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Recuperar lo recortado supondría un incremento de 500 millones en la financiación autonómica

Recuperar lo recortado supondría un incremento de 500 millones en la financiación autonómica
jueves 19 de enero de 2017, 00:29h
El nuevo sistema de financiación debería acercar la aportación estatal al 50% que establece la Ley de Dependencia, frente al 18% que financia actualmente.

En la agenda de la Conferencia de Presidentes Autonómicos ha figurado como uno de los temas relevantes la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia. En este sentido, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales recuerda que recientemente, con motivo del 10º aniversario de la Ley, todos los grupos políticos con representación en el Parlamento (salvo PP y PNV) firmaron un acuerdo de mínimos que, en relación con este asunto planteaba lo siguiente:

  • Recuperación inmediata de lo recortado en los decretos de 2012
  • Negociación de un nuevo sistema de financiación que garantice la estabilidad y suficiencia, y en el que la Administración General del Estado asuma el 50% del coste real del Sistema, tal y como la Ley establece.

Respecto a los recortes hay que recordar que la supresión del Nivel Acordado (283,2 M€/año) y la minoración del Nivel Mínimo (217,8 M€ estimados en 2016) han supuesto para los Gobiernos Autonómicos un quebranto para las arcas autonómicas cercano a los 500 millones de euros solo en 2016.

Ese recorte de la financiación estatal es el equivalente a atender a unas 72.000 personas más (recordemos que hay actualmente 350.000 que están desatendidas -Limbo de la Dependencia-), se habrían generado unos 20.000 nuevos empleos netos en el conjunto del territorio y se habrían obtenido unos retornos directos a las arcas públicas de más del 40% de la inversión (200 Millones) con la actual distribución se servicios profesionales y prestaciones económicas.

En los nuevos PGE se deberán consignar: la recuperación del Nivel Acordado (al menos en la cuantía de 2012, es decir 283,2 millones de euros) y una cuantía suficiente en aplicación de la modificación de las cuantías a abonar por el Nivel Mínimo por grado de dependencia:

Respecto al modelo de financiación del Sistema, con datos oficiales, la Administración General del Estado ya aportó en 2015 sólo el 18,1 % del gasto público frente al 81,9% soportado por las CC.AA.

La financiación de esta política debe pactarse considerando la necesaria suficiencia que corrija la alarmante y paulatina retirada de la Administración General del Estado respecto al mínimo garantizado por el Estado para la atención a las personas dependientes sin olvidar que esta Ley se amparó en el art. 149.1.1ª de la Constitución Española y que los desequilibrios territoriales actuales resultan inadmisibles.

El artificio contable de considerar una parte de los fondos adicionales de la actual LOFCA como vinculados a la dependencia, convirtiendo un mero criterio de reparto en un argumento de suficiencia financiera por parte de la AGE que resulta insostenible, demuestra la necesidad de que el nuevo modelo tenga, en todo caso, un carácter finalista (condicionado). Esta es la única forma de asegurar la aplicación real de los fondos destinados a esta política.

La atención a la dependencia en clave de oportunidad

Cumplir la Ley y atender a las 350.000 personas que actualmente tienen reconocido el derecho y están pendientes de recibir prestaciones o servicios que les corresponden, tendría un coste público anual total de 5.100 millones de euros (con una inversión de 8.500 millones de euros, se obtendrían retornos en el mismo ejercicio de 3.400 millones de euros), generando más de 100.000 nuevos empleos netos en el conjunto del territorio. ¿Puede existir un mejor y más económico plan de empleo en la actual situación?

Desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales confiamos en que, de una vez por todas, el Gobierno atienda el clamor de la sociedad, refrendado en el Congreso de los Diputados, y sea leal con las Comunidades Autónomas, asumiendo sus responsabilidades en la financiación de un Sistema de Atención a la Dependencia que afecta a 1,2 millones de personas.

Existen muchas posibilidades de mejorar la calidad del sistema, pero solo partiendo de unos mínimos de suficiencia financiera será posible flexibilizar y personalizar las magras atenciones que actualmente se prestan a las personas en situación de dependencia.

Certificados de gasto en Dependencia que las Comunidades Autónomas remiten al Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, en los que se puede verificar el gasto público autonómico en atención a la dependencia (2015) junto a los ingresos que reciben del Estado para tal fin.

Incremento de la financiación estatal por CCAA que supondría la financiación al 50% por parte de la AGE de los costes del Sistema


Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia

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