Las cifras sobre el funcionamiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) muestran, un año más, que algo se hace muy mal. Lo pone en evidencia el XXIII Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia que publica cada año la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADYGSS) y que en esta ocasión nos vuelve a dar una "bofetada de realidad" cuando denuncia que "se está abandonando sin atenciones a las 353.965 personas que están a la espera de un procedimiento" y que "el tiempo de espera medio es de 344 días".
También cuando apunta que se mantiene el ritmo de fallecimientos en las listas de espera: "Durante 2022 fallecieron 45.360 personas en las listas de espera de la dependencia. 19.661 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 25.699 sin haber podido ejercer sus derechos". Esto significa que 124 personas fallecen cada día mientras esperan que se les evalúe o reciban un servicio que tienen reconocido por Ley.
Esta asociación hace especial hincapié igualmente en que "en el primer año del plan de choque, diez gobiernos de Comunidades autónomas hicieron caja con el incremento presupuestario que realizó la Administración General del Estado: Aragón, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja". Subraya en este sentido que "el Gobierno de España cumple con el aumento presupuestario del Plan de choque para la Dependencia pero la burocracia y la impericia de algunos gobiernos autonómicos no permiten lograr el objetivo de la reducción de la lista de espera, incrementar las prestaciones y servicios y ni siquiera ejecutar el incremento presupuestario".
344 días de lista de espera
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales explica en el dictamen que aprincipios de 2023, el número de personas con derecho reconocido en espera de atención es 177.423, al que hay que añadir 131.810 expedientes de personas a la espera de valoración. Con lo cual, la cifra resultante de sumar pendientes de valorar + pendientes de recibir un servicio (lo que se llama habitualmente "limbo de la Dependencia") alcanza a 309.233 personas.
Pero hay más, porque a estos datos deben sumarse los datos ofrecidos a través del Portal de Transparencia, que revela que hay 22.829 personas con resolución de PIA (Programa Individual de Atención que realizan los trabajadores sociales donde indican la prestación más adecuada según las necesidades físicas, psíquicas, médicas, económicas o sociales de la persona dependiente) y que no reciben prestación o servicio y otros 21.903 solicitantes que las CCAA no han registrado y están pendientes de valorar.
Así, destacan desde la ADYGSS, "se está abandonando sin atenciones a las 353.965 personas que están a la espera de un procedimiento" y "el tiempo de espera medio es de 344 días".
Las Comunidades con mayor "limbo de la dependencia" son: Cataluña (27,1%), La Rioja (18,9%) y País Vasco (17,5%).
Según el mismo informe, las que menos: Castilla y León (0,18%), Castilla La Mancha (3,71%) y Aragón (4%).
La Rioja (-45,8%), Aragón (-43,7%), Cantabria (-36,0%), y Canarias (-28,9%) han cumplido en 2022 el objetivo de reducción de la lista de espera del Plan de Choque. Hay tres comunidades que, a pesar de haber recibido el incremento presupuestario, han aumentado la lista de espera en un porcentaje preocupante este año: Asturias (+34,7%), Islas Baleares (31%) y la Región de Murcia (+29,6%).
La burocracia en los procedimientos y estos datos dificultan el cumplimiento del objetivo de reducción de la lista de espera en 60.000 personas comprometidas en el Plan de Choque. El 44,6% de las personas desatendidas (80.862) son dependientes con Grados III o II, es decir, tienen necesidades de apoyo extenso y continuado
Las prestaciones y servicios, cada año, más Low Cost e insuficientes
Las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 234,96 euros (percibidas actualmente por 517.000 personas). Por grados, estas cuantías son, de promedio, 139,6 €/mes para los Grado I; 240,5 €/mes para los Grado II y 334,9 €/mes para los Grado III. Todo ello, de nuevo, con importantes diferencias entre territorios.
Las prestaciones económicas vinculadas a la adquisición de un servicio varían mucho en función del mismo, pero presentan importes insuficientes. Baste decir que la prestación vinculada para abonar una plaza de atención residencial oscila en torno a los 445,5 €/mes (Grado II) y 550,8€/mes (Grado III). La diferencia entre esta cantidad y el precio realmente abonado por la persona en una residencia (que fácilmente triplicará ese importe) constituye un "segundo copago" o copago invisible.
La Ayuda a Domicilio presenta unas intensidades horarias medias de 33,45 h/mes, por grados 15,2h/mes para los Grado I; de 37,3 h/mes para los Grado II y de 57,1h/mes para los Grado III, apenas dos horas y media diarias de lunes a viernes para estos últimos, lo que es claramente insuficiente si comprendemos que son personas que necesitan apoyos de forma permanente
Datos de interés: el 3,15% de la población necesita apoyos
El SISAAD (Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) señala que el 3,15% de la población española necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria
. ADYGSS subraya que "desde hace una década no se obtenían datos tan positivos" y que "hay 91.295 personas atendidas más que a principio de año".
Aun así, informan, "las personas en espera de ser valoradas, no sólo no ha disminuido, sino que este año ha aumentado" y "a este ritmo de reducción se tardarían 35 años en lograr que no haya ninguna persona esperando algún trámite".
Además de poner negro sobre blanco que la reducción de la lista de espera ha sido muy desigual por Comunidades Autónomas, destaca también que el SAAD muestra una sorprendente capacidad para la generación de empleo y para la obtención de retornos económicos: "En 2022, hay una ratio de 41 empleos directos por millón de euros de gasto público, y la tasa de retorno ya asciende al 41,4%. Incide en que "actualmente, el sistema de la dependencia emplea a 316.215 personas".
Según la estimación del Observatorio para la Dependencia, por primera vez el coste global del sistema superó los 10.000 millones de euros, llegando a 10.495 millones de euros.
El coste directo de las prestaciones y servicios entregados durante 2022 asciende a 9.717 millones de euros. De éstos, 7.723M€ fueron asumidos por las Administraciones Públicas y el resto (1.995M€) lo aportan las personas usuarias en forma de copago regulado (20.5%). Si tenemos en cuenta los gastos de copago y los sistemas de valoración y gestión, el conjunto se acercaría a los 10.494 millones/año. (0,8% del PIB).
Del gasto público directo en dependencia en 2022, la Administración General del Estado ha aumentado en 1.842 millones de euros la Financiación, llegando al 33,9% del gasto público mientras que las CCAA han reducido su aportación y disminuyen su porcentaje de financiación hasta el 66,1%.
El recorte acumulado de la AGE en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, al que puso fin el Plan de Choque, ha sido de 6.321 millones de euros.
Escala de valoración
Se mantienen las enormes desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión. Nueve comunidades aprueban la escala este año, y la media estatal logra el aprobado con 5. Diez comunidades aumentan su puntuación con respecto al año anterior. La Comunidad Valenciana continúa su progresión ocupando el quinto lugar. Murcia (2,4) y Canarias (2,9) mantienen la última posición. Castilla y León (8,5), Castilla La Mancha (7,9) Andalucía (7,6) continúan como las tres mejores. Destacan positivamente la evolución en este año de Navarra y Canarias.
Pueden ver todos los gráficos aquí:
Pueden consultar el XXIII Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia que publica cada año la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales aquí:
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