El Consell Juridic Consultiu ha aprobado su dictamen sobre el Proyecto de Decreto, por el que se regula la tipología y funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales y su ordenación dentro de la estructura funcional, territorial y competencial del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales con dos observaciones esenciales. La primera hace referencia a que se estima que la norma debería venir acompañada por un informe la situación actual del sector y de la incidencia económica para las personas usuarias. La segunda indica que deberían valorarse las alegaciones llevadas a cabo por AERTE en relación con la memoria económica del proyecto para comprobar si efectivamente son correctas.
Las observaciones esenciales, según el Decreto 37/2019 que aprueba el reglamento del CJC, indican el reparo del Consell a aquellos preceptos de un proyecto normativo que pudieran comprometer la plena observancia de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico. “Que el dictamen, en este caso, no sea vinculante para la Generalitat Valenciana, no quiere decir que esa situación deba ser ignorada. Al contrario, cualquier persona con responsabilidad política debería entender que, si se plantean objeciones jurídicas de tanto calado a un proyecto por parte del CJC, habría que resolverlas antes de la aprobación definitiva del Decreto” indicó Toro.
El Consell Juridic Consultiu también insiste en la necesidad de estudiar adecuadamente las valoraciones hechas por AERTE a la memoria económica y que, según ésta, tiene una desviaciones muy importantes respecto a los cálculos que se han hecho por parte de la Consellería, lo que provocaría un aumento muy importante del copago que hacen las personas usuarias en distintos centros y que podría provocar que muchas personas no pudieran seguir recibiendo estos servicios como hacen hasta ahora.
“La Consellería ha venido negando sistemáticamente los cálculos hechos por AERTE, pero tanto el CES como el CJC han planteado las mismas dudas sobre la memoria económica. ¿Hasta cuando va a seguir insistiendo la Generalitat Valenciana en dicho error?¿Importa más “colgarse la medalla política” que el impacto económico que va a tener en las personas usuarias?” se preguntaba el presidente de AERTE.
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