el sector de la región, que piensa que pueden verse afectados los ratios del personal encargado, de las plazas de enfermería o que se hayan rebajado las exigencias relativas a los profesionales. Los responsables de las residencias se encuentran en una situación en la que no saben a qué atenerse.

Pero, ¿qué significa ‘de facto’ esta sentencia que anula el decreto?

El presidente de la Federación de Castilla y León de Residencias de la Tercera Edad (Acalerte), Diego Juez, ha explicado a NGD que “en principio, el problema de esta sentencia es puramente formal”. Apunta que “se basa en que la gerencia de Asuntos Sociales no ha hecho una memoria económica completa y, por tanto, el decreto no tiene validez”.

La propia sentencia justifica la nulidad en su “defectuosa calidad normativa al carecer de la imprescindible memoria económica”.

Pero Juez recuerda que “la sentencia todavía no es firme y, aunque no sabemos si se recurrirá, en principio no pone en peligro el modelo, ni las unidades de convivencia” e insiste en que “únicamente se refiere al aspecto puramente formal de la memoria económica”.

El presidente de Acalerte no cree que esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que ha declarado nulo de pleno derecho el Decreto 2/2016 de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención de las personas mayores en la Comunidad publicado en el BOCyL de 5 de febrero de 2016 vaya a afectar de manera efectiva al funcionamiento de las residencias.

“No, yo creo que este es un camino en el que es difícil dar ya marcha atrás”, destaca Diego Juez, que añade: “No creemos que vaya a cambiar nada de lo que incluye el nuevo decreto porque nos ha costado mucho convencer de que se trata de un modelo que da mucha más importancia a las auxiliares, al personal técnico”.

Explica que en toda la comunidad le han echado a este modelo mucha formación: “Le hemos impartido muchísima formación a todas las residencias de Castilla y León y, dentro del acuerdo que tenemos con la Junta, esta promoción todavía durará otros cuatro años en los que tenemos como referencia la atención centrada en la persona o que el mayor sea el que decida”.

Diego Juez está convencido de que se solucionará: “Estamos en conversaciones con la Gerencia de Asuntos Sociales para ver cómo se puede solucionar y de qué forma porque la sentencia previa todavía no es firme e imagino que el equipo de abogados de la Junta estará estudiando si recurrir o no recurrir”.

Opina que “la Gerencia tendrá que adoptar las medidas oportunas y elaborar de forma correcta la memoria económica”.

Para terminar, el responsable de la patronal castellanoleonesa ha informado de que se van a reunir la semana que viene con los asociados “para tranquilizarles y explicarles que esto no supone ningún cambio. Entendemos que cuando se solucione este problema puramente formal volveremos otra vez a la situación que teníamos”.

Enlace de interés: Residencia de tercera edad en Castilla y León