La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales destaca este miércoles que "la aportación para dependencia de las CCAA se redujo en 98 millones de euros el pasado año". Añade que hasta "9 gobiernos autonómicos hicieron caja en 2022 con el incremento de los PGE para dependencia, aliviando las arcas autonómicas en lugar de incrementar la atención a personas dependientes".
Del mismo modo, subraya que 45.360 personas fallecieron el pasado año en las listas de espera de la dependencia, lo que significa, insisten en que "cada 12 minutos muere una persona esperando las prestaciones o servicios del Sistema de la Dependencia".
Un nuevo informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales revela que la inversión pública en Atención a la Dependencia en el año 2022 fue de 10.234 millones de euros y que, como viene siendo habitual, "sigue existiendo una acusada desigualdad territorial en cuanto a financiación". De esta forma, 9 Comunidades han disminuido en 2022 respecto a 2021 el gasto en la atención a personas en situación de dependencia es -en millones de euros-: Cataluña (-57,3) Cantabria (-8,7), Asturias (-10,8), C. Valenciana (-40,6), Andalucía (-51,6), Extremadura (-11), Madrid (-15), Castilla y León (-7,4) y Murcia (-1).
Especialmente "sangrantes" son -apuntan- los recortes que se han producido en Murcia y Cataluña, Comunidades que el año pasado ocuparon los últimos puestos de la Escala de Valoración del Observatorio de la Dependencia. Por el contrario, destacan positivamente las comunidades que más incremento realizaron: Baleares (+17%), y Navarra (8,8%).
Acusada desigualdad territorial en cuanto a financiación
De los 10.234 millones de inversión pública en Dependencia, las Comunidades Autónomas financiaron el 74% con 7.573 millones de euros (un 1,27% menos de gasto que en 2021). La aportación estatal se sitúa en el 26%, con 2.661 millones de euros (si incluimos el cupo vasco y la aportación Navarra), habiendo incrementado un 33,6% respecto al año anterior, que fue de 1.992 millones (se incluye la aportación a Navarra, el cupo vasco, el nivel mínimo y el nivel acordado).
Así que si se contabilizasen la aportación de Navarra y el cupo vasco la aportación para dependencia de las CC.AA. todavía se reduciría más, llegando a 134 millones de euros menos que el pasado año. Pero otro elemento crucial que no hay que perder de vista a juicio de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales es el de la acusada desigualdad territorial: las comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año son: País Vasco (2.329 euros), Extremadura (1.706 euros) y Navarra (1.701 euros), mientras a la cola continúan Canarias (801 euros) y Galicia (615 euros).
8.135 euros fue el gasto anual medio por persona beneficiaria, de los cuales la Administración General del Estado aportó 2.115 euros en concepto de nivel mínimo de protección y las Comunidades Autónomas 6.020 euros. La Comunidad que destinó mayor cantidad económica por persona beneficiaria fue el País Vasco con 13.390 euros anuales. Esta cantidad duplica el gasto de la Comunidad que menos invirtió, que fue Andalucía con 6.547 euros anuales.
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