Se trata de uno de los decretos que desarrolla los principios de la Ley de Servicios Sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana y es el primer decreto que se aprueba en línea con los criterios de acreditación aprobados por el Ministerio de Derechos Sociales, el llamado 'Acuerdo Belarra', aunque los trabajos y los puntos del texto se empezaran a trabajar con anterioridad a los del Gobierno.
Así, el Pleno del Consell ha aprobado recientemente el decreto que regula la tipología y funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales y su ordenación dentro de la estructura funcional, territorial y competencial del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.
Desde el Gobierno valenciano se indica que consolida un nuevo modelo con una organización y gestión que parte de considerar como derecho subjetivo unas prestaciones de calidad al servicio de la ciudadanía. También apuntan que actualiza, moderniza y unifica la normativa de los servicios sociales y, en líneas generales, el decreto ordena la atención primaria y secundaria con condiciones materiales y funcionales básicas de centros, servicios y programas, especificando las prestaciones que ofrecen y detallando aspectos organizativos, de personal o metodológicos.
El decreto actualiza en un extenso documento de más de 400 páginas, aunque todavía no se ha publicado, los ratios de personal de todos los recursos incluidos en el Sistema, teniendo en cuenta una nueva realidad sociodemográfica en la que la población es mayor, hay más niveles de atención a la dependencia o más gente que vive sola.
En cualquier caso, el texto se ha aprobado no sin polémica. El presidente de la patronal empresarial AERTE, José María Toro, ha recordado a Dependencia.info que siempre han dicho que hacía falta un nuevo modelo: "Pero que fuera un modelo que respetara tres cosas. Uno, que no pidiera requisitos que provocara la pérdida de plazas. Hay que recordar que faltan 22.000 plazas en la Comunidad Valenciana. Hay que proteger todas las que hay. Podemos entender cambios en personal, protocolos, forma de atención... pero si hay que construir unidades de convivencia y se pierden cinco plazas, no nos parece bien. Dos, con esta necesidad de plazas, debemos hacer un decreto muy parecido al acuerdo nacional porque ese puede ser el marco común. Lo que pasa es que si somos más exigentes que el acuerdo nacional, la gente no va a querer invertir aquí y no va a fomentar la creación de nuevas plazas".
"Le va a costar dinero a la gente"
El tercero de los puntos, el más importante para Toro, es que la nueva normativa le va a salir cara al usuario, que tendrá que pagar más por los servicios: "El nuevo modelo no le puede costar a nadie un euro más. La gente piensa que el nuevo modelo no cuesta un euro. La gente está contenta con que le van a subir el personal, las unidades de convivencia, pero nadie está asumiendo que eso le vaya a costar un euro más que la tarifa que tienen".
Aquí hay un problema, según AERTE: "Si coges los ratios de personal en Valencia, un incremento según nuestros datos supone un 70% de incremento de coste de personal. Es decir, la masa salarial y la seguridad social que teníamos se va a incrementar en un 70%. Si esto son, por ejemplo, 530 euros al mes solo en salario, la Administración tendrá que incrementar la ayuda de todas las personas que tienen acceso a un servicios de este tipo en 530 euros para que cueste lo mismo hoy con el nuevo modelo que ayer con el antiguo".
A este respecto, la vicepresidenta y portavoz del Consell, Aitana Mas, aseguraba que esta mejora de la atención se producirá "sin que haya ningún copago ni suponga ni un euro más a las personas que reciben las prestaciones vinculadas a estos servicios", en que la Generalitat "asumirá el incremento de los costes” que se puedan derivar de la mejora de las condiciones del servicio, por lo que “nunca repercutirá sobre las personas usuarias”.
Lo que no aclaraba Mas es que "eso es solo para los que están en plaza pública", apuntaba el presidente de la patronal, que subraya: "Lo que hay que recordar es que en plaza pública o concertada hay la mitad de las personas que están en una residencia en la Comunidad Valenciana hoy". "Qué pasa con el resto", se pregunta.
Por esta razón, recuerda también que el Consell Juridic Consultiu señala que el nuevo decreto de tipologías no evalúa de forma adecuada el impacto económico del sector: "Es lo que estamos pidiendo, que se calcule cuánto va a costarle esto a la gente". Añade que la consellera decía que "ella no puede entrar en la gente que está en una plaza privada y entonces, serán las empresas las que tendrán que explicar -atención al discurso- si suben las empresas las tarifas por qué lo hacen en lugar de reducir los beneficios".
