Cómo afectaría el nuevo modelo residencial al entorno rural: cierre de plazas y servicios, pérdida de empleo y despoblación

“Castilla y León no puede permitirse que cierren numerosos centros y servicios para personas mayores en el medio rural. Eso es lo que ocurrirá si el acuerdo de acreditación de centros del Ministerio de Derechos Sociales nace sin financiación”.

Así lo apunta la Federación Castellano y Leonesa de Atención a la Dependencia (Acalerte), que ha mostrado su preocupación por el futuro de las residencias que se ubican en el entorno rural, lejos de las grandes urbes, si se aprueba el nuevo modelo residencial que propone el proyecto del Gobierno, especialmente si no va acompañado de una memoria económica que garantiza la viabilidad de los centros residenciales.

Su presidente, que también es secretario de CEAPs, Diego Juez, ha sido claro: “Castilla y León siempre ha presumido de ser el territorio que más empleo genera en el sector de la atención a las personas por millón de euros invertidos, con 66,2 puestos de trabajo por cada millón invertido, frente a los 40,4 empleos en España. Está en riesgo que sigamos estando a la cabeza y que se ponga en juego miles y miles de empleos vinculados al sector privado del ámbito residencial”.

Pero ha incidido especialmente en que “también afectará al mundo rural, y eso es algo que Castilla y León no puede permitirse, ya que contribuirá a aumentar la despoblación y también a una notable pérdida de empleo”. “Este no es un problema de residencias cercanas o lejanas al núcleo urbano, sino de todo el mundo rural, y sobre todo de la libertad de elección de las personas mayores", ha señalado a Dependencia.info.

Por ello, Juez explicaba igualmente que “el Ministerio de Derechos Sociales no puede obligar a que se aplique un nuevo modelo sin tener asegurado que habrá financiación para ello”. Ha reclamado, por ello, que “de forma previa a aprobarse el acuerdo de Acreditación se apruebe la financiación”.

Acalerte, así, ha rechazado el nuevo modelo de centros que propone el Ejecutivo a través del IMSERSO porque “pone en riesgo 25.000 empleos”, supone el “cierre de cientos de plazas y servicios de atención a las personas mayores” y “amenaza la viabilidad del sector residencial en Castilla y León”.

Diego Juez espera que el aplazamiento del acuerdo de acreditación de centros del departamento que dirige Ione Belarra suponga “una oportunidad para que 55.000 personas mayores vulnerables no se queden sin atención en Castilla y León y 25.000 profesionales no pierdan su empleo”.

Hay que recordar que el nuevo documento impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 recoge que los centros que se construyan tras la aprobación de este acuerdo “no podrán superar las 75 plazas residenciales cuando se encuentren ubicados en zonas rurales o zonas escasamente pobladas”; mientras que las “localidades o zonas de densidad intermedia” tendrían el límite en 90 plazas; las “ciudades o zonas densamente pobladas”, en 120.

El responsable de Acalerte insiste en que “para aplicar el nuevo modelo de centros que propone el Ministerio de Derechos Sociales, la Junta de Castilla y León y el Gobierno deberían complementar las pensiones en esta comunidad con 878 euros en 2022 y garantizar la subida año a año hasta alcanzar los 2.700 euros en 2029. Hoy están en 1.078 euros”.

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Dicho igual: las administraciones públicas, tanto nacional como las regionales, deben complementar la pensión de las personas usuarias “hasta llegar como mínimo a los 2.000 euros para garantizar la sostenibilidad del cambio de modelo”.

También en Castilla-La Mancha

También preocupados por el entorno rural, la Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha (Artecam), ha aplaudido también el aplazamiento del ‘Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD). El presidente de esta patronal, Francisco José Núñez, contundente: “Si este modelo sigue así hay en peligro un montón de plazas de ancianos y un montón de puestos de trabajo. Hay que tener en cuenta que el 90% de nuestros empleados son mujeres, por lo tanto, esto incidiría en que esos pueblos se quedarían más abandonados”.

Núñez recuerda que la Ley de Dependencia “fue buena ley, pero siempre adoleció del tema económico” y ha hecho especial hincapié en que el Ministerio de Derechos Sociales adeuda “unos 600 millones a la Comunidad de Castilla-La Mancha en materia de Dependencia”.

El presidente de la patronal de residencias castellanomanchegas reitera que “aplicar los criterios que marca el nuevo modelo de centros del Gobierno requiere de una inyección de financiaciación. Si no, será totalmente inviable ponerlo en práctica en Castilla-La Mancha. Si el sistema ya estaba tocado, la nueva normativa del Gobierno lo hundirá”.

Desde Artecam concluyen: “Implantar el modelo de atención residencial del Ministerio de Derechos Sociales supondría subir el 50% el coste a los usuarios, perder la mitad de plazas concertadas en Castilla-La Mancha y muchos empleos, especialmente femeninos. ¿De verdad que es eso lo que pretende el Gobierno de España?

La patronal entiende que no es de recibo que el Gobierno central imponga “la política del invito, pero tú pagas”.