Hasta 11 comunidades redujeron en 2021 el gasto para la atención a personas en situación de dependencia

El último informe del Observatorio de la Dependencia que hizo público este martes la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales revela que hasta 11 comunidades autónomas redujeron en 2021 el gasto para la atención a personas en situación de dependencia respecto al ejercicio anterior. Especialmente "sangrante" fueron los casos de Cataluña, con 55,1 millones de euros menos, y Canarias, con43,6 millones menos.

Se trata de dos comunidades en las que, además, murieron 12.611 y 3.202 personas, respectivamente, que estaban en lista de espera para acceder a las prestaciones de la dependencia. Las otras nueve comunidades en las que bajó el gasto en dependencia fueron Castilla y León, La Rioja, Galicia, Aragón, Navarra, Murcia, Extremadura, País Vasco y Castilla-La Mancha.

La inversión pública en atención a la dependencia ascendió en 2021, según el informe, a 9.559 millones de euros, de los que un 79,2 por ciento lo aportaron las autonomías (7.566 millones), con un aumento del 0,57% respecto al año anterior. Mientras, la aportación estatal fue del 20,8%, es decir, 1.992 millones de euros, con un alza del 44% respecto a 2020.

"Otro elemento crucial que no hay que perder de vista es el de la acusada desigualdad territorial", subraya este colectivo, que recuerda que las comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año son País Vasco (2.310 euros, Extremadura (1.774) y Navarra (1.500), mientras a la cola se encuentran Canarias (543) y Galicia (596).

Presupuesto sin gastar

Por otra parte, la Asociación de Directoras y Gerentes también destaca que hasta 75.776.923 millones de euros no se gastaron de las cantidades presupuestadas en el nivel mínimo por el Ministerio de Derechos Sociales. Una cuantía que permitiría haber atendido a 13.000 nuevas personas.

Durante 2021 fallecieron 46.300 personas en las listas de espera de la dependencia: 18.356 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 27.944 personas pendientes de resolución de prestación. Así, el objetivo de reducción de la lista de espera que planteaba el Plan de Choque del Ministerio, con el incremento de la aportación estatal, no se cumplió: en lugar de reducir en 60.000 personas el "limbo de la dependencia", solo se redujo en 38.807 personas. Incluso siete comunidades incrementaron esa lista de espera.

Así, mientras el Ministerio no ejecuta el presupuesto disponible, devuelve 76 M €. a las arcas del Estado, y las comunidades alivian las arcas autonómicas. Once de ellas incluso reducen su presupuesto. Se está abandonando sin atenciones a las 396.787 personas que están a la espera de un procedimiento, mientras el tiempo de espera medio es de 421 días.

8.196 euros fue el gasto anual medio por persona beneficiaria, de los cuales la AGE aportó 1.708 € en concepto de nivel mínimo de protección y las Comunidades Autónomas 6.488 €. La Comunidad que destinó mayor cantidad económica por persona beneficiaria fue el País Vasco con 12.932 € anuales. Esta cantidad duplica el gasto de la Comunidad que menos invirtió, que fue Castilla y León con 6.599 euros anuales.

En 2022...

El nuevo incremento de 600 millones de € en los PGE en 2022 (400 al nivel Mínimo y 200 al Acordado) plantea en el mínimo unas cuantías de 250€ grado III (+6,4%), 125€ para grado II (+33%) y 67€ para grado I (+9%) y unos nuevos criterios para el nivel Acordado. En cuanto al nivel acordado, el proyecto de Acuerdo Marco prevé incluir nuevos criterios (personas atendidas, agilidad administrativa, inversión autonómica, empleo, reducción lista de espera y calidad) que benefician a algunas Comunidades que incrementan considerablemente sus cuantías, como Aragón, Asturias, Cantabria, C. de Madrid... y perjudica a aquellas Comunidades que peor gestionaron en 2021, como Canarias, Cataluña, La Rioja....

Con respecto al nivel mínimo, es posible que el incremento de las cuantías no sea suficiente para ejecutar el presupuesto del 2022 y el Ministerio vuelva a tener que devolver cuantías superiores a las de este año. Para que esto no ocurra, sería necesario incrementar la cuantía del Grado III, al menos a 260€ y priorizar, de esta manera, a las personas más vulnerables de la lista de espera, que son quienes necesitan servicios de mayor intensidad y, por ello, de mayor coste.