"No sé con qué margen de beneficio se piensa la consellera que contamos para reducir beneficio. ¿Se piensa que tenemos un 70% de margen?", concluye Toro.
¿Cumple con los criterios del Acuerdo Belarra?
En su desarrollo, el decreto, muy aparejado al acuerdo con los criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), más conocido como el Acuerdo Belarra, destaca la apuesta por nuevos modelos de atención convivenciales y un número máximo de plazas más reducido para crear centros residenciales más similares a un hogar, en un sistema centrado en la persona como principio inspirador general.
El texto valenciano, que empezó a trabajarse con anterioridad al aprobado por el Gobierno, pero que más tarde se adaptó para cumplir con los criterios, incorpora también nuevas figuras profesionales junto con la regulación para que los centros se sitúen en entornos urbanos con acceso a todos los recursos sociocomunitarios habituales. Precisamente, en cuestión de ratios de personal, como el Gobierno de la Comunitat Valenciana "iba por encima del Ministerio, no tuvieron que adaptar prácticamente nada", señala José María Toro, que añadía: "Los plazos de adaptación, en vez de llegar a 2029 para incorporar al personal, lo han acortado hasta 2027".
En cuanto a la participación de las personas usuarias, se establecen mecanismos para mejorarla y la obligatoriedad de los centros en disponer de protocolos de emergencias, diversidad, violencia de género, LGTBI, no discriminación o salud sexual y reproductiva. En este nuevo modelo, se tendrán en cuenta criterios de sostenibilidad en la construcción y reforma de los recursos, como instalación de placas fotovoltaicas, diseños bioclimáticos y sistemas de climatización e iluminación más eficientes, además del consumo de alimentación sostenible y de proximidad.
Implantación territorial y ámbito laboral
El decreto también garantiza una cobertura mínima de servicios y recursos en todo el territorio de la Comunitat Valenciana, fomentando un aumento del equilibrio entre las zonas de costa e interior, de forma que con cada tipología de centro se indica la implantación territorial. Con este criterio, se introducen los puntos de atención en entornos rurales y poco poblados, como extensiones de los centros más cercanos.
Por lo que respecta al ámbito laboral, se fomenta el trabajo no deslocalizable y la incorporación de nuevas figuras profesionales, potenciando, además, la incorporación en las plantillas de titulaciones de ciclos formativos.
Junto a los demás decretos desarrollados por la Vicepresidencia y Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas en el marco de la Ley de servicios sociales inclusivos, el objetivo con esta regulación es generar un sistema coherente, organizado y planificado que se guíe por los criterios de calidad , eficiencia y accesibilidad, para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y garantizar la protección de derechos de las personas.
Todos estos elementos son clave para ofrecer seguridad jurídica a las empresas del sector y, lo que es más importante, establecen, por fin, las condiciones necesarias para ofrecer una atención adecuada y de calidad a las personas usuarias de centros, servicios y programas servicios sociales.
Estas nuevas condiciones se han demostrado necesarias para la calidad de la atención de las personas usuarias, siendo inaplazables después de los aprendizajes de las situaciones que se han vivido durante la crisis generada por la COVID-19.
El decreto garantiza “la mejora de los ratios, adaptándolos a los acuerdos con el resto de comunidades autónomas y con el Ministerio, y la calidad de las prestaciones que se ofrecen en estos centros, con una estimación económica para las plazas públicas y concertadas de 137 millones de euros hasta 2027”, por lo que “veremos cómo las condiciones y la calidad de vida de las personas que están en estos centros mejoran sustancialmente”, según Mas.
Además, la vicepresidentaha destacado que con este decreto se está “creando empleo, con una previsión de más de 4.600 nuevos puestos de trabajo, con lo que el Consell contribuye a poner en el centro de la creación de empleo la economía generada por los servicios sociales y la atención a las personas que están en situación de vulnerabilidad o que requieren estos cuidados”.
Esto significa que "doblamos al personal que trabaja en la atención directa en los centros residenciales y ponemos fin a las macroresidencias, apostando por un nuevo modelo basado en las unidades convivenciales más reducidas, que se parecen más a un hogar".
Asimismo, ha señalado que se trata de una medida "feminista", teniendo en cuenta que se trata de un sector altamente feminizado, que pone la autonomía de las personas, los cuidados y la vida en el centro, y mejora las condiciones en las que están muchas personas, tanto usuarias como trabajadoras.
Si (
No(