La patronal de las residencias valencianas denuncia que los requisitos limitan la capacidad de elección del usuario.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) denuncia que "el nuevo modelo residencial y de centros de día de la Generalitat Valenciana no tiene suficiente presupuesto para cubrir todo el coste que generan los nuevos requisitos, lo que significa que muchas personas tendrán que pagar más dinero por las plazas que ocupen".
Añade que "a pesar de todas las reuniones llevadas a cabo para explicar la gravedad de la situación con las diferentes Direcciones Generales y como está afectando a las personas que necesitan contar con un recurso de este tipo, la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas se ha negado a llevar a cabo las modificaciones que eviten las graves consecuencias que provocan estas nuevas normativas".
Por ello, AERTE ha convocado una concentración el próximo jueves 16 de febrero en la puerta de la Consellería en Valencia (Torre 3 del Complejo Administrativo 9 de Octubre, en la calle Rincón de Ademuz, 37) para mostrar su rechazo y pedir que se hagan las modificaciones necesarias para prestar una adecuada atención en salud mental y dependencia.
La patronal recuerda que ha venido trabajando mucho desde la publicación del Decreto 102/2022 del mes de Agosto que cambiaba algunos aspectos muy importantes del sistema de atención a la dependencia de la Comunidad Valenciana y destaca:
En primer lugar, se reduce el importe que recibirán las personas que se incorporen al sistema a partir de ahora para ser atendidos en una vivienda supervisada de atención a salud mental. Hasta ahora se cubría el coste de la plaza en su totalidad, en torno a los 2.300 euros mensuales, y ahora se concederá solamente una tercera parte, 715 como máximo, lo que está impidiendo a una gran mayoría de ellos ser atendidos por falta de recursos económicos. Además, esta situación está impidiendo una correcta transición entre recursos en el proceso de rehabilitación de la persona.
Por otro lado, limita el precio de la plaza privada a través de la prestación vinculada de garantía, que queda por debajo del precio de muchas plazas de centros, lo que impide a muchas personas acceder a esas residencias o viviendas tuteladas y les coarta su capacidad de elegir el centro más cercano a su vivienda.
Al mismo tiempo, no permite que las personas puedan acceder a una habitación individual o a servicios añadidos, si así lo desean, ya que la prestación vinculada de garantía prohíbe que paguen servicios por encima del coste de referencia.
En cuanto a otras prestaciones, no exige que los profesionales se acrediten para la prestación de asistente personal, algo que si exige para las entidades. Esto parece discriminatorio, aparte de que va contra la calidad de los servicios que se ofrece.
También, las grandes dudas generadas por el proyecto de decreto de tipologías en recursos residenciales de mayores y de atención a la salud mental o de centros de día amenazan la viabilidad de la red de servicios que atiende a personas en situación de vulnerabilidad de nuestra comunidad.
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