Parece evidente, no hay que ser un lince para darse cuenta de que cuanta más información tengamos, mejor podremos analizar lo que sea que queramos analizar. A nadie sorprende que si un entrenador está preparando un partido, por ejemplo, de fútbol, cuanto más sepa del rival, de sus jugadores y de sus tácticas, más probabilidades tendrá de ganar. A no ser que sea el Atlético de Madrid...
Bromas aparte (soy colchonero, por si hay algún susceptible), en el sector de la atención a las personas mayores y dependientes pasa lo mismo que en el resto de sectores. Cuanto más conocimiento se tenga, cuanta más información haya sobre la mesa o el escritorio del ordenador, mejor fotografía podremos hacer de la realidad que nos rodea y acucia. Eso permitirá después con más facilidad identificar los problemas y buscar las soluciones más convenientes.
El problema que nos encontramos es que no siempre es fácil dar con el dato, encontrarlo o que te lo proporcionen. Lo paradójico es que no podemos calificar la transparencia de las administraciones al respecto porque no hay datos.
Recuerdo cuando en junio de 2020, en plena pandemia del coronavirus, con todos los medios de comunicación atacando a las residencias porque eran los lugares en los que más personas estaban muriendo, el presidente de la Asociación Dignitas Vitae, José Pascual, se preguntaba en un artículo titulado ‘¿Se ocultan los datos? Necesitamos los datos ya’, por qué en unos centros hubo contagios masivos y en otros solo brotes puntuales o si se hizo algo diferente en unos y otros centros o si los contagios tal vez tuvieron que ver con la inversión en EPIS, personal, formación o rapidez en la implementación de las medidas. Apuntaba que “ni el sistema de salud estaba preparado y mucho menos el social” y que no debíamos “sacar conclusiones precipitadas en relación a cuestiones tales como la titularidad pública/privada, ratios de personal o modelos de gestión”.
Denunciaba entonces este experto que se juzgaba “sin poseer datos y con gran desconocimiento del sector”. Desgraciadamente, esto segundo sigue pasando. El problema principal es que no había datos y no me refiero solo a estadísticas o series sobre la Covid 19. Ahora sí los hay, pero incompletos y en unos sitios sí y en otros no y los que dan en una comunidad los ignoran en la de al lado.
Un año después, el argumento sobre el coste de las residencias, de las plazas y de las aportaciones económicas de las administraciones como consecuencia de un cambio de modelo porque, como todo el mundo sabe (cáptese la ironía) la culpa fue de las residencias, para el director de Inforesidencias.com, Josep de Martí, siempre ha sido el mismo: “menos propuestas y más Excel”.
Literalmente, en ‘Salvemos lo salvable: Lo suficiente, lo óptimo y lo excelente’, este jurista y gerontólogo, profesor universitario decía: “Mi idea es que, a partir de ahora mismo, y cada vez que alguien haga una propuesta: ya sean asociaciones de residencias, profesionales, familiares de residentes o quien sea; la acompañe de un análisis de costes y otro de tipo demográfico”.
Obviamente, tenemos un problema de datos porque han pasado casi dos años y esta misma semana, entrevistando a Ramón Ramells, miembro de la junta directiva de ACRA y presidente de Unión de Entidades, que ha presentado un estudio titulado 'Evolución del sector de la dependencia. Una perspectiva socioeconómica', se quejaba de... de eso mismo, de la falta de datos.
De hecho, el informe tiene un apartado que titula ‘El estudio ha tenido tres principales limitaciones’ en el que lamenta, por ejemplo, que para la elección de fuente para las plazas residenciales: “Se han utilizado los datos de Envejecimiento Enred ya que el IMSERSO solo proporciona datos de plazas por titularidad y no realiza el detalle de plazas por financiación. Este hecho limita la realización de los análisis de plazas concertadas”.
Añade que, por este motivo, se ha decidido utilizar los datos de envejecimiento Enred, donde sí aparecen las plazas por financiación. “No obstante, envejecimiento Enred tiene una limitación: no ofrece datos para los años 2014, 2016 y 2018”. Además, añade, “existen 5,4 mil plazas de descuadre entre las fuentes de envejecimiento Enred y IMSERSO”.
Apunta Ramells finalmente que en la actualidad “existen datos muy pobres y casi inexistentes sobre la financiación a la dependencia. Además estos pocos datos no ofrecen detallen entre las CCAA, hecho que perjudica el calculo económico y financiero del sector de la dependencia”.
Difícil trabajar así, ¿no les parece?
Cuando uno se pregunta por qué pasa esto, por qué esta falta de interés o si hay alguna intencionalidad detrás de esta no-transparencia, la imaginación puede volar más de lo que se está dispuesto a aceptar, pero algunas de las razones por las cuales no disponemos de todos los datos oficiales sobre residencias de personas mayores en todo el territorio puede ser la falta de regulación y supervisión (¡ay, las inspecciones!) por parte de las administraciones públicas.
Por otra parte, muchas residencias privadas no están obligadas a proporcionar información sobre su funcionamiento o las condiciones del servicio y la atención a los usuarios de sus centros. Al final, aunque desde Inforesidencias.com se viene apostando de forma decidida por la transparencia de las residencias y se anima a los propietarios y directores a que aporten hasta las actas de inspección (ocultando los datos personales), la no obligatoriedad lleva a una falta de interés que dificulta el acceso a información precisa y actualizada sobre el estado del llamado sector de la dependencia.
En cualquier caso, poco a poco o “partido a partido”, que diría el Cholo Simeone, por volver al comienzo, porque si se van a haciendo informes en los que cada vez podamos ir haciendo más acopio de series, estadísticas, criterios unificados y datos en general, cada vez se verá más clara también esa fotografía del sector.
Pero es solo mi opinión y quizá la de algún otro...
Si (
No(