Más de 300 personas participaron, de manera presencial o virtual, en la jornada "Distintos Puntos de Vista sobre el Nuevo Decreto de Tipologías" que organizó la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) ayer en Valencia. El objetivo era ofrecer distintas opiniones sobre el procedimiento de elaboración de la norma y la valoración del resultado de la misma.
La apertura corrió a cargo de la Dra. Sacramento Pinazo, presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología (SVGG), que dio una lección magistral sobre el cuidado a personas mayores y la necesidad de contar con una base científica en las propuestas de nuevas normativas sobre el sector. Explicó que la SVGG no había participado en ningún momento en el proceso de elaboración de la norma, algo que no deja de sorprender negativamente y que refuerza el pronunciamiento hecho por el Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana y el Consejo Jurídico Consultivo en este sentido.
Tras un análisis del procedimiento de elaboración de la norma y las disposiciones transitorias que recoge el Decreto, que llevó a cabo el presidente de AERTE José María Toro, se dio paso a una mesa redonda en la que participaron la Federació Valenciana d’ Associacions de Familiars i Amics de Persones amb Alzheimer (FEVAFA), la Asociación Profesional de Instituciones de Menores de la Comunitat Valenciana (APIME), la Asociación Coordinadora de Recursos de Atención a Personas con Diversidad Funcional Intelectual (COPAVA) y la SVGG en la que explicaron que en el nuevo decreto no se había tenido en cuenta las aportaciones más importantes, fruto del trabajo de años en los distintos servicios y centros, que habían llevado a cabo dichas entidades.
Santiago Llopis, presidente de FEVAFA, comentaba que no se habían recogido centros específicos para personas con Alzheimer; Esteban Burillo, presidente de APIME, indicaba que había en los nuevos centros de menores más metros cuadrados destinados a las plantillas que a las personas usuarias y que estaba enfocado desde un punto de vista adultocéntrico; Montse Rams, presidenta de COPAVA, se lamentaba de que a pesar de todo el trabajo hecho y las aportaciones realizadas, no se había escuchado nada por parte de la Consellería y Sacramento Pinazo, presidenta de la SVGG, insistía que no se habían generado los recursos adaptados a las necesidades de las distintas personas.
Por último, hubo una segunda mesa redonda con el Centro Residencial de Atención a Salud Mental y viviendas supervisadas CEEM Xeraco, el Centre de Dia Montcalet, la entidad de servicios de ayuda a domicilio Atentia y la Residencia para personas mayores Parqueluz en la que quedó constancia que el decreto estaba muy alejado de la realidad de los distintos servicios y que van a conllevar un incremento de las tarifas por la aplicación de los nuevos requisitos, sin que esté garantizado que las ayudas a las personas usuarias se incrementan en la misma cantidad.
Carmen Betoret, de Montcalet, afirmaba que éste es un cambio inviable y que se han tomado decisiones desde los despachos sin visitar los centros; Vicente Ribes de Atentia lamentaba que no se hubiera dado una regulación más adecuada al SAD a pesar de la supuesta apuesta de la Consellería por impulsar la ayuda a domicilio; Susana Jarque de Parqueluz, adelantaba que habría personas usuarias que acabarían dándose de baja por no poder asumir los costes de los nuevos requisitos y que había centros que se volverían inviables e Inma Monzó de CEEM Xeraco recordaba la contradicción entre apostar por la autonomía de las personas y, al mismo tiempo, incrementar de manera desproporcionada el número de profesionales en los centros de salud mental
“En definitiva, una oportunidad perdida para regular el sector con una nueva normativa que todas las partes consideran absolutamente necesaria y con la financiación suficiente para que no le cueste un euro más a nadie” concluyó el presidente de AERTE.
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