La nueva norma crea un catálogo de prestaciones.
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha intervenido en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', donde ha realizado balance de los treinta años de existencia de los servicios sociales comunitarios, y ha destacado que la nueva Ley andaluza de Servicios Sociales recientemente aprobada supondrá un "hito histórico" en el fortalecimiento del Estado del Bienestar.
En este sentido, Sánchez Rubio ha subrayado que los servicios sociales se han convertido en un "elemento esencial de cohesión social", fomentando una sociedad "cada vez más avanzada y generando recursos de forma sostenible y adaptados a las nuevas demandas y realidades sociales, a partir de un modelo tan justo como solidario". En la actualidad, los Servicios Sociales Comunitarios de Andalucía atienden a más de un millón de personas y cuentan con más de 30.400 profesionales.
Durante su intervención ante unos 300 asistentes, la responsable de las políticas sociales ha defendido que "las políticas sociales no son un gasto, sino una inversión: en calidad de vida para las personas y los sectores más vulnerables de la sociedad, y generando efectos económicos positivos como el empleo y los retornos que conlleva. Por tanto, la inversión en políticas sociales cumple una triple función: garantiza la atención a la población con necesidades sociales; genera empleo y presta un apoyo fundamental a las familias. Lo que viene a demostrar que invertir en políticas sociales es invertir en cohesión social, en empleo estable y no deslocalizable".
Sánchez Rubio ha detallado en el Fórum las bondades de la recién aprobada Ley de Servicios Sociales, una norma "que blinda las prestaciones básicas a las que puede acceder la población andaluza, universaliza los servicios sociales y garantiza la titularidad y la gestión pública de los servicios sociales comunitarios, servicios que se configuran como el primer nivel de referencia para la atención de las necesidades, la planificación, la intervención, tratamiento, seguimiento, evaluación de la atención y coordinación con otros agentes institucionales del sistema público de servicios sociales de Andalucía, garantizando la universalidad en el acceso al mismo y su proximidad a las personas usuarias, familias, unidades de convivencia y grupos de la comunidad".
La consejera ha resaltado que la ley incluye otras herramientas de "gran calado como la historia social única digitalizada y una tarjeta social universal para cada persona del sistema", persiguiendo además "una administración más eficiente y eficaz y una atención integral y coordinada a las personas que accedan al sistema público de servicios sociales. A su vez, pretende dotar de mayor transparencia a los servicios y prestaciones que se ofrecen, y permitirá mejorar el Mapa de Servicios Sociales de Andalucía, "definiendo los criterios poblacionales más idóneos para la implantación de las prestaciones".
La titular de Igualdad y Políticas Sociales ha recordado que la nueva norma crea un catálogo de prestaciones de servicios sociales, en el que distingue entre prestaciones de servicios y prestaciones económicas, entre prestaciones garantizadas y condicionadas. Entre las prestaciones garantizadas, destacan los servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento; la teleasistencia; la atención en urgencia social; los servicios específicos de protección de menores en situaciones de riesgo o desamparo; las prestaciones económicas específicas y directas contra la exclusión y para la erradicación de la marginación; la protección jurídica y social de personas con capacidad limitada; las prestaciones ligadas a las situaciones de dependencia; el servicio de ayuda a domicilio de los servicios sociales comunitarios no vinculados a la Ley de la dependencia; el alojamiento alternativo; la prestación de servicios de apoyo psicosocial y psicoeducativa de atención a la infancia y la familia, y el tratamiento integral para las personas con problemas de drogodependencia y otras adicciones.
Ha resaltado que la nueva Ley "no habría sido posible sin la colaboración, el trabajo y la complicidad de los ayuntamientos, diputaciones, agentes sociales, colegios profesionales, Defensor del Pueblo, y todas aquellas instituciones y entidades que han sido actores principales en el desarrollo de los servicios sociales, y que han sido fundamentales en la creación y evolución de este cuarto pilar del Estado de bienestar".
